Pablo Portales

CADA UNO EN LO SUYO

2011-10-25T12:04:00.000-07:00

El Presidente de Estados Unidos ordenó matar a Osama bin Laden. Su secretaria de Estado, Hillary Clinton planteó “matar o capturar” a Muamar Gadafi, y recientemente el Presidente Obama decidió retirar las tropas de Irak luego que no consiguiera inmunidad penal para sus soldados ante eventuales crímenes que cometieren en territorio iraquí.

¿Por qué esta propensión de los gobernantes estadounidenses a actuar al margen del derecho y de valores estrechamente vinculados y reconocidos en Occidente?

La brutalidad del gobierno de George W Bush parece ser una herencia que pesa. El republicano, asumido, retiró la adhesión de Estados Unidos a la Corte Penal Internacional y tras el 11-S impuso una política de recortes de las libertades individuales y desarrolló una “guerra contra el terrorismo” al margen de la ley (secuestros, campos de detención, cárceles secretas, detenciones sin juicios, torturas, asesinatos, desapariciones).

Obama no dio lugar a investigar los crímenes cometidos por el régimen de Bush. Tampoco cumplió su promesa de cerrar el campo de Guantánamo en un año y continúa con el estado de restricción de las libertades de los ciudadanos estadounidenses.

A pesar de los cambios, Estados Unidos no se desprende del todo de la prepotencia en su actuar internacional, situándose por sobre los demás. ¿Por qué Obama no ha restablecido la adhesión que el gobierno de Clinton dio al Tribunal Penal Internacional y se pone en una situación de igualdad jurídica respecto de la mayoría de los países de Occidente?

Esta actitud de Estados Unidos, de dominio y poderío, ha conseguido, a su debida escala, un discípulo aventajado en las autoridades de la Comisión Nacional de Transición libio. Éste se niega a una investigación internacional sobre los hechos que derivaron en el linchamiento de Gadafi (una de las opciones sugeridas por Hillary Clinton) y procede a enterrar en secreto los restos del dictador (como el practicado por Estados Unidos con Bin Laden).

Por su parte, ningún gobierno europeo ha condenado abiertamente el asesinato del dictador, considerando que había una orden de detención en su contra de la fiscalía de la Corte Penal Internacional, a la que los Estados europeos están suscrito y los que hasta no hace un año brindaron a Gadafi reconocimiento, atenciones y apoyo.

Una actitud que se extendió por todo el mundo cuando a partir del 2000 las potencias occidentales lo rehabilitaron tras garantizar el abandono del patrocinio del terrorismo en terceros países y la destrucción de armas de destrucción masiva.

Estados Unidos sigue con las suyas y Libia comienza con las propias.

POR LAS CALLES NUEVAMENTE

2011-09-01T03:07:00.000-07:00

La Concertación está ante la disyuntiva de optar por un cambio de la Ley Orgánica de la Enseñanza establecida por la dictadura de Pinochet o por establecer algunas correcciones de acuerdo con la derecha.

La alternativa del cambio significa distanciarse de la estrategia, seguida los últimos 20 años, de consensos con la derecha: "la democracia de los acuerdos", y acercarse a una estrategia de sumar fuerzas en la sociedad para transformar el régimen político constitucional.

Se trataría de postular el paso de una democracia protegida o restringida (por un régimen electoral que vulnera los principios de representatividad y de voluntad popular de los ciudadanos) hacia una democracia representativa (régimen electoral proporcional y no excluyente) y participativa (primarias electorales, plebiscitos en casos calificados).

La mayoría de la derecha parece dispuesta a conservar los fundamentos constitucionales (Carta Fundamental y leyes orgánicas, incluida la ley electoral binominal) que garantizan un modelo de crecimiento basado en el libre mercado y la subsidiaridad del estado, impugnado por el movimiento social en el área de la enseñanza.

La Concertación debe decidir si abrir o no un periodo constituyente y realizar reformas profundas en las leyes orgánicas. Para ello tendría que conseguir una mayoría social y política movilizada, semejante a la de 1988, y conseguir una amplia y sólida representación.

Sin embargo, la Concertación parece lejos de ello. Según encuestas recientes, la coalición cuenta con una precaria aprobación ciudadana (17%) y un creciente rechazo (46%). Entre sus dirigentes se advierte perplejidad ante el movimiento social sólido e impotencia ante una derecha intransigente y también desorientada.

Y si no existe cohesión ni sobre una evaluación sobre el pasado reciente, ni un diagnóstico sobre el presente ni un programa común de futuro, qué los reune. Lo peor sería que fuera el régimen electoral binominal el que los mantuviera juntos para no perder muchos escaños. Lo ilusionante sería re-unirse para reconducir la política y la economía hacia un horizonte de un país culturalmente democrático, más de todos, no segregados como acontece en la educación.

Ello exige reconocer que tras el Chile "exitoso" de la “estabilidad (de la política) y el crecimiento (de los mercados)”, viven los chilenos que sienten que ni se les escucha ni representa en la política y que son manipulados y estafados en los mercados.

Pero, sobre todo, la Concertación podría asumir la novedad y acercarse a una sociedad cada vez más libre de temores y por ende más lúcida para pensar, discernir y actuar colectivamente, por sí mismos. Ya lo hizo en 1988 con el movimiento social que se abrió camino en 1983.

LOS ESTUDIANTES DAN LA NOTA

2011-08-19T05:59:00.000-07:00

Los dirigentes del movimiento estudiantil pronuncian la palabra plebiscito tras cumplirse el tercer mes de movilizaciones sociales por el cambio del sistema educacional. Una institución democrática tan antigua como la república romana y tan contemporánea como la que reconoce la Constitución Suiza o las que emplean estados democráticos como Italia, Inglaterra o Uruguay e Islandia para que los ciudadanos resuelvan sobre temas relevantes para la sociedad.

La Constitución chilena considera el plebiscito en forma muy restrictiva. La alternativa de los estudiantes surge ante la incapacidad del gobierno y la mayoría del parlamento a considerar un cambio del paradigma educacional: sistema de educación privada con fines de lucro y de educación pública municipalizada establecido durante la dictadura de Pinochet.

A más de 30 años hay un amplio consenso de que la educación en Chile tiene un deficiente standard de calidad y ha sido una instancia reproductora de las crecientes desigualdades sociales. A pesar de ello, los gobiernos de la Concertación optaron por mantener lo fundamental del sistema.

El actual gobierno de derecha se resiste cambiar la idea dominante de una educación como bien de consumo en que el Estado salvaguarde la libertad de las familias a escoger la clase de educación en un contexto de libremercado educacional, en vez de la idea de una educación como bien público en que el Estado garantice a todos a acceder y recibir una educación de calidad en un contexto de derecho social de la educación.

El conflicto entre el movimiento social de los estudiantes y el gobierno de derecha es en torno al carácter neoliberal (libremercadista) de los principios establecidos en la Constitución y en su respectiva ley orgánica constitucional, promulgada por el dictador el 10 de marzo de 1990, un día antes de abandonar el gobierno.

La demanda de cambio del sistema parece imposible. Éste exige una reforma a la Constitución y a la ley Orgánica de Enseñanza, lo que implica disponer de mayorías especiales que ni los partidos de gobierno ni de oposición tienen como consecuencia del sistema electoral binominal establecido en dictadura. Un cambio sólo sería posible mediante un acuerdo entre gobierno y oposición y no como expresión de una mayoría parlamentaria surgida de la voluntad soberana de los ciudadanos.

El enfrentamiento entre el gobierno y los estudiantes pone nuevamente en evidencia la realidad de una democracia restringida (propia de la época en que la ideología de la "gobernabilidad" se impuso en el marco de la lucha contra el comunismo internacional) que cuestiona la representatividad de la democracia realmente existente.

El plebiscito es un llamado de atención a una clase política desprestigiada por su falta de sensibilidad a los cambios que ocurren en la sociedad y confundida por la envergadura de los movimientos sociales, que expresan sentimientos y raciocinios cada vez más extendidos en la ciudadanía y que los partidos políticos, encapsulados en sus dinámicas de poder, o no se animan o se resisten representar.

Si el plebiscito no es el mecanismo de resolución democrática aceptado para dirimir la contienda sobre la demanda por el derecho a una educación de calidad garantizada por el Estado, los partidos de la Concertación debieran luchar por abrir un periodo constituyente con el fin de elaborar una nueva Constitución que establezca una democracia abierta a las demandas de la sociedad y no restringida a la defensa de principios e intereses de sectores sociales que dominaron amparados en la dictadura de Pinochet.

Los partidos de la Concertación debieran apostar por el futuro y representar a cada vez más ciudadanos, quitando de encima las ataduras que aún quedan. Como lo reconoció, en diciembre de 2008, uno de sus fundadores, el Ministro de Relaciones Exteriores del primer gobierno de la Concertación, Enrique Silva Cimma, refiriéndose a las reformas constitucionales de 1989 y 2005: “no quedamos satisfechos, porque se mantienen en esta Constitución una serie de cosas que nos amarran”, por lo que “debe ser entonces cambiada íntegramente”.

LA RADICALIDAD DE ALTAMIRANO

2011-03-09T13:53:00.002-08:00

Carlos Altamirano ha brincado y descendido a las profundidades de su propia historia. Lo ha hecho con sorprendente vigor mental, a los 88 años, semejante al mostrado por su cuerpo cuando lo elevó como campeón sudamericano de salto alto en la mítica jornada del atletismo chileno en 1946, la llamada “noche de Mario Recordón”.

Este nuevo salto, hacia sí mismo y sus circunstancias, no lo ha hecho en solitario, sino bajo el estímulo de conversaciones con su editor, el Premio Nacional de Historia, Gabriel Salazar, en más de 80 sesiones en el lapso de más de dos años.

Altamirano, uno de los políticos chilenos más controvertidos de la segunda mitad del siglo XX, en el epílogo de su “gran relato” se identifica con la afirmación del Premio Nobel de Literatura, José Saramago: “mientras más viejo más sabio, mientras más sabio más radical”.

Él mismo se reconoce como parte de una historia marcada por la radicalización: la lucha de los derechos civiles en Estados Unidos; la de los jóvenes en el mundo, fijada en el mayo del 68 en Francia; la revolución cultural en China; la lucha armada en América Latina a partir de la revolución cubana; la opción por los pobres de la Iglesia Latinoamericana a partir del Concilio Vaticano II; y la lucha contra la guerra en VietNam en el mundo.

El gobierno de Salvador Allende fue hito de esa radicalización. Una experiencia ingénua para el autor, sea leída en lógica legalista o de defensa armada. Un gobierno que encaminó su política hacia un callejón sin salida, exponiéndose a ser avasallada por la acción desestabilizadora de los intereses geopolíticos de Estados Unidos y de los grupos del gran capital representados por la derecha chilena.

Pero la radicalidad de Carlos Altamirano no acabó con el fin de la democracia en Chile. Más, se volvió aguda en su exilio en la RDA - país símbolo del socialismo real- al caer en la cuenta de que la ortodoxia marxista-leninista derivaba en mera dictadura sobre toda la sociedad. Abandonó la tesis de la violencia revolucionaria como “partera de la historia” y postuló la renovación del socialismo en la idea de superar, mediante una “alianza sociocultural”, el capitalismo como sociedad, “en el plano efectivo de la condición humana”.

Un nuevo socialismo, sacudido de los dogmatismos, constructor de un movimiento social de izquierda que, unido por un pensamiento actualizado y crítico y por objetivos de largo plazo, se haga cargo de los desafíos presentes abiertos por una nueva época aún sin nombre.

La idea de renovación lanzada a fines de los 70 y madurada en los 80 no cuajó en el socialismo chileno, el que una vez que se deshizo del marxismo leninismo, adoptó un pensamiento posibilista que derivó en la connivencia, sino en la aceptación de gruesos trazos de las ideas neoliberales en boga.

Las memorias críticas, a sus casi 90 años, no abandonan un sello de juventud: su radicalidad, representada en sus saltos, en este caso al futuro, que arranca de la evaluación crítica de una derrota, de las dudas propias de tiempos de incertidumbre y de la búsqueda de una sociedad socialista sustentable.

EL ESCRITOR Y EL OLVIDO

2011-02-23T10:40:00.000-08:00

La culpa alojada en la intimidad del escritor se esparce por la silenciosa sala de Casa América de Catalunya. Héctor Abad, periodista y escritor antioqueño, contenido, confiesa el sentimiento de culpa que l llevó a escribir El olvido que seremos (2005), la novela, traducida a varios idiomas, que habla de su padre, Héctor Abad Gómez, médico comprometido con los derechos humanos, asesinado por paamilitares el 25 de agosto de 1987.

Me gusta su olor, y tanmbién el ecuerdo de su olor... Me gustaba su voz, me gustaban sus manos, la pulcritud de su opa y la meticulosa limpieza de su cuerpo", escribe su hijo convencido que con más amor habría intentado sacar a su padre de en medio de lo que afirma era una "campaña delirante", las vividas durante los intentos de pacificar Colombia durante el gobierno de Rómulo Betancourt.

¿Cuál habría sido la respuesta de su padre ante el requerimiento exigente de su hijo?

Abad quiere hablar de literatura, de sus otros libros, como de Oriente empieza en El Cairo (2002), una crónica novelada tras vivir dos meses en la capital egipcia, y que casi toda la edición (unos 1.900 ejemplares) yace en el sótano de su casa luego que la editorial Mondadori se la devolviera, resignada, ante el fracaso de venta.

Contar historias es el oficio del novelista. Influenciado por la novela italiana clásica, como El Decamerón, el escritor asume la idea de entonces de contar historias para apartarse de la idea de la muerte, del horror. Es lo que hace en Fragmentos de amor furtivo (1998) donde una pareja entregada al disfrute erótico escapa de la violencia que corre por las calles de su ciudad, Medellín.

Escéptico de su país, por un momento creyó en “la ola verde”, encabezada por los matemáticos Antanas Mockus y Sergio Fajardo, derrotados por Juan Manuel Santos en las elecciones de 2010. En su Medellín mejorado, reconoce, vive recogido, aunque periodista prolífico, distante del mundanal ruido.

Rechaza cualquier insinuación de jugar un rol público y el espectro de la figura de su padre reaparece, cuando con fuerza emocional dice: “nada con procesos de paz, no, jamás dar la mano a asesinos sean paramilitares o guerrilleros”.

Un público casi enteramente colombiano pregunta. Abad ha vuelto a España, país que siente como su segunda casa, después de 10 años de “castigo”, pues se autoimpuso no pisar tierra de sus antepasados por la despreciable obligación impuesta por el Estado español a los colombianos a “medigar permisos de visas”.

Vuelve a Medellín, a su cobijo, con su culpa y con el reconocimiento de innumerables lectores por haber intentado recuperar a su padre en la novela que lleva el nombre el primer verso de Epitafio, un poema de Borges, encontrado por su hijo en el bolsillo del pantalón de su padre luego que los sicarios vaciaran sus cargadores en su cuerpo: "Ya somos el olvido que seremos..."

EL MITO, NADA EXTRAÑO

2011-01-13T09:02:00.000-08:00

¡¡¡Mitos… mitos… mitos!!! , contradice, muy molesto, a su interlocutor luego de escuchar unos juicios (u opiniones) que considera falsos, sólo explicables por la ignorancia de quien lo dice, o bien de unas creencias, tantas veces repetidas, que parecen verdades no cualesquieras, sino de esas incontrovertibles, inmutables.

Mito, palabra asociada a pasado remoto, a forma de pensamiento arcaico, propio de civilizaciones primitivas, ya superadas por el progreso técnico, el saber científico y la praxis política del hombre racional y emancipado.

Sin embargo, el mito es una forma de pensamiento porfiado, resistente a extinguirse y que, como desde su origen, se construye con palabras que a través del habla, la oralidad, va configurando un discurso, un relato que se integra a un sistema de pensamiento o cultura que lo valida como historia verdadera, “sagrada”.

Los mitos de la democracia chilena se titula la obra del sociologo chileno Felipe Portales, empeñado en des-cubrir rasgos que, desde tiempos bicentenarios, van tramando el curso de una historia omitida o troceada de modo de protegerla de malentendidos, sospechas o de interpretaciones que pudieran cuestionar relatos ya validados por el “cánones establecidos” desde tiempos lejanos.

Hasta el 11 de septiembre de 1973, Chile se percibía a sí mismo como una excepcionalidad en América Latina por su “ininterrumpida institucionalidad democrática”. Tras el golpe militar y durante la dictadura de Pinochet, se observó que lo vivido entonces era “algo extraño, ajeno a la historia de Chile”.

Esta autoconciencia de singularidad, de notabilidad fantástica, continuó con el “adiós América Latina” al imponerse una estrategia de crecimiento económico neoliberal, a lo que se unió, más tarde, la idea de una “modélica transición democrática”.

El volumen II de Los mitos de la democracia chilena aborda trece años (1925-1938) desde la llamada “dictadura cívico militar” que tuteló la presidencia del civil Aturo Alessandri e impuso la Constitución del 25, pasando por la dictadura del Coronel Carlos Ibáñez, un periodo de interregno de conspiraciones de militares de derecha e izquierda, hasta la segunda presidencia de Alessandri cuando gobernó con facultades extraordinarias y estado de sitio, como una “dictadura”legal”.

En este periodo, de auge de los totalitarismos en Europa, se refuerza un Estado autoritario que despliega su violencia en masacres obreras, campesinas y estudiantiles; en la represión de dirigentes sindicales y estudiantiles; en la práctica de la tortura, el asesinato y el desaparecimiento de personas en manos de la policía; en el exilio y relegaciones de dirigentes políticos; en el empastelamiento de diarios y revistas.

El autor, des-cubierta esta hebra de la historia la extiende con la ayuda y el respaldo de más de 3 mil documentos, que van denunciando que lo vivido durante la dictadura de Pinochet no era algo excepcional, pues muchos de sus ingredientes, a su manera, ya se habían probado.

Pero, la historia no termina allí, en el epílogo se constata la validación, hasta ahora, de la presencia inmutable y monumental de Alessandri, en uno de los frentes del palacio presidencial, al que el autor llama “el mayor exponente del autoritarismo civil del sigloXX”, y en el otro frente del palacio, se yergue la figura de Diego Portales, “la figura más representativa del autoritarismo civil del siglo XIX”.

Una demostración tangible de que el mito, el de la democracia chilena, sigue en pié, pero probablemente sin la misma consistencia si, como se muestra en este libro, “la actitud ilustrada de la sospecha”, como señala el filósofo Josep Ramoneda (Contra la Indiferencia), logra penetrar entre los que están dispuesto a “pensar por sí mismo, que quiere decir que todo es suceptible de crítica: que no hay nada sagrado”.

LA ÉTICA Y LOS MOSSOS: ¿SE OPONEN?

2011-01-04T07:57:00.000-08:00

¿Por qué el conseller de Interior, Felip Puig se propone eliminar el Código de Ética de los Mossos d’Esquadra? Un Código de Ética es un instrumento que expone los valores de una institución (como puede ser el de la policía catalana); codifica ciertas normas de conducta por las cuales deben desempeñarse los profesionales (policías) y especifica sanciones en caso de verificarse faltas en el ejercicio de sus funciones.

¿Acaso resulta vejatorio que una policía se rija de acuerdo a un código de conducta adecuado para cumplir los objetivos institucionales en el marco de los derechos humanos? Las policías previenen, vigilan, participan en indagaciones ante comisiones de delitos y reprimen actos que contravengan las normas legales establecidas.

Sus funciones propias los exponen a que se extralimiten, cometan excesos o, en algunos casos, recurran a prácticas de abuso de poder, lesionando los derechos de las personas detenidas.

Desde una democracia que se propone garantizar los derechos humanos, algo distintivo del modelo político eruropeo, un Código de conducta policial puede ser un aporte para estimular proximidad en la relación policía-ciudadano, derivando en más colaboración y comprensión mútua y para proyectar la institución policial como un referente social de seguridad ciudadana con ascendencia y confiabilidad.

La supresión del Código de Ética de los Mossos d’Esquadra sería una señal de que estos profesionales no requieren de normas éticas para velar por un correcto ejercicio profesional, como si lo tienen otras profesiones (médicos, abogados, periodistas, etc). ¿Es que se piensa que actuar profesionalmente de acuerdo a una ética claramente establecida está reñido con la actividad policial?

El conseller Puig, así como decidió finalmente mantener las cámaras de vídeo en cuarteles de Mossos d’Esquadra, podría hacer otro tanto con el Código de Ética de la institución policial, sin perjuicio que sea revisado de manera que los policías participen en su reelaboración y se sientan comprometidos éticamente con su servicio profesional.

NI MAS, NI MENOS

2011-01-03T03:17:00.000-08:00

Son los primeros días del Govern de CiU, después de siete años en la oposición, justo cuando se inicia la segunda década del siglo XXI,

El cambio político del President Mas sucede en medio del desaliento ciudadano. El paro, los recortes de sueldos, las ejecuciones de hipotecas y la percepción, cada vez más intensa y extendida, de que los más responsables de la crisis económica – entidades financieras y grandes inversionistas- se han recuperado y vuelven a influir, presionar e imponer ajustes económicos sobre gran parte de la ciudadanía.

El nuevo gobierno también asume en medio de frustraciones acumuladas de parte significativa de ciudadanos. Los reveses de la gestión política de los gobiernos de izquierdas (tripartitos) han jibarizado l’Estatut de Catalunya impidiendo conseguir más facultades políticas, más autogobierno e independencia respecto de las políticas del Estado español, e incluso cuestiona avances conseguidos, como en política lingüística.

En ese contexto, el discurso del President Mas (de investidura, de posesión del govern y de fin de año) esboza la idea de un gobierno que se propone incentivar entusiasmo entre los ciudadanos para sostener con eficacia la recuperación económica y defensa del estado de bienestar, por una parte, y el desarrollo de un catalanismo capaz de avanzar gradualmente hacia nuevas cotas de autogobierno.

Emprender y, especialmente, transmitir a una ciudadanía incrédula y desorientada, perspectivas de avance y posibilidades ciertas de obtener logros requiere de una política nacional, no sectaria, de diálogo permanente con las demás fuerzas catalanistas y formas de comunicación creativas con la trama de organizaciones de la sociedad civil catalana.

El discurso de Mas, en sus primeras intervenciones, sugiere crear un clima político que deje atrás la discordia estéril y domine un debate en vista a darle consistencia a una política nacional frente a la crisis económica y al conflicto con el Estado español.

Una actitud fundamental de inclusión asoma en los acuerdos de la mesa del Parlament, de la investidura del Govern y también en la sorprendente designación de Ferran Mascarell, un socialista catalanista, como conseller en Cultura.

No obstante, esta acitud no concuerda con la actitud confrontacional de Felip Puig, político de la nomenclatura Convergente, que antes de asumir anunció eliminar las principales iniciativas hechas por su antecesor, Joan Saura: Código de Ética de los Mossos; cámaras de vídeovigilancia en cuarteles policiales y velocidad máxima de 80km/hrs en las carreteras del área Metropolitana de Barcelona.

Pronto, el político tuvo que matizar sus dichos, pero quedó resonando en la plaza esta vieja actitud de hacer política de levantar la voz para decir que todo lo del adversario nada vale, algo así como ese clima inhóspito que se cuece en Madrid entre el PP y el PSOE.

LA FÓRMULA DEL MATEMÁTICO

2010-11-05T07:13:00.000-07:00

El verde tiñe la amoratada política en Colombia. El partido de los ex alcaldes de Bogotá, Antanas Mockus, Luis E. Garzón y Enrique Peñaloza, más el ex alcalde de Medellín, Sergio Fajardo, planean pintar el país con políticas transparentes y economías limpias, junto a ciudadanos interesados en solucionar sus problemas y los de su entorno.

Más de 3 millones de colombianos votaron a la pareja verde Mockus/Fajardo en las dos vueltas de las elecciones presidenciales en mayo y junio pasado. Una fórmula que se distancia del eje vertical izquierda/derecha para desplegar una red ciudadana comprometida en hacer políticas de progreso social, que desplacen el dominio de políticos (de izquierda y derecha) que buscan “prebendas clientelísticas”.

Además del verde, irrumpen las matemáticas en la forma de hacer política. Sergio Fajardo (54), un académico matemático, resolvió, con otros, pasar del “deber ser” al “hacer” a fines del siglo pasado. En Medellín, reunió a personas de procedencias sociales y profesionales diferentes , sensibles ante una Colombia que, sumida en políticas irreductibles, la dejaba sin horizonte.

La tarea era compartir unos principios básicos a partir de los cuales plantear problemas fundamentales y, una vez definidos, formular una política de tratamiento que buscaba , como resultado, la confianza de ciudadanos desesperanzados. Con este método, proveniente de las matemáticas, arribaron a la política.

Uno de los principios básicos es la elección de los medios, claves para hacer posible el fin. El diálogo a pié de calle se convirtió en la forma por excelencia para conseguir la confianza ciudadana. Con Fajardo, como candidato a la alcaldía de Medellín , lo intentaron el 2000 sin conseguirlo. Lo repitieron en las elecciones del 2003, ganándolas por la mayoría más alta de todas las elecciones de la historia de la ciudad.

La credibilidad obtenida fue el resultado de una relación de igualdad establecida en meticulosos recorrido por la piel de la ciudad -calle por calle- hablando y escuchando a la gente para entenderla. Con cuatro años de gestión, Fajardo se retiró con una aprobación del 80% de los vecinos, sucediéndole como alcalde, en las elecciones del 2007, Alonso Salazar, uno de sus miembros en el gabinete.

El matemático asimilado a la política, luego de reunir 700 mil firmas para aspirar a la Presidencia de la Republica el 2010, con el Movimiento Compromiso Ciudadano por Colombia, se retiró para integrar, como postulante a vicepresidente, la fórmula encabezada por Antanas Mockus, otro matemático, además de filósofo.

2010-10-25T07:20:00.000-07:00

ESTADOS UNIDOS ANTE LOS OJOS DEL MUNDO

La guerra sucia fue una seña de identidad de las dictaduras militares latinoamericanas (Brasil, Argentina, Chile, Uruguay, Bolivia) en los años 70 y 80 del siglo pasado. Era la estrategia decidida por la cabeza de estados dictatoriales e implementadas por uniformados y civiles protegidos por estructuras ad hoc al margen de las leyes nacionales o internacionales (incluso de las fabricadas por las propias dictaduras) para exterminar al enemigo.

Hoy, la guerra sucia compromete a Estados Unidos, tenida como la más importante de las democracias en el mundo. La implicación en ella, ya no sólo por el apoyo político y militar que le proporcionó, en su momento, a esas dictaduras, sino a su propio ejercicio del poder, como lo certifican los centenares de miles de informes, revelados por Wikileaks, de los militares estadounidenses remitidos al Pentágono.

El gobierno de Bush, tras el atentado terrorista del 11-S, transgredió la legislación internacional y estableció normas excepcionales (sobrepasando la propia Constitución estadounidense) para eliminar el enemigo. Atacó Irak para derrocar la dictadura de Hussein y de paso se llevó por delante el Estado iraquí, quedando el territorio bajo la ocupación del ejército estadounidense durante siete años.

El secuestro, las cárceles secretas, la tortura sistemática, la ejecución sumaria, la detención prolongada sin juicio y el traslado de prisioneros en forma clandestina por diversos países fueron prácticas de las dictaduras militares latinoamericanas en la llamada “guerra contra la subversión comunista”. Todas ellas recibieron el repudio de la comunidad internacional.

Estados Unidos, según los informes despachados al Pentágono, aplica las mismas prácticas en la llamada “guerra contra el terrorismo”. Tras el gobierno de Bush, el Presidente Obama decidió poner fin a los métodos y estratégias empleadas por su antecesor, pero no dio luz verde a iniciar investigaciones administrativas, menos judiciales, contra los responsables de las rutinas degradantes de la política de Bush.

En Argentina, Chile, Uruguay y Perú (tras la dictadura de Fujimori en los 90), los gobiernos democráticos, a diferencia del de Estados Unidos, sí abrieron investigaciones para establecer la verdad de lo sucedido y procesos judiciales para penalizar a los responsables de las sistemáticas transgresiones a los derechos humanos.

El Pentágono defiende el silencio, y, por lo tanto, la impunidad de los culpables invocando la seguridad nacional, el mismo concepto usado por los dictadores militares latinoamericanos para justificar sus políticas. La ideología de la seguridad nacional, la que los militares estadounidenses enseñaron en sus escuelas a los pares latinoamericanos en los años 60, vuelve para acreditar la política de exterminio del enemigo en Irak.

DIÁLOGO O VIOLENCIA, NO HAY VUELTA

2009-09-14T07:23:00.000-07:00

El 15 de septiembre, a tres días que inicie su andadura el año del bicentenario de la independencia, comienza a regir el Tratado Internacional (o Convenio 169 de OIT) que compromete a Chile cambiar sus relaciones con los aymara, colla, diaguita, kawéskar, likanantay, mapuche, quechua, rapa nui y yámana, los nueve pueblos indígenas que cohabitan con el pueblo chileno en territorios administrados por el Estado de Chile.

Chile reconoce y respeta la aspiración de estos nueve pueblos “a asumir el control de sus propias instituciones y formas de vida y de su desarrollo económico y a mantener y fortalecer sus identidades, lengua, religiones, dentro del marco del Estado”, según considera el Convenio.

La gran novedad es el reconocimiento de la diversidad de pueblos (cualitativamente diferente a étnias) que cohabitan en Chile, y que esta validación exige inaugurar una nueva relación (un nuevo trato) entre el Estado y los pueblos indígenas, concebidos éstos como sujetos colectivos, protegidos por el derecho, para ejercer sus capacidades de deliberación y decisión sobre sus prioridades en la consecución de su desarrollo económico, social y cultural en armonía y con la cooperación del Estado chileno.

El Tratado suscrito parece una gran oportunidad para que, ahora los 10 pueblos, se reunan en círculo a dialogar sobre una agenda que atienda los contenidos, estilos y tiempos para aplicar el Convenio e ir dando forma a un país pluricultural que incorpore gradualmente la diversidad en su narración política.

Una coyuntura propicia para torcer las dinámicas históricas dominantes del trato a lo indígena en Chile: ignorancia, trivialidad, discriminación, marginalización y represión. Los pueblos indígenas deseaban el Tratado y el estado chileno lo ha aprobado y ratificado.

Una coincidencia fundamental: el marco político-jurídico-valórico para plasmar una nueva convivencia. Sin embargo, nadie espera celebrar nada el día 15 de septiembre y es probable que la vigencia del Convenio pase despercibida.

Las políticas legislativas de reconocimiento y de reparación de los gobiernos de la Concertación no dan la medida ni la profundidad de la llamada “deuda histórica” que tiene el estado chileno, especialmente con el pueblo mapuche, el 87% de la población indígena. Personas entendidas en el tema mapuche apuntan que a los gobiernos les ha faltado aceptar la naturaleza política de un conflicto histórico.

Los problemas no son con un sector de la población chilena, sino con un pueblo, diferente al chileno, que reclama la aceptación de su indentidad propia, derechos que, contenidos en el Convenio 169, el estado debe incorporar a su ordenamiento jurídico y la restitución de tierras o territorios usurpados por la fuerza de las armas y de las leyes aprobadas para legitimar la apropiación por parte de particulares.

El desafío del estado chileno es asumir el cambio que le exige el Tratado: identificarse como un estado formado por pueblos distintos dispuestos a acordar una nueva forma de relación, desarrollando una convivencia basada en el respeto mutuo. Ello exige abandonar el ideario liberal decimonónico de los estados homogéneos que se proponen integrar a las minorías étnico-culturales subordinándolas.

Hace un año, el gobierno dio un gran paso al ratificar el Convenio 169, pero luego no ha logrado comunicar convicción ni confianza sobre el tema indígena. Hace un mes echó atrás un debate sobre un Código de Conducta para las inversiones en el habitat indígena luego de recibir la inquietud de los grandes empresarios. A quince días de entrar en vigor el Convenio, el Senado aprobó la reforma constitucional sobre pueblos indígenas sin consultarles como lo indica el Convenio.

Ni un acto público que transmita a los chilenos el mensaje de un nuevo tiempo para las relaciones con los pueblos indígenas. Las legislaciones y sus aplicaciones han quedado cortas, lejos de resolver los complejos problemas. La administración cae en una actitud mustia ante las dificultades de echar adelante una agenda indígena y sólo muestra una actitud vigorosa cuando en forma compulsiva responde con represión y leyes especiales a quienes han optado por desplegar un movimiento de ocupación de predios. Mira mas sobre estos temas aqui.

VIENTOS DE AMÉRICA DEL SUR

2009-08-15T01:16:00.000-07:00

Los gobiernos de la América del Sur están inquietos. El despliegue de tropas estadounidenses en siete bases colombianas dispara la incertidumbre en la región. Los presidentes integrantes de UNASUR, en forma imprevista, se autoconvocan para reunirse extraordinariamente en San Carlos de Bariloche, luego de escuchar de boca del Presidente Chávez que dicha operación militar podría derivar en tragedia.

En marzo de 2008, tropas colombianas ingresaron en forma ilícita a territorio ecuatoriano matando a 16 combatientes de las FARC, entre ellos a su número dos, el comandante Raúl Reyes. Desde entonces las relaciones diplomáticas entre Ecuador y Colombia están rotas, a pesar de la labor mediadora de la OEA.

Recientemente, el gobierno de Colombia acusó a Venezuela de desviar armamento hacia la guerrilla: La respuesta fue congelar las relaciones (la quinta vez en este siglo) y amenazar con aplicar medidas económicas (corte de suministro de petróleo, nacionalizaciones de empresas, interrupción de intercambios comerciales) que afectarían intereses colombianos.

En este contexto, se filtran las avanzadas negociaciones entre los gobiernos de Obama y Uribe para fortalecer la presencia militar estadounidense en Colombia aprovechando el cierre de la base militar de Manta (Ecuador), luego que el gobierno de Ecuador cancelara el acuerdo militar con Estados Unidos de 1999.

Tropas estadounidenses en el epicentro de un conflicto que compromete a tres países, dos de los cuales –Venezuela y Ecuador- son aliados y que, tras procesos constituyentes, desarrollan políticas, con sus particularidades, contrapuestas a los moldes establecidos por Washington.

El argumento del nuevo pacto militar es combatir a un ejército guerrillero de 45 años de data y el negocio del narcotráfico, insoluble desde hace 30 años. Pero, las desconfianzas recargadas de los gobiernos de Chávez, Correa y de Morales, se vislumbran en otros como Brasil.

El Presidente Lula ha propuesto a que los presidente de UNASUR dialoguen cara a cara con el Presidente Obama, en la cita en Argentina, con el fin de conocer qué tipo de relaciones desea Estados Unidos con América Latina y discutir el tema de las tropas estadounidenses en las bases colombianas.

Como el golpe militar en Honduras, el pacto militar colombo-estadounidense adquiere una dimensión multilateral. En el primero opera la institucionalidad de la OEA, en la segunda la prudencia política de UNASUR, la misma que actuó para colaborar en la solución a la crisis institucional en Bolivia hace un año.

No obstante, la vara del desafío actual es mucho más alta. Como lo expresara el Presidente brasileño: “vamos a tener que ponernos de acuerdo respecto al futuro de la Unasur, porque debe haber una relación amistosa entre nosotros, un grado de confianza y de sinceridad, de lo contrario se corre el riesgo de crear un club de amigos rodeado de enemigos en vez de una institución de integración”.

¿Es posible desarrollar una instancia donde convivan diferentes posiciones entre gobiernos sudamericanos que se perfilen en el mundo en forma independiente y en diálogo con el gobierno de Estados Unidos?

Promete el próximo capítulo que escribirán los presidentes el 28 de agosto en San Carlos de Bariloche. El paisaje de sus lagos, bosques y montañas, en un clima frío y por donde atraviesan sin pausa vientos del Pacífico, ¿atempererarán las formas de Chávez, sincerarán el alma de Uribe, afinarán la personalidad de Correa, estimularán la vivacidad de Cristina, activarán los latidos del corazón de Lula?

¿PARA QUÉ METERSE EN HONDURAS?

2009-07-24T02:49:00.000-07:00

Un dicho que propone evitar involucrarse en líos, embrollos inútiles. La ONU, la OEA y la UE no hacen caso y se implican en Honduras, el tercer país más pobre de América Latina, después de Haití y Nicaragua, desde hace un mes con un gobierno de facto surgido de un golpe militar y sin el reconocimiento de ningún estado del mundo. Sin embargo ahí está, desafiante.

Desde el gobierno de Estados Unidos, de Barack Obama, hasta el gobierno de Cuba, de Raúl Castro, rechazaron el golpe, reconocieron la legitimidad del Presidente depuesto, instaron a su restitución en el cargo y, de ese modo, restablecer la democracia en el país centroamericano. Algo inédito.

En seis días, 33 países de la OEA suspendieron la participación de Honduras en la Organización. Por su parte, la Comisión Europea congeló un paquete de ayuda de 65,5 millones de euros y Estados Unidas, hasta ahora, se ha limitado a declarar que las relaciones se verían afectadas si el gobierno de facto no se avenía a las propuestas del mediador en el conflicto hondureño, el Presidente costarricense, Oscar Arias.

La iniciativa de Arias - restituir al Presidente Manuel Zelaya en un gobierno de unidad nacional a cambio de no acometer reformas constitucionales y adelantar las elecciones generales en un mes - no tuvo las consecuencias esperadas.

El golpe en Honduras evoca rutinas y retóricas que están vivas en la memoria, en el imaginario político de los pueblos y de la mayoría de los gobernantes latinoamericanos.

Los militares brasileños forzaron al presidente Joao Goulart a embarcarse en un avión con destino a Montevideo en 1964, del mismo modo que los militares peruanos lo hicieron con el presidente Fernando Belaunde al subirlo a un avión con destino a Buenos Aires en 1968. Después de más de 30 años, los militares hondureños lo hacen con el presidente Manuel Zelaya embarcándolo hacia San José.

El gobierno de facto niega el golpe militar, afirmando que el Ejército procedía a cumplir una orden del Tribunal Supremo de Justicia, porque el gobierno de Zelaya había transgredido la Constitución, como cuando la dictadura chilena habló de “pronunciamiento militar”, luego que el gobierno de Allende había “quebrantado la institucionalidad”, según resoluciones de la Cámara de Diputados y la Corte Suprema.

Roberto Micheletti gobierna junto a ex oficiales, activos en los 16 años de dictaduras militares (1965-1981) y en gobiernos civiles represivos, implicados en la política militar de Estados Unidos contra el gobierno del FNLS nicaragüense, las guerrillas del FMLN salvadoreño y de las fuerzas de la Unidad Revolucionaria Guatemalteca. Uno de ellos, su Ministro Consejero, el ex capitán Billy Joya Améndola, estuvo conectado a las policías secretas de Argentina y Chile en los 70 y con la Contra nicaragüense en los 80.

América Latina muestra energía política en la OEA, la que había exhibido no hacía un mes en la propia Honduras, cuando consiguió allanar a que Estados Unidos apoyara la eliminación de los motivos por los que se marginó a Cuba en 1962.

UNASUR es otra instancia con atributos, como lo demostró en la emergencia suscitada con la crisis constitucional en Bolivia. Brasil y Venezuela junto a Chile y Ecuador (próximo coordinador de UNASUR) pueden inyectar capacidad de iniciativa y cohesión, indispensable para inviabilizar a una dictadura surgida de un golpe militar.

El golpe en Honduras es un test para América Latina, pero también para la Administración Obama en su deseo de renovar la política estadounidense hacia la Región. ¿Se mantendrá la “tolerancia cero” hacia el régimen de Micheletti o habrá quienes buscarán el acomodo?

Sí, parece oportuno meterse en honduras, a propósito de Honduras. Crear espacios para que la Región debata sobre la democracia en América Latina, pues lo acontecido enseña que ésta es frágil cuando se la circunscribe a elegir (o reelegir) periódicamente a sus representantes.

Se requiere pensar y proponer instituciones representativas y deliberativas, que impliquen a los ciudadanos; políticas de desarrollo que transparenten más justicia social y estímulos para que la sociedad civil forje una cultura que considere la diversidad política y cultural como un valor, con un diálogo abierto entre ellas y la participación colectiva en la construcción de horizontes donde se proyecten imágenes de más inclusión, más igualdad y más realización personal y social; en una: más bien común.

HA LLEGADO EL TIEMPO DE DECIR

2009-06-18T10:45:00.000-07:00

La historia continua. Se escribe y reescribe. Fluye en penumbra, unas veces; a plena luz, otras. Por un tiempo lo hace apenas como un rumor, inaudible y, de pronto ruidosa, hasta a inquietar. Nada pareciera detenerla y cuando presumimos que ha llegado a su fin (el fin de la historia), la misma, sin aviso, nos sorprende. Esa historia se comprende cada vez más a través de “pequeñas historias”, relatos de muy diferentes voces decididas a librarse de sus propios miedos, después de un tiempo prolongado.

“Era una cosa que guardé de tantos dolores que me vinieron en esos tiempos (…) mis hijos me decían por qué no contaba lo que había visto, pero no podía”, cuenta la pobladora Mónica Salinas 36 años después de esa madrugada del 18 de septiembre de 1973 cuando vio cuatro cuerpos arrojados junto al muro de un cementerio, entre los que reconoció el del cantautor Víctor Jara.

“Culmina una compleja misión (de 9 años) para reivindicar plenamente como jefe militar y soldado de excelencia a un distinguido comandante en jefe cuyo recuerdo ha estado largamente ausente en los cuarteles militares (más de 30 años)”, revela el jefe del ejército, general Óscar Izurieta al inaugurar el Campo Militar San Bernardo que lleva el nombre del ex Comandante en Jefe del Ejército, general Carlos Prats González, asesinado por la policía secreta de la Junta Militar de Gobierno en septiembre de 1974.

La voz individual de una pobladora y la voz institucional de un militar se conectan en el acto de descorrer un velo y dejar ver delitos de lesa humanidad cometido por funcionarios del estado (los uniformados), pero, sobre todo, ambas abren la posibilidad de reconocer la profundidad del terror, de los miedos implantados y que cada uno expresa a su manera.

La pobladora muestra su temor en forma transparente, con todas sus letras, algo que tiene que ver consigo misma, mientras el militar lo hace de forma concienzuda, algo que tiene que ver con su institución, el ejército. El comandante en jefe declara que se ha llegado al final de una difícil misión iniciada en forma discreta por el sucesor de Pinochet: rehabilitar a Prats dentro de la institución.

El antecesor de Izurieta, en el 2004, dio un paso decisivo al rendirle honores militares a Prats por primera vez desde su muerte, los que se les negaron después de su muerte. Mientras esto sucedía, Pinochet ya estaba “fuera de combate”, recluido en su residencia y con una virtual “prohibición militar” de hacer declaraciones públicas.

El mando de Izurieta reincorpora al general Prats a los cuarteles, lugares donde durante muchos años se ha temido siquiera pronunciar su nombre. Pronto, la Corte Suprema sentenciará en forma definitiva a sus asesinos, entre los que se cuentan generales, brigadieres y coroneles en retiro. En los días siguientes, ¿seguirán estas personas siendo llamadas por sus grados militares y gozando privilegios como reos rematados?

Periodistas, desde la segunda mitad de los 80, han ido narrando “pequeñas historias” en libros, reportajes y entrevistas; jueces, desde la segunda mitad de los 90, han ido reuniendo las piezas de comisiones de delitos de lesa humanidad. El rigor de ambos oficios ha permitido alentar a librarse de los temores.

Un titular de diario decidió a Mónica Silva a dar su testimonio. La sentencia de un juez, luego de una investigación de cinco años, establece una verdad jurídica que da pié a que el general Izurieta, ante sus camaradas, abra la puerta de los cuarteles y reintegre plenamente a un hombre, como dijo, “lo tuvo todo en el Ejército y lo perdió todo en el Ejército, por honor”.

Estas demostraciones, de una pobladora y de un militar, pueden ser leídas como una actitud ética, indispensable para animar a que nuevas voces liberen sus miedos y hagan que la historia prosiga -se escriba y reescriba- y fluya en busca de un futuro Chile valorizado más por la calidad humana de su convivencia social que por la rentabilidad marginal de sus negocios.

LATIDOS EN LA OEA

2009-06-07T11:35:00.000-07:00

América Latina y El Caribe se paran en sus propios pies. Representantes de sus 32 países ingresaron a la asamblea de la OEA en San Pedro Sula, Honduras, decididos a levantar el anatema contra Cuba impuesto por Estados Unidos, junto a 14 países americanos, en la reunión de Punta del Este, en 1962.

Una personalidad que ya había mostrado en la Cumbre de Presidentes de Sauípe, en 2008. Ahí acordaron crear una organización de estados latinoamericanos y del caribe en México el 2010, un año simbólico cuando la mayoría de los estados latinoamericanos estén conmemorando el bicentenario de su independencia nacional.

El Presidente Lula, anfitrón en Sauípe, se pronunció a favor de la integración de Cuba en los principales foros de diálogo de la Región. En la Cumbre de las Américas de Trinidad y Tobago, frente al Presidente Barack Obama, los mandatarios latinoamericanos y del caribe centraron sus miradas en la gran ausente, Cuba. Reivindicaron el levantamiento del embargo estadounidense y Obama prometió una “nueva dirección” en sus relaciones con la isla.

La reunión de la OEA se convertía en un verdadero test para las relaciones entre Obama y la Región. Estados Unidos entraba como el único país sin relaciones diplomáticas con Cuba. Horas antes de la apertura de la asamblea, el Presidente de El Salvador, Mauricio Funes, en su discurso de toma de posesión del gobierno, ante un público exultante, había declarado el inmediato reconocimiento al Gobierno de Cuba.

La Canciller estadounidense, Hillary Clinton, arribó a San Pedro Sula con la idea de que un levantamiento del castigo tenía como condición la reorientación política del gobierno cubano hacia formas democráticas y respeto a los derechos humanos. Una idea sin acogida, dado que los motivos dados para excluir a Cuba en Punta del Este fueron su definición ideológica y alineamiento político en el contexto de la Guerra Fría.

Al final, los discursos de los representantes de la Región eran de alegría y satisfacción y Estados Unidos, resignado, se había allanado a remover el obstáculo para iniciar un diálogo con Cuba en vista a su regreso a la OEA. Algo que resultará dependiendo del curso que adquiera el diálogo bilateral abierto entre los gobiernos de Obama y Castro.

“La política de Estados Unidos hacia Cuba ha fracasado”, afirmó la propia Canciller Clinton hace dos meses. Lo ha verificado en la OEA, un espacio en que solía a hacer prevalecer sus posiciones. Ahora, ha tenido el mérito de escuchar y enmendar, coherente con lo que expresara el Presidente Obama en Trinidad y Tobago, de “buscar un nuevo comienzo con Cuba”, distante de la beligerancia, arrogancia y desprecio de tiempos no muy lejanos.

Estados Unidos se ha encontrado con una América Latina y El Caribe unida en torno a reincorporar a Cuba que, a pesar de sus diferentes motivos para ello, comparte una idea de dignidad, autovaloración y de justicia, relegando la actitud pusilánime, oportunista o, simplemente, a subordinarse ante el poder, sea por temor o por dinero.

Lo vivido en San Pedro Sula muestra a una América Latina y El Caribe más sensible a forjarse una identidad en el mundo, con capacidad de arribar a acuerdos respetándose sus diversidades ideológicas y que, tomando en serio su independencia e igualdad en el trato con Estados Unidos, puede, con firmeza, flexibilidad y transparencia, obtener nuevos logros en el contexto regional y global y más, reconocimiento de sus ciudadanos.

VÍCTOR JARA, EN LA HAYA Y SANTIAGO

2009-05-29T09:12:00.000-07:00

Mientras Víctor Jara, junto a la Violeta, Mozart y Tchaiskovsky, ensimismaba con su música a chilenos y flamencos y ante la presencia de la Presidenta de Chile y la Reina de Holanda en el Teatro Diligentia de La Haya, el mismo Jara reaparecía en Chile y en el mundo, luego que un juez revelara el nombre de uno de sus asesinos en el Palacio de Justicia de Santiago.

Ese mismo día, la Presidenta Bachelet ingresaba a la sede de la Corte Penal Internacional (CPI). Lo hacía con la dignidad de quien ha cumplido una promesa al lograr el consentimiento del estado chileno de ratificar las competencias de dicho Tribunal. Chile fue uno de los 10 primeros en firmar a favor de su fundación, en 1998, y será el 109, el último entre los sudamericanos, en ratificarlo, en 2009.

La CPI, como dice su Fiscal Jefe, el abogado argentino, Luis Moreno Ocampo, fue creada “para que las grandes lagunas de impunidad que hay en el mundo dejen de existir, que los perpetradores de las masacres y violaciones en masa que se llevan a cabo hoy día se castiguen y que los castigos sirvan como ejemplo para que no vuelvan a ocurrir más”.

Chile fue uno de esos lugares, cuando durante 17 años se suspendió el recurso de habeas corpus, dejando a sus ciudadanos en la indefensión, lo que permitió que las instituciones armadas y los servicios de seguridad fueran instrumentos de comisión de delitos de genocidio y de lesa humanidad, como el perpetrado por mandos del Ejército contra el director de teatro y catautor Víctor Jara.

Chile se une a 108 países que reconocen la jurisdicción de la CPI y se desmarca de Estados Unidos, Rusia y China, que rechazan su incorporación ante la eventualidad de ser investigados por delitos de genocidio, de lesa humanidad o de guerra, cometidos por sus tropas en Irak, Afganistán y Guantánamo, el primero; en Chechenia, el segundo y en el Tibet, el tercero. Además, la opinión pública mundial tiene la convicción de que los tres han practicado violaciones a los derechos humanos fuera o dentro de sus territorios.

Siete años ha demorado Chile en dar el paso hacia la justicia del siglo XXI, a favor de ciudadanos indefensos o perseguidos por los estados, suyos o extraños. Una justicia que le cierra el paso a la impunidad, cuyos “comisarios del olvido” con frecuencia suben el tono para intentar seducir con su máxima: “no miren el pasado, hay que mirar el futuro”.

Los muertos no son el pasado sobre los cuales se pasa página. Los padres o las madres, los hijos o las hijas, los seres queridos muertos, para los suyos, adquieren presencia de mil formas y en cualquier momento. Víctor Jara es como uno de esos, querido no sólo por su pueblo, sino por una humanidad que se conmueve con su música, de poesía y canto, como sucedió en aquella jornada en la ciudad de la paz, La Haya, a la que se hizo acompañar por la Violeta, Mozart y Tchaiskovsky.

OBAMA RESBALA

2009-05-18T03:51:00.000-07:00

El Presidente Obama resbala. Cae en el lodazal que dejó su antecesor a sus pies. Le ha distraido la ansiedad por amnistiar la densa realidad heredada.

Un sentimiento propio de los gobiernos post-autoritarios urgidos por eliminar el pasado del presente y gobernar mirando el futuro. Como si el presente no fuera, en realidad, otra cosa que acumulación de pasado y éste, que se pretende soslayar, no condicionara el mañana.

Obama da marcha atrás: restituye las comisiones militares, que había votado en contra como senador en el 2006, y suprimido como Presidente en el 2009, para juzgar a los presos en Guantánamo y decide no publicar las fotos, como había prometido en marzo pasado, que muestran las torturas que agentes del estado infringieron a prisioneros.

El miedo infundido durante la “guerra contra el terrorismo” se asoma en ambas decisiones. La promesa de reconocer los derechos humanos queda pendiente, al menos para los 241 detenidos, (¡sólo tres están sometidos a juicio militar en base a testimonios de segunda mano!). ¿Por qué no se les acusa y procesa como a cualquier persona demandada en las cortes civiles de Estados Unidos?

La palabra del Presidente se desvanece ante la del Pentágono. Éste advierte que la publicación de las fotografías sería como “arrojar petróleo sobre los incendios de Irak y Afganistán”. ¿Por qué el transparentar hechos del “pasado” no se lee como un potente hito de reconocimiento y rectificación y de expresión de voluntad de construir un futuro de respeto de los derechos humanos en cualquier parte del mundo?

El legado de Bush está vivo, actúa. El resbalón de Obama así lo evidencia. Los presos de Guantánamo seguirán como “enemigos combatientes”, expresión que había suprimido no hace dos meses y las imágenes de “la guerra contra el terrorismo”, otro término eliminado por el discurso oficial, seguirán ahí, prisioneras, junto a las víctimas de las torturas.

El gobierno de Obama se asemeja a gobiernos democráticos de transición conocidos en América Latina. Su gestión se despliega en un campo resbaladizo en que la dureza del pasado se mezcla con la fragilidad del porvenir. ¿Cómo invertir la consistencia de uno y otro momento?

Lo primero es reconocer lo que se es en un momento determinado. El análisis del pensador francés Tzvetan Todorov sobre la “guerra contra el terrorismo” demuestra que “las democracias pueden adoptar actitudes totalitarias sin cambiar su estructura global”.

Bush, y continúan los parecidos con América Latina, invocó la “seguridad nacional” para suspender las libertades y garantías personales y reforzar su poder en desmedro del Congreso, lo que le permitió avalar, como legal, secuestros de personas sospechosas, trasladarlas por diferentes países en forma clandestina, mantenerlas detenidas en forma indifinida, sin cargos, en cárceles secretas o campos especiales y sometiéndolas a torturas físicas y síquicas.

El gobierno de Bush comprometió a las Fuerzas Armadas y la Cia en decisiones, instrucciones y actos que quebrantan derechos constitucionales, convenios y leyes internacionales sobre derechos humanos.

Una legislación paralela contaminó todo el sistema legal y los servicios de seguridad lograron una autonomía, sin ningún tipo de control democrático, concluyeron ocho juristas internacionales, entre otros, Mary Robinson, ex Alta Comisionada de la ONU, Arthur Chaskalson, Presidente del Tribunal Constitucional de Sudáfrica y Raúl Zaffaroni, Juez de la Corte Suprema de Argentina, después de tres años de investigar la “guerra contra el terrorismo” liderada por Estados Unidos.

Estados Unidos ingresa al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas con la confianza de 167 gobiernos, una instancia boicoteada por el gobierno de Bush. Hace unos años, el Presidente Bill Clinton vinculó a Estados Unidos al Tribunal Penal Internacional a semanas de expirar su mandato, el Presidente George W Bush, lo desligó a meses de comenzarlo, ¿qué hará el Presidente Barack Obama?

LA SOMBRA DEL XIX

2009-04-03T01:01:00.000-07:00

¿Por qué Chile tiene una gran dificultad para cerrar conflictos centenarios, como los limítrofes con Perú, de soberanía marítima con Bolivia o de territorios con el pueblo Mapuche? En los tres hubo intervención militar: guerra, ocupaciones, humillaciones, que han dejado secuelas de tal profundidad que siguen siendo capaces de desafiar tratados suscritos por ambas partes, como el caso de Perú. Con Argentina no hubo guerra y fueron resueltos por vías diplomáticas y políticas.

Otro estorbo ha sido el negacionismo de Chile frente a estos conflictos no superados. Éste pareció ceder, cuando el gobierno de Aylwin admitió que había algo pendiente con los indígenas. Legisló a su favor reconociendo sus tierras, una cultura y educación propia y su derecho de participación. También, cuando el gobierno de Bachelet acepta considerar la demanda marítima, uno de los 13 temas a negociar con Bolivia, y asume reconocer a los pueblos indígenas al ratificar el Convenio 169 de la OIT (Naciones Unidas) sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes.

Esta apertura, de encarar en vez de negar las diferencias, se cierra con la reforma constitucional destinada a adecuar las normas locales a lo establecido en el Convenio 169. Ésta desconoce el derecho consuetudinario de los pueblos indígenas y no admite que el pueblo mapuche sea sujeto de derecho - ni político ni jurídico- difuminándolo en personas, organizaciones y comunidades. Tampoco acepta la propiedad de las tierras ancestrales indígena y restringe la propiedad y uso de las aguas.

Qué distinta es la conducta de Brasil. Su Corte Suprema Federal, por 10 votos contra 1, decidió a favor del gobierno de Lula el contencioso mantenido con los arroceros del estado de Roraima. La decisión judicial restituye 17 mil kilómetros cuadrados de territorio (algo inferior a la provincia de Cautín) para que 19.000 indígenas exploten sus tierras y obliga a políticos locales y productores de arroz a dejar el lugar, en virtud de derechos adquiridos de los indígenas que ocupaban dicho territorio antes de la llegada de los europeos, reconocidos en forma expresa por la Constitución de Brasil.

El estado chileno retrocede al siglo XVIII, cuando los padres de los independentistas adoptaron la máxima “se acata y no se cumple”. Con ello reconocían el mandato del Rey, pero incumplían de hecho sus normas. Lo mismo sucede ahora: se reconoce el tratado vinculante de Naciones Unidas, pero se le resta todo impacto en la práctica.

El Convenio 169 dice: “los pueblos indígenas son iguales a todos los demás pueblos” y afirma “el derecho de todos los pueblos a ser diferentes, a considerarse a sí mismos diferentes y a ser respetados como tales” y exige a los suscritos “respetar y promover los derechos intrínsecos de los pueblos indígenas, que derivan de sus estructuras políticas, económicas y sociales y de sus culturas, de sus tradiciones espirituales, de su historia y de su filosofía, especialmente los derechos a sus tierras, territorios y recursos”.

Chile consiente estos principios, pero vuelve el negacionismo. No acepta la diversidad, tener un “nuevo trato”, de igualdad, con los pueblos indígenas; considerarlos pueblos diferentes, con su autonomía. Lo demuestra el Ministro Viera-Gallo: “en ningún caso el colectivo (pueblo indígena) puede ser considerado como un sujeto o ente autónomo capaz, entre el individuo y el Estado, al cual se le atribuyan potestades públicas o quede sometido a un ordenamiento jurídico distinto al que rige en el Estado”.

Los fantasmas se disparan, invadidos por temores sienten el acecho de una amenaza, de un potencial enemigo dentro de casa, como ese “despojado por las armas” de sus tierras en el siglo XIX. Con esa mentalidad decimonónica difícilmente se podrá cohabitar en “amistad cívica” en una época de globalización que se distingue por esa “complejidad de lo real” como es convivir con lo diverso – en la interculturalidad- entre pueblos diferentes sea en contextos estatales o supraestatales.

CUBA, regresa… ESTADOS UNIDOS, también

2009-03-24T01:21:00.000-07:00

El Presidente de Cuba, Raúl Castro estrecha la mano del Presidente de Estados Unidos, Barack Obama y el ex Presidente George Bush enfrente a una Comisión Verdad que investiga las atrocidades de la “guerra contra el terrorismo”. Dos momentos de ficción, pero sobre los que se ha comenzado a trabajar para llevarlos a la realidad.

Escenas con significados opuestos. El saludo, la invitación al diálogo, la posibilidad de acuerdo; y la obligación a declarar, la acusación, la posibilidad de condena política. Las expectativas se disparan por una transición o flexibilización política del régimen cubano de un lado, y por reestablecer el ideario de libertad y de derechos humanos en Estados Unidos, de otro.

El retiro de Fidel Castro, los anuncios de Raúl Castro de emprender “reformas estructurales” y convocar al VI Congreso del Partido Comunista, a lo que se suma la promesa del Presidente Obama de explorar un diálogo político, colocan a la isla en el centro de la brisa que sopla en América Latina y Estados Unidos a favor de un entendimiento multilateral.

En dos cumbres presidenciales (diciembre, 2008), caribeños y sudamericanos apoyan el fin del embargo estadounidense contra Cuba de hace 50 años (octubre de 1960). América Latina se cohesiona por el regreso de Cuba a la OEA y se propone convencer al gobierno de Obama a seguir ese camino, enfilando las relaciones interamericanas hacia una política de siglo XXI, de apertura, intercambio y pluralidad.

La Habana, un lugar de peregrinación. Doce presidentes latinoamericanos la visitan en menos de tres meses, con la expectativa de hablar con Fidel Castro. Un líder retirado, pero que suscita paradojas y un obsesivo interés mediático, a diferencia de aquel otro Presidente retirado, George W Bush, deslucido y acusado de quebrantar el sagrado ideario de la Constitución Americana.

La credibilidad y orgullo estadounidense están tocados. En Estados Unidos se hurga en los meandros de una trama totalitaria. El Washington Post saca a la luz “el aterrador pensamiento pos 11-S del equipo legal de Bush”: “imagínense un lugar donde los soldados pueden derribar puertas sin órdenes de registro y donde los ciudadanos pueden ser encerrados indefinidamente sin juicio. Imagínense que el líder de ese lugar tiene el poder de silenciar a los disidentes y a la prensa. Imagínense aún más: que ese hombre puede de forma unilateral romper cualquier tratado que no le guste…”

Este pensamiento que se tradujo en la Ley Patriot que restringió los derechos individuales de los ciudadanos y redujo las facultades del Congreso y los Tribunales de Justicia, dotando de amplia discrecionalidad al Presidente para embestir en Estados Unidos y el mundo contra el “enemigo combatiente” en la “guerra contra el terrorismo”.

Todo un estímulo para que los demonios se desaten sin límites en prácticas degradantes, similares a las acontecidas en el conosur latinoamericano, justificadas con los mismos conceptos de seguridad nacional. Estados Unidos vive su propia transición: "debemos saber lo que se ha hecho en nuestro nombre para poder restaurar nuestro liderazgo moral", dice el presidente del Comité de Asuntos Judiciales del Senado, Patrick Leahy.

Las voces surten. Una Comisión Verdad independiente se postula para saber de las salvajadas esparcidas por cuatro continentes. Frederick Schwarz, miembro de la Comisión Church (1975) que escrutó a la CIA, con su experiencia, dice: “creo que existen muchas cosas que sucedieron en los últimos ocho años de las que no tenemos ni idea". A la tentación de “dar vuelta la hoja”, el senador Leahy reacciona: "no se puede pasar página sin haberla leído antes" y el 60% de los estadounidenses asiente.

Cuba viene de regreso y Estados Unidos también. La isla se abre a dialogar en los foros latinoamericanos y la gran potencia se abre a conversar con los países del mundo. América Latina, más acogedora que a fines del siglo XX, y Estados Unidos, resuelto a depurarse de tanta vileza contraida en el siglo XXI, pueden sepultar el último vestigio de la “guerra fría” en la Región: el embargo, y comenzar a convivir con algo propio de la era de la glocalización: el diálogo multilateral basado en el respeto a la diversidad.

A LA PUERTA DEL JUEZ

2009-03-13T04:46:00.000-07:00

Un día de éstos, el juez Alejandro Madrid abrirá la puerta de su despacho y comunicará su convicción de que el ex Presidente de la República Eduardo Frei Montalva fue asesinado. Lo más probable es que se expanda un aire de consternación y segundos de silencio sean seguidos de descargas de condenas. Los deseos de aclarar y juzgar predominarán a los de sustraerse y pasar página, pero, ¿y después…?

El crimen contra Frei Montalva es otro de tantos cometidos en Chile y en el extranjero que compromete a militares y civiles de la trama de servicios de seguridad del Estado, pero, además es una oportunidad para actualizar la calidad de un régimen que todavía unos lo representan encabezado por un dictador y otros por un Presidente.

Probablemente, partidarios y detractores de dicho régimen prefieran no revisar nada y repetir “dejemos atrás el pasado y miremos el futuro”, como si de tanto machacarlo produjera la superación del conflicto. Basta ver la crispación producida con la reciente elección del Presidente del Senado en un hombre de confianza del dictador/Presidente.

Desde el comienzo de la transición democrática, en 1990, los Tribunales de Justicia vienen hurgando en los órganos vitales del régimen: de qué se nutrían, cómo circulaba su sangre y cómo coordinaban sus movimientos para lograr sus objetivos de seguridad, un concepto que, junto al del libremercado, configuró la ideología fundamental del régimen para “hacer de Chile una gran nación”, decían.

Los resultados de la acción de los jueces - no contestadas- , corroboran lo que personas e instituciones denunciaron como crímenes que violaban en forma sistemática los principios de la Declaración de Derechos Humanos. Lo nuevo, en estos años, es que los Tribunales chilenos - validados por todos- sean los que establecen el padrón de los orígenes, métodos y fines en los delitos cometidos por militares y civiles entre 1973 y 1990.

¿Qué hubiera ocurrido de “haber puesto una lápida definitiva sobre el pasado” (crímenes y violaciones de derechos humanos) durante el primer gobierno de la Concertación, como continua sosteniendo uno de los fundadores de la coalición? Probablemente, nadie hubiera reparado en el rastro extraviado, durante 20 años, en el hospital de la Universidad Católica: la ficha caratulada como N.N. y que resultó ser del ex Presidente Frei Montalva, lo que derivó en la apertura de las investigaciones judiciales.

La lápida sugerida habría sellado el engaño de hacer creer que la muerte de Frei Montalva no fue por envenenamiento, sino por complicaciones posoperatorias. Habría sido como someter a una sociedad, aún sedada por el miedo, a un shock, exponiéndola a secuelas irreversibles: confundirla al no saber identificar las razones de sus temores, angustias y horrores vividos durante 17 años, ni si sus dolores eran consecuencia de excesos focalizados de grupos vinculados al poder o de una planificación consciente, sustentada por el propio régimen de dictadura.

No hay otra cura de la sociedad como la que produce la justicia, dice el poeta argentino Juan Gelman que, como Carmen Frei y sus hijos y tantas otras madres e hijas en Chile, buscó la verdad de su nieta desaparecida, de 7 meses, hasta encontrarla después de 24 años. Esa, la justicia que procura el juez Alejandro Madrid es el tratamiento, la que hace posible que, antes de abrir la puerta de su despacho, haya facilitado que el candidato presidencial de la derecha chilena haya reconocido a la luz del día: “Tengo la convicción íntima de que Eduardo Frei Montalva murió en circunstancias muy extrañas y anómalas…”. Hace dos años esa evidencia, al menos, no la admitía en público.

¿EMPATE? NO, UN SAQUEO

2009-02-02T03:47:00.000-08:00

¿Por qué TVN le da un portazo a Salvador Allende, cuando hace seis meses lo mostraba como “el más grande de la historia de Chile”? Las 1973 revoluciones por minutos no pasarán… por sus pantallas. El director del filme, Fernando Valenzuela dice que la explicación dada fue que si se accedía a mostrarse su película, después podría llegar una otra sobre Pinochet.

En la argumentación asoma la figura del cínico que simula ecuanimidad, equilibrio, en este caso, entre dos personas de conductas públicas que representaron valores muy lejos de ser equivalentes, como es la que subyace a la explicación de la negativa de TVN.

No obstante, la razón esgrimida no es casual ni aislada. Por muchos años se difundió que Chile vivió entre 1970 y 1973 una “dictadura marxista”, sin libertades o que, si no la había, el gobierno de Allende se proponía implantar un régimen comunista. De ahí se explica el golpe de estado que instaura el llamado régimen militar y que más tarde se reconoció como “la dictadura de Pinochet”.

Una dictadura (o cuasi dictadura) frente a otra dictadura es el esquema de pensamiento contenido en la decisión de negarse a la petición de Valenzuela, como si los ya casi 29 años de libertad no fuera tiempo suficiente para que la dirección del canal no distinga ni valore los talantes de Allende y Pinochet (y sus gobiernos) de acuerdo a sus conductas y responsabilidades en los hechos.

Ya en el mismo 11 de septiembre se producen dos hechos que hablan de sus atributos: Allende, que cumple su promesa de defender la democracia en La Moneda y que sólo lo sacarían de allí muerto y Pinochet, que rompe su juramento de soldado de defender la Constitución al encabezar una insurrección armada destruyendo La Moneda, cerrando el Parlamento y neutralizando la acción de los Tribunales al proscribir el Habeas Corpus.

Nada puede igualarse a lo vivido entre 1973 y 1990 respecto a la historia de Chile del siglo XX. El uso del mando militar para cometer masacres contra prisioneros, como la llamada Caravana de la Muerte; la operación de una policía secreta comandada por oficiales de Ejército que secuestró a miles de chilenos y que, conducidos a lugares secretos, fueron torturados, muchos asesinados y desaparecidos y que actuó intercambiando prisioneros con servicios secretos extranjeros y atentando contra la vida de prominentes chilenos en Buenos Aires, Roma y Washington.

La propia Televisión Nacional entregó, el 2006, un retrato de esos tiempos, cuando sus pantallas presentaron las evidencias sobre el descenlace de la vida del ex Presidente Eduardo Frei Montalva que, aunque aún no se haya establecido “la verdad jurídica”, (tampoco se ha hecho sobre la mayoría de los desaparecidos) ya no hay dudas de que agentes del estado lo eliminaron, como tampoco las hay con los detenidos-desaparecidos.

El “no” a las 1973 revoluciones por minuto muestra la actitud del que prefiere la comodidad a encarar el asunto con criterios éticos, estéticos, históricos y de interés público. Opta por el empate entre Allende y Pinochet, un resultado muy distinto al “veredicto mediático” emitido por TVN el 18 de septiembre de 2008.

FREI Y RECABARREN

2009-01-20T11:54:00.000-08:00

La Verdad tiene su Hora, tituló uno de sus libros Eduardo Frei Montalva en 1955. Un enunciado que se indentifica con el anuncio de la próxima aparición -o cierre- de la investigación que lleva el juez Alejandro Madrid y que llevará como rótulo: Proceso por Homicidio de Eduardo Frei Montalva.

Exhibidas las evidencias del crimen por envenenamiento contra el ex Presidente de la República a través del programa Informe Especial de TVN (2006), acotadas las pruebas de inoculación, por terceras personas, de sustancias químicas a su cuerpo enfermo, como lo acreditan informes técnicos ya en poder del juez, sólo falta establecer la identidad de los autores y de quienes indujeron u ordenaron su ejecución.

No obstante, se sabe que la operación de darle muerte fue obra de agentes del estado de la dictadura y que la investigación, como lo ha señalado el abogado de la familia: “está centrada en la Dirección de Inteligencia del Ejército”. El juez tiene una lista de nombres de sospechosos, entre otros, el que entregara personalmente el ex Mayor de Ejército, Carlos Herrera -autor del crimen de Tucapel Jiménez al mes siguiente de la muerte de Frei- a uno de los yernos del ex Presidente.

La hora de la verdad se aproxima. A días de la conmemoración de los 27 años del homicidio, el Presidente de la Corte Suprema le encomienda al juez Madrid dedicación exclusiva a esta causa. Éste, a su vez, dictamina secreto del sumario, luego de recibir pruebas que acreditan la acción de terceros. El virtual candidato presidencial de la Concertación, Eduardo Frei Ruiz-Tagle insta a que oficiales o suboficiales del Ejército, hoy retirados, cuenten la verdad.

En este contexto, el comandante en jefe del Ejército, general Óscar Izurieta tiene el valor de admitir la eventualidad de que el juez pueda determinar que miembros del Ejército hayan intervenido en la muerte del Presidente Frei Montalva, lo que sería muy lamentable, junto con condenar un acto totalmente repudiable y actuar en consecuencia en el momento oportuno.

Este 22 de enero, alrededor de la imagen erguida de Frei Montalva, en la plaza de la Constitución, los asistentes seguirán exigiendo verdad y justicia en vez de ceder a los que instan a dar vuelta la página. El homicidio del fundador de la Democracia Cristiana y ex Presidente de Chile tuvo el mismo sentido que el de Orlando Letelier y Carlos Prats y el atentado a Bernardo Leighton: eliminar a potenciales líderes que pudieran encabezar alternativas políticas al régimen dictatorial.

Aún más, Eduardo Frei Montalva, envenenado en su lecho de enfermo, como Luis Emilio Recabarren González, detenido por agentes de la Dina y desaparecido, pertenecen a la misma familia de chilenos: los que murieron en manos de uniformados y civiles por sus ideas y su compromiso social y político.

LAS 12 EN LA MONEDA

2008-09-18T02:40:00.000-07:00

Es inusual que 12 naciones acuerden en seis horas algo tan claro y rotundo como lo que expresa la Declaración de La Moneda: respaldo pleno y decidido al Presidente constitucional Evo Morales y rechazo enérgico al intento de golpe civil a través de una insurrección en marcha (sabotajes, ocupaciones y matanzas) promovida por los prefectos de cuatro departamentos del país.

La diplomacia no acostumbra a esta capacidad de resolución: un texto de compromiso nítido y en tan breve tiempo entre gobiernos con políticas e intereses internacionales muy diversos.

También es excepcional que las 12 naciones sudamericanas estén al mismo tiempo gobernadas por representantes elegidos por sus ciudadanos en elecciones válidas. A esto se agrega un entendimiento compartido: la pobreza y el desarrollo requiere de la cooperación regional, como por ejemplo en las áreas de la energía y de las infraestructuras.

La legitimidad democrática de los gobiernos es un rasgo inseparable a la relación crecimiento/justicia social, condición para que los pueblos logren igualdad de oportunidades, el principal desafío vigente de los países que suscribieron la Declaración.

Los bolivianos han soportado una gran inestabilidad política: 23 cambios de presidentes en los últimos 32 años y padecen niveles de pobreza preocupantes: son los 9º más pobres entre los países sudamericanos de acuerdo a su PIB.

El gobierno de Evo Morales acaba de obtener –el 10 de agosto- el respaldo del 67,1% de los bolivianos, mientras el bloque opositor logró el 32,59%. Sin embargo, no fue suficiente para superar la crisis política, luego que los prefectos que se le oponen en Santa Cruz, Tarija, Beni y Pando fueran reelectos.

Desde hace más de un año Morales pretende sacar adelante una Constitución que cambia el sistema político. Se propone redistribuir el poder configurando un estado con una base económica sólida y una vigorosa representación de las 35 comunidades indias. Proyecto anatematizado por el bloque de prefectos de territorios ricos en petróleo, gas y agroindustria y de mayoría blanca.

La Unión de Naciones de América del Sur (Unasur), formada hace cuatro meses e inspirada por el Presidente Lula, expresa un compromiso a la idea democrática sustentada en gobiernos y parlamentos elegidos por los ciudadanos. Asume la idea de que estabilidad democrática y cooperación regional son vitales para el futuro de los pueblos sudamericanos en un contexto mundial de capitalismo global.

La Unasur integrada por gobiernos tan diversos como el de Uribe, en Colombia, fiel a las políticas del Presidente Bush y el de Chávez, en Venezuela, devoto de las políticas de Fidel Castro, comprometió su presencia activa en el diálogo entre el gobierno de Morales y los prefectos opositores.

La Declaración emitida por la Presidenta chilena comunicaba el compromiso de las 12 a ayudar a la democracia boliviana a librarse de la insurrección en movimiento y conseguir que unos y otros se sientan a conversar, enfilar unos procedimientos que flexibilicen las posiciones encontradas y luego propongan acuerdos y alternativas que se confirmen y diriman con la intervención de los ciudadanos a través de mecanismos democráticos.

El escenario donde paría tan desacostumbrado consenso era el Palacio de La Moneda, donde aún flotaba en el aire el 35 aniversario (11 de septiembre) de cuando el humo y las llamas salieron de su interior esparciendo por el mundo el hecho que la democracia chilena había sido destruida luego que una prolongada insurrección civil consiguiera imponerse con la intervención de las fuerzas armadas.

UN TRATO EQUIVOCADO

2008-08-10T11:45:00.000-07:00

La Presidenta Bachelet se ha estrellado contra la ocurrencia de unos senadores de considerar los derechos humanos en la decisión política de nominar un ministro de la Corte Suprema. Sorprende que la Presidenta postulara a Alfredo Pfeiffer, un conocido juez que, por sus sentencias, es un valedor de la amnistía decretada, en 1978, para proteger a miembros de las fuerzas armadas, carabineros y civiles que cometieron delitos de lesa humanidad entre 1973 y 1978.

Los acuerdos políticos tienen sus límites. Intentar soslayar la facultad deliberativa del senado para este tipo de decisiones y no cuidar la prudencia política al elegir a una persona de posiciones jurídicas extremas, como es negarse a hacer justicia ante crímenes contra la humanidad, terminan menoscabando la ascendiente de la Presidenta.

El desconcierto aumenta cuando está fresca la sentencia que demuestra la autoría de militares chilenos del asesinato a su ex comandante en jefe, general Carlos Prats, crimen cubierto por la amnistía. También extraña cuando, recientemente, numerosos países han confiado en Chile al escogerle para ocupar un asiento en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

Menos se entiende el traspié cuando la propia Presidenta prometió, hace un tiempo, eliminar los impedimentos para procesar y sentenciar a acusados por crímenes de lesa humanidad, en respuesta a la resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, contraria a la aplicación de la amnistía por ser incompatible a hacer justicia respecto a esos delitos.

Los partidos de derecha (UDI y RN) - con o sin el liderazgo de Sebastián Piñera- muestran su talante. Entusiastas abogados del juez Pfeiffer evidencian, una vez más, lo implicados que están con ese pasado de horror protegido por la amnistía.

Sus parlamentarios, en lo que va de este siglo, se han resistido a que Chile adhiera a los instrumentos que regulan la conducta de los estados del mundo en relación a los derechos humanos. Rechazan a ratificación de la Convención Interamericana sobre Desapariciones Forzadas; la Convención sobre Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de Lesa Humanidad y el Estatuto de la Corte Penal Internacional.

Planea en su subconciencia ese deseo compulsivo de poner fin a que los tribunales de justicia continúen haciendo lo que eludieron durante 17 años. Es lo que la UDI y RN exteriorizan cuando plantean privarle al Instituto de Derechos Humanos facultades para seguir causas judiciales relacionadas con violaciones de los derechos humanos en Chile.

Haciendo un grueso raconto, la derecha - ahora en el parlamento- justificó las detenciones y ejecuciones administrativas; calificó la denuncia de la tortura y las desapariciones de personas como exageraciones e inventos de una campaña internacional; admitió “excesos” explicables por los odios creados entre 1964 y 1973; y, ahora, descubriéndose la verdad e identidad de los criminales, lamenta, sin nunca implicar al régimen dictatorial, a su líder ni a los mandos de las fuerzas armadas y de orden del periodo 1973-1990.

El episodio del sorprendente acuerdo de ascender al juez Pfeiffer a la Corte Suprema y el súbito rechazo al momento de la votación, enseña como el ejercicio de la libertad y deliberación abierta oxigena a una democracia debilitada por el asedio de los que urden intricados arreglos que allanan el camino a los que buscan imponer la estrategia del olvido.

EUROPA, A LA DERECHA SIN DERECHOS

2008-06-25T01:41:00.000-07:00

Unos 400.000 inmigrantes latinoamericanos empadronados en España podrían ser deportados a sus países, luego que el gobierno socialista se sumara a la mayoría de gobiernos de derechas en Europa en criminalizar a los extranjeros sin papeles radicados en los 27 países de la Unión.

Ocho gobiernos sudamericanos condenaron prontamente la decisión europea, calificándola de discriminatoria y transgresora de derechos humanos. Sobresalen los gobiernos colombiano y mexicano, (de derechas) ocupados en captar apoyos en sus respectivas guerras contra la guerrilla y las mafias.

La posición del gobierno de Rodríguez Zapatero fue avalada por 16 votos (de 19) de socialistas españoles que, contraviniendo a su grupo en el Parlamento Europeo (102 socialistas votaron en contra y 48 se abstuvieron), aprobaron una propuesta defendida, entre otros, por la extrema derecha de los Le Pen, Fini, Bossi, Haider y los Kaczynski.

El atributo de “ilegal” a extranjeros sin papeles, una normativa que faculte a la autoridad administrativa para encerrarles y la ejecución de expulsiones sin derecho a retornar durante un número de años, son postulados que germinaron en los programas de los partidos de derecha xenófoba y que han sido asumidos por una derecha populista (Sarkozy, Berlusconi), otra conservadora (Merkel, Rajoy), y una izquierda social-liberal (Brown) a los que el socialismo de Rodríguez Zapatero es el último en arribar.

Personas que en rigor no han cometido delito son objeto de internamiento por orden administrativa, en lugares que no son cárceles, por entre 6 y 18 meses para finalmente ser expulsadas con prohibición expresa de retornar en un periodo de tiempo. Todo esto se parece mucho a figuras seudo-jurídicas aplicadas por dictaduras militares del Cono Sur latinoamericano.

Entonces se invocaba la “seguridad nacional” ante la “insurrección del comunismo internacional”; ahora se apela a una “seguridad policial” ante el “caos”, “la delincuencia”, y también a las tradiciones y costumbres occidentales frente a la “contaminación cultural” proveniente del mundo árabe e islámico. Es pertinente esgrimir, en este caso, el argumento del escritor Carlos Fuentes cuando analiza la política de Bush contra los ciudadanos estadounidenses: “La democracia no puede so pretexto de ‘seguridad’, adoptar las reglas de una dictadura”.

De los 3 millones 124 mil 625 extranjeros no comunitarios, actualmente empadronados, por lo menos el 76% de éstos llegaron sin papeles. Posteriormente fueron favorecidos por los procesos de regularizaciones de los gobiernos de Felipe González, desde 1986, de José María Aznar y de Rodríguez Zapatero, hasta el 2005, mediante los cuales consiguieron permisos de residencia y de trabajo.

Ha sido esta forma, “clandestina” -como ahora subraya el gobierno- y no la llegada de inmigrantes con contrato de trabajo bajo el brazo, como los inmigrantes han beneficiado a España: “en los últimos seis años el 38% del crecimiento del PIB de España se debe a la inmigración. Los inmigrantes aportan ya el 7,4% de las cotizaciones a la Seguridad Social y sólo reciben el 0,5% del gasto”.

Toda una paradoja, cuando el mismo día que el Parlamento europeo votaba a favor del ideario xenófobo contra la inmigración, España le otorgaba el Premio Príncipe de Asturias en Ciencias Sociales al pensador francés, de origen búlgaro, Tzvetan Todorov, protagonista de las batallas por una Europa abierta y diversa y que considera que “la identidad europea se basa en la renuncia a la violencia. La proximidad de los otros no sólo no es ya una amenaza, sino que se convierte en una fuente de beneficios”.

LAS DEPORTACIONES VUELVEN A EUROPA

2008-06-19T01:24:00.000-07:00

A Europa se le ha metido el miedo en el cuerpo en los primeros años del siglo XXI, como le sucediera a Roma hace 2.390 años, cuando los senones se presentaron en Chiusi (Toscana) para ocupar tierras buenas. En el caso actual no son tierras, sino puestos de trabajo y no precisamente de los buenos, pero, como antaño, el temor europeo es a los “bárbaros”, es decir, los extranjeros tercermundistas, como se les estigmatiza.

El Parlamento Europeo ha aprobado por 369 votos a favor, 197 en contra y 106 abstenciones la “directiva contra la inmigración ilegal” de los 27 países de la Unión Europea. A favor votaron los 40 nacionalistas de extrema derecha, 217 populares, 57 liberales y 34 socialistas (españoles y alemanes); la abstención y rechazo vino de los 37 de izquierda unida y 38 verdes, 149 socialistas, 49 populares y 27 liberales.

La directiva establece la facultad de los gobiernos a proceder a la detención administrativa de inmigrantes sin papeles (unos 8 millones) mientras tramita la expulsión a su país de origen en un periodo de 90 a 540 días en centros de detención que no son cárceles y la expulsión de menores de edad a su país o a un tercero que no sea el suyo.

“Los políticos prefieren tratarnos como a delincuentes. Es más fácil eso que integrar”, decía con la claridad del sabio Bachcu, un bengalí que lidera el “Movimiento de Sin Papeles” desde Roma, la misma desde donde los romanos aterrados, en el 390 a. de C, las emprendieron contra los “bárbaros” de entonces.

El raciocinio de Bachcu afloró en medio de la campaña electoral, abril pasado, en que la derecha de Berlusconi y el centro-izquierda de Veltroni hicieron de la seguridad un caballo de batalla y “cuando en un cartel electoral pone seguridad, quiere decir una cosa: los inmigrantes somos criminales”, aseguraba el líder inmigrante.

La resolución europea criminaliza a los inmigrantes estableciendo dos categorías de extranjeros: legales e ilegales. La figura del “inmigrante ilegal” sancionada en el primer consejo de ministro del gobierno italiano es asumida virtualmente por los 27 países. Toda una rotunda señal de lo que se avecina es el hecho de que la primera decisión europea vinculante sea un proyecto asociado a la represión, en vez de la acogida e integración, a los extranjeros no comunitarios.

La disposición de violar derechos humanos se instala en la legislación europea. 44 países de África y América Latina instaron a que no se aprobara la directiva, lo mismo hicieron 50 personalidades del mundo del arte y de la cultura, el Comisionado de Derechos Humanos del Consejo de Europa y la Asociación Europea de Derechos Humanos. Además de dos prominentes personalidades europeas, Jacques Delors y Michel Rocard, que llamaron al Parlamento a no aprobar el proyecto represivo.

Los inmigrantes del siglo XXI no harán lo de los senones: destruir Roma como represalia a las humillaciones recibidas, pero tampoco se irán, como ellos lo hicieron, sino que se quedarán y podrán venir más, porque las migraciones de personas forman parte de las posibilidades y necesidades del Sur y el Norte del mundo, aunque los gobiernos europeos, temerosos, se propongan tramitar deportaciones masivas, parecidas a las vividas en el siglo XX.

HOJA DE RUTA: IRAK, AFGANISTÁN Y PALESTINA

2008-03-31T08:12:00.001-07:00

El “dinero fácil” vertido de los grifos financieros, tras el 11-S, para evitar la desaceleración deriva en crisis económica mundial, como la “guerra fácil”, tras el 11-S, para cambiar el mapa político en el Golfo y el Medio Oriente termina en una “anemia política” mundial. En ambos casos, el gobierno de Bush no sólo ha dañado a los suyos, sino a economías regionales y locales y a la política mundial, disparando la inseguridad y el miedo. Mientras tanto, los gobernantes del resto del mundo observan y esperan.

“La estrategia en Irak está saliendo bien. Estoy seguro que estamos ganando la guerra”, notificó, ufano, el candidato republicano a la Casa Blanca, John McCain al celebrar el quinto año de la invasión. Esta visión radiante del aspirante presidencial desaparece cinco días después: las muertes de soldados estadounidenses superan las 4.000 y las facciones chiítas escenifican la lucha por el poder en las ciudades del sur de Irak.

Enfrentados, el Ejército del gobierno de Al Maliki con el Ejército del Mahdi de Múqtada al Sáder, en la oposición. La aviación estadounidense se deja caer sobre Basora, ante la sorpresa por la resistencia encontrada”, como lo reconoce el Ministro de Defensa iraquí, Abdel Yasim.

“No hemos visto nada igual desde que las tropas extranjeras llegaron el 2003”, resume un habitante desde la ciudad petrolera de Basora, el pulmón económico del país, donde se genera el 80% de los ingresos de Irak.

Pero, a Estados Unidos no sólo le ha salido mal la estrategia en Irak, sino que otro tanto le sucede en Afganistán. Sus 20.000 soldados, junto a otros 30.000 del resto de países de la OTAN, no han podido doblegar a los talibanes. Más, pierden terreno luego que la rebelión se ha expandido por toda la mitad meridional del país.

La merma de las fuerzas occidentales en el país musulmán excede lo militar. Las 2.740 incursiones aéreas contra la guerrilla en el 2007 (20% más que el 2006), el doble de las realizadas en Irak el mismo año, ha determinado un incremento de muertes de civiles (más de 1.000 en el 2007, según Naciones Unidas).

Este hecho ha disparado el deterioro de la opinión pública sobre la presencia de la OTAN. Una encuesta, en seis provincias afectadas por la guerra, arrojó el resultado de que más de la mitad de los consultados considerara tan responsable de los daños y bajas civiles al ejército de la OTAN como a la guerrilla talibán.

A siete años de la intervención (2001), Estados Unidos insiste en la estrategia de “escalada militar”. Decide aumentar en 3.000 sus efectivos mientras los demás países dudan o se resisten. Nada les dice el impulso que da la organización guerrillera el 2005, cuando las tropas estadounidenses crecen de 8.000 a 20.000. Desde entonces son más eficaces, amplían su área de influencia y consiguen desacreditar a las tropas extranjeras.

Pero el gobierno de Bush continúa su inaudita cosecha en el Medio Oriente. Qué resultados traen la Conferencia de Annapolis en enero y la visita de Bush a los países árabes en febrero. Sólo logra vender armas, pero todos le dan la espalda en el intento de enfrentarlos a Irán en el Golfo y a Hamas en Palestina.

El Representante Especial en Medio Oriente, Tony Blair dice sindicas que ya no funciona la estrategia de USA y la UE de aislar a Hamas en Gaza. El Ministro francés, Jean Pierre Jouyet remata: “quizás nos equivocamos al boicotear los resultados democráticos que dieron la victoria a Hamas. Hay que cambiar la realidad, porque con la actual no vamos a ninguna parte”.

Lo mismo podría decirse de Afganistán e Irak, después de siete y cinco años de las invasiones, convertidos en territorios troceados, caricaturas de Estado.

DESPUÉS DE CINCO AÑOS

2008-03-21T08:49:00.000-07:00

La guerra en Irak, concebida en el rancho de Crawford (Texas) para ganarla en cuatro días, con 1.500 objetivos evitándose vidas inocentes, cumplió su quinto año. El Presidente de Estados Unidos, desde el Pentágono, ha repetido las palabras dichas, desde la Casa Blanca en el 2003: “no aceptaremos más resultado que la victoria”. La sentencia evoca a ese Hitler que no admitía si no la victoria, cuando ya estaba atrapado en su bunker.

Algo parecido le sucede a Bush. Ciego, ante una guerra sectaria y la presencia de Al Qaeda, que arribó a Irak atraída por la administración estadounidense, no puede retirar a sus más de 150 mil efectivos, a pesar de que su enemigo, Sadam Husein y sus colaboradores o están muertos o a punto de ser ahorcados.

La condición de ser iraquí se evapora y adquiere consistencia ser chií o suní o kurdo o alinearse con el Consejo Islámico Supremo o con el Movimiento Sadrista si se es chií o en algunas de las varias facciones suníes. La guerra sectaria ha hecho su limpieza étnica dividiendo Bagdad en barrios y zonas homogéneas étnica y religiosamente creando una división infranqueable.

Así lo describe a El Mundo de Madrid el chófer Majid Kaem Yusef: “antes yo era taxista y recorría todo Bagdad, además de hacer la ruta entre Bagdad y Amán o Damasco. Ahora no puedo hacerla, porque al ser chií no puedo atravesar zonas suníes sin sufrir el riesgo de que me maten.

El 15% de los conductores que conozco han tenido problemas. Al menos 10 conocidos han sido secuestrados en los últimos tres años. Ahora los taxistas chiíes trabajamos en barrios chiíes y los suníes en los sectores suníes, nunca nos mezclamos…".

A los límites mentales de la población se suman las fronteras físicas en la ciudad para dificultar el movimiento de los combatientes terroristas. Esta apariencia de seguridad se sostiene con más efectivos: “donde hay más tropas hay menos violencia” afirman observadores. Pero, el gobierno sigue sin lograr unidad entre las fuerzas políticas repercutiendo en una administración policial y judicial desastrosa y caótica.

Tras el retiro de las tropas británicas en el sur, las milicias rivales chiís –la organización Báder y el ejército del Mahdi- toman posiciones para hacerse del control de Basora, centro principal de la actividad petrolera del país. Del desenlace de la competencia de estas fuerzas hostiles chiitas (que representan el 60% de la población) dependerá en gran medida el futuro de Irak.

La guerra emprendida por Estados Unidos ha llevado a la tumba a Sadam y el baazismo, pero su salvajada política y bélica ha desgarrado a Irak, un país que se desangra, lo que ha abierto una incertidumbre inquietante porque en medio está su propia existencia.

Otro indicio de la derrota es la promesa de los aspirantes demócratas a la Casa Blanca cuando prometen retirar las tropas en forma paulatina hasta el 2012, pero sobre todo invocan ayuda: Clinton a los aliados de EEUU, Obama a la ONU, para intentar una salida política que por sí mismos ya no pueden lograr.

El aspirante republicano, el ex combatiente en Vietnam John MacCain ofrece más de lo mismo: “estamos ganando la guerra, pero nos queda mucho por hacer”, sin advertir que ya la perdieron y que, lo más probable es que la salida de las tropas, a diferencia de Vietnam, no será la de una estampida cinematográfica, sino de unos cabizbajos soldados, porque en 1975 hubo unos vietnamitas unidos, en cambio esta vez, el año que sea, habrán unos iraquíes troceados en etnias, religiones y sectas.

CUAL EJÉRCITO: ¿ÉSTE O ÁQUEL? O ¿ES LO MISMO?

2008-02-18T10:46:00.000-08:00

El minirelato del general (R) Gonzalo Santelices es el de un protagonista secundario y testigo de primera línea del crimen contra 14 prisioneros que, atados y vendados, no tuvieron ninguna capacidad para defenderse. Esta es una escena, ocurrida en un descampado cerca de Antofagasta, de la secuencia de delitos cometidos por oficiales y suboficiales del Ejército en un recorrido por ciudades del norte y centro del país, en lo que se denominó la “Caravana de la Muerte”.

La narración del entonces subteniente veintiañero enseña el aire de excitación que animaba a los oficiales y sus órdenes que destrozaban los cuerpos hasta dejarlos sin asomo de aliento. La eliminación fue el método de la “limpieza político-ideológica” ordenada por los mandos superiores del Ejército y a la que muchos, como Santelices, no pudieron más que rendirse, obedeciendo sin más.

La “Caravana de la Muerte” es un retrato de época. Identifica a un proceso político ordenado por el verbo eliminar. Entonces, los que tenían la palabra, o el poder total, lo conjugaron de incontables formas por todos los rincones. “Eliminar al enemigo interno”, rezaba la ideología, colgada en la Constitución de 1980 hasta que el Comandante en Jefe del Ejército, el mismo que comisionó a uno de sus generales a emprender la caravana, abandonara el gobierno.

Las imágenes salpican al lector que sigue el breve relato del hasta hace unos días novena antigüedad del ejército. La eliminación (como exterminio, aniquilamiento o matanza) fraguada por hombres nerviosos, enardecidos o enceguecidos, sin permitir ni una milésima para detenerse, pensar, dudar. Entre la orden y la obediencia no cabía nada, sino cumplirla en la quietud de una madrugada cualquiera, de una cárcel dormida y de un desierto mudo. La ciudad y el páramo manso, roto por unos hombres delirantes.

Escenas en un espacio y tiempo lejos u ocultos de “los otros”, en la “soledad del silencio”. Sólo posibles de rehacer por los presentes. Uno de ellos ha enseñado un trazo 35 años después. Era el ejército de la época, el que a través de la cadena de mando, como precisa Santelices, ordenaba eliminar.

Ese reconocimiento está pendiente, porque el ejército, junto con tener oficiales que reprocharon la práctica de la eliminación, siendo castigados, desalojados de sus cargos y retirados de la institución, éste fue conducido por un Comandante en Jefe con el respaldo de generales y oficiales suficientes para prolongar el método de la eliminación en espacios abiertos, recintos militares, cárceles secretas y en ciudades como Buenos Aires, Roma y Washington.

El mando del Comandante en jefe, general Pinochet y de los generales y oficiales que le siguieron, empuñó las armas del Ejército contra numerosos chilenos, ordenando su uso en su contra: prisioneros, desarmados e indefensos. Como lo indica el que fuera jefe de la Guarnición del Ejército de Santiago: “lamentablemente, militares que dieron las órdenes no han asumido las consecuencias de la responsabilidad del mando. Hay gente enjuiciada que cumplió órdenes, pero quienes las dieron siguen en silencio”.

El juez Víctor Montiglio tiene la palabra, y sus colegas que continúan investigando crímenes contra la humanidad.

EL "CASO DE BARCELONA"

2008-01-15T03:02:00.000-08:00

El Embajador chileno en España se retiró “preocupado” del juicio contra dos jóvenes chilenos que, junto a un argentino, están acusados de agredir a un policía municipal de Barcelona y como consecuencia de ello quedó disminuido de por vida. Osvaldo Puccio espera “recuperar la tranquilidad con el fallo”.

Menos diplomático, el Senador Jaime Naranjo, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, volvió a Chile “con la sensación de que los tres son inocentes, porque la fiscal formula peguntas inconducentes a establecer pruebas que demuestren su responsabilidad. Yo espero que los jueces, ahí sentados, corrijan esta aberración jurídica en un país, como España, en que se cree que existe el imperio de la ley”.

El abogado Gonzalo Boye, defensor de Rodrigo Lanza, el que lanzó la piedra en la frente del guardia, según la policía, confesó que el tribunal que dictará el fallo es el mismo que le negó tramitar diligencias claves para investigar el caso y que ha demostrado evidente parcialidad.

Entre los rechazos del juez instructor sobresale el no dar lugar a la petición de la defensa de solicitar las declaraciones y la presencia del entonces alcalde de Barcelona, Joan Clos, que, el mismo día del suceso, informó que el guardia había recibido el impacto de una maceta arrojada desde lo alto de la casa de la fiesta en cuestión.

A esta versión se contrapone la elaborada con posterioridad por la Guardia Urbana, la que sostiene que su compañero cayó producto de una pedrada frontal salida de las manos de Lanza, único elemento en que la Fiscal basa su acusación. El presidente del Tribunal en el juicio manifiesto un desinterés por conocer sobre las posibilidades de que una maceta hubiera sido el objeto que impactó al policía. Objetó cada pregunta del abogado Boye que hacía referencia a la misma, diciendo que “no eso no interesaba al tribunal”.

Sin embargo, ante el mismo, cuatro de seis peritos, entre ellos médicos forenses y neurocirujanos y catedráticos de la especialidad descartaron la caída hacia atrás en posición rígida del policía, como resultado de una pedrada. Por el contrario, afirmaron que, según los informes, se deduce una caída hacia delante y, por lo tanto, el impacto del objeto (posibilidad de una maceta) el policía lo recibió en la parte posterior o en un lado de la cabeza.

A dos años del suceso, el 4 de febrero de 2006, la policía detuvo a tres sudamericanos y seis europeos, acusando a los primeros de agresión a un policía y a los demás de lanzar objetos peligrosos. Los chilenos y el argentino fueron torturados por la policía urbana y autonómica (el ministro del interior del gobierno catalán, el ecosocialista Joan Saura, instruyó la colocación de cámaras de vigilancia en todos los recintos de detención de los mossos d’esquadra (policía catalana) ante evidencias de que se tortura en sus cuarteles).

Tras el acontecimiento, la Guardia Urbana dio luz verde para que desaparecieran los objetos (piedras, trozos de macetas, restos de vidrios, latas, etc) arrojados en el lugar, y los servicios, contratados por el ayuntamiento, hicieran una profunda limpieza, lo que ha condicionado en forma importante la acción investigadora de la justicia.

La animadversión de la policía contra los jóvenes chilenos y argentino, sin antecedentes penales, se trasladó al juez instructor. Éste negó concederles la libertad provisional y desestimó en forma sistemática diligencias indagatorias presentadas por la defensa. Resultado, una acusación basada exclusivamente en el atestado elaborado por la Guardia Urbana y que los 18 policías repitieron de memoria ante el tribunal. Su presidente, a su vez, hizo valer sus facultades para contener indagaciones en el juicio disfuncionales a la acusación de la fiscal.

Tras todo ello, el Embajador Puccio, interesado en el caso, informa a la Cancillería, el Senador Naranjo se entrevista con sus autoridades y prevenirlas ante la posibilidad de consumarse “un acto de aberración jurídica” y, que si así fuera, dice, “no podemos quedarnos mirando como si nada pasara”.

UN 10 DE DICIEMBRE POR CINCO PAÍSES

2007-12-11T08:37:00.000-08:00

Mientras el ex dictador peruano Alberto Fujimori, sentado ante el tribunal, ha comenzado a responder la acusación de transgredir los derechos humanos en su país, el Presidente argentino, Néstor Kirchner, de pié ante el Congreso, le entrega el gobierno de a la Presidente electa, Cristina Fernández. Es 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos. Perú y Argentina lo simbolizan con esa afinidad de justicia y democracia, no siempre acogida por los que administran procesos de transición.

El Estado peruano ha logrado, con la colaboración del chileno, procesar a al ex dictador. Su Corte Suprema, 15 días antes, condenó a prisión a 10 ex ministros de Fujimori por participar en el autogolpe del 5 de abril de 1992. Una decisión que crea jurisprudencia de cara a políticos o militares dispuestos, en el futuro, a tramar golpes de estado, acto reconocido en la sentencia como marco político generador de violaciones de los derechos humanos, uno de los motivos por los cuales se juzga a Fujimori.

Así como Perú logra sobreponerse con justicia, Argentina lo hace con democracia. El Tribunal Supremo anuló las leyes de Punto final y Obediencia Debida y los actos de indultos a favor de los jefes militares que impedían procesar a personas por “delitos de lesa humanidad”, hechos, según el Tribunal, “contrarios a la Constitución y a toda la comunidad internacional” y, por lo tanto, “el estado tiene la obligación de esclarecerlos e identificar a sus culpables”.

El gobierno de Kirchner removió, con el apoyo del Congreso y la ratificación de la Corte los obstáculos para procesar a personas que infringieron, entre otras disposiciones, la Convención para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, que Argentina colaboró a dar forma a este instrumento jurídico vinculante de carácter universal al ser crímenes de lesa humanidad.

En 2007, El Tribunal Supremo de Uruguay reconoció el carácter permanente para los delitos de desaparición forzada y la sustracción de menores y, por lo tanto, la inaplicabilidad de la Ley de Caducidad (o amnistía), promulgada en tres días por el gobierno de José María Sanguinetti, en 1986, ante la presión militar. El 4 de septiembre, demócratas uruguayos, incómodos con la amnistía a delitos de lesa humanidad, iniciaron una campaña ciudadana para que los uruguayos le abran cauce político a la justicia pronunciándose sobre la Ley de Caducidad en el 2009.

En Brasil, el gobierno de Lula condenó, en agosto pasado, por primera vez, las dictaduras militares (1964- 1985) al presentar el informe que concluye diciendo que los crímenes fueron por una “decisión consciente de los gobiernos de la época” y con “pleno conocimiento de las más altos jefes de las Fuerzas Armadas”, descartando que hayan sido obra de individuos sin control de sus superiores. La demanda por abrir los “archivos de los gobiernos militares” ha logrado revocar el plazo de 50 años decretado por el ex Presidente Cardoso. Sin embargo, la justicia continúa pendiente.

Chile, candidato a un asiento en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, tiene su deuda con el mundo al aún no ratificar 5 convenciones internacionales de derechos humanos, como la de Protección de Personas por Desapariciones Forzosas, Imprescriptibilidad de Crímenes de Guerra y de Lesa Humanidad y el Estatuto de la Corte Penal Internacional (CPI).

Tampoco ha cumplido su promesa de superar la autoamnistía de 1978, que impide hacer justicia en delitos de lesa humanidad ni doblegar las resistencias a un Instituto de Derechos Humanos competente para seguir procesos por violaciones de los derechos humanos. Ello, en parte se explica por un sistema electoral que entrega un virtual “poder de veto” a la derecha y en el caso de la CPI, que Chile otrora patrocinó, se agrega el temor a recibir sanciones de Bush, especialmente en el negocio militar.

Perú y Argentina sobresalen en el paisaje de los derechos humanos en el Conosur. Uruguay no se conforma consigo mismo y se da ánimo para abrirle cauce político a la justicia. Brasil reaparece, con la condena oficial a los regímenes militares, pero sus crímenes de estado siguen impunes y Chile acumula su deuda con el mundo, en forma paradójica, por una de las obras de Pinochet, el sistema electoral vigente, más allá del primer año de su muerte.

LA MEMORIA PASEA POR LA CALLE

2007-12-05T02:36:00.000-08:00

La memoria está activada en España. Desde el inicio de siglo asoman trozos de historias no contados. Se agiganta la opinión de que la elite política de la transición pasó de puntillas por la guerra y la dictadura: dejar “todo en silencio cerrado, bien cerrado”, así como el Caudillo, antes de su hora, quiso dejar “todo atado, bien atado”.

Hacer memoria inquieta a los que vencen con descargas brutales, sin límites, pero además aflige a sus herederos - políticos o sociológicos- e intranquiliza a quienes ahora, con poder, prefieren, si no el silencio, hablar bajo, poco y de vez en cuando.

En España comienzan a escarbarse fosas comunes donde yacen identidades fusiladas en la guerra civil, pero también en ese periodo difuso, difícil de datar su comienzo y final: la transición española, aquella representada por una imagen rebosante de cordialidad, serenidad, armonía y efectividad, que “muestra cada vez menos e impide cada vez más comprender los hechos históricos que supuestamente representa”.

La memoria viva se pone en movimiento: documenta y conmueve por la televisión, anima tertulias radiales, impregna reportajes, fotografías y comentarios en páginas a diario, testimonia y explica empinándose en el escenario del panel o conferencista. La memoria se despliega en el espacio cultural exponiéndose con todos los medios, tradicionales y modernos. La transición española, la idílica, es escrutada.

En Transición, exposición de los historiadores Ricard Vinyes, Manel Risques y del ensayista Antoni Marí, anuncia, de entrada, un relato de los ciudadanos que protagonizaron la transición y no el de las elites políticas que la monopolizaron; la de los que vieron morir a Franco en la cama y dieron muerte a la dictadura en la calle.

Un tiempo movido por huelgas ilegales que, reprimidas, erosionaron el franquismo desencadenando la politización democrática; por ocupaciones de universidades; por maestros y escuelas innovadoras que encararon el molde autoritario; por jóvenes y mujeres que resquebrajaron el cerco de la familia patriarcal, dando aire a la expresión de la sexualidad y la diferencia; por recitales y conciertos convertidos en manifestaciones que llenaron el espacio público, y por movimientos y campañas cívicas a favor de la amnistía, el fin de la pena de muerte y la diversidad territorial.

En medio de esta convulsión, el Consejo Nacional del Movimiento sesionó, a puertas cerradas del 17 al 21 de febrero de 1971. “¿Qué sucede en España?”, preguntan. “El proceso de envalentonamiento social es claro”, afirman y “dónde están nuestros pensadores políticos?, ¿por qué no salen?, ¿existen?”, cuestionan. “Algo huele mal, el régimen se debilita peligrosamente”, dicen. “En las condiciones actuales sólo con Franco el Movimiento sobrevive, pero sin él no sobrevivirá”, anticipan. “Hay que luchar contra todos los subversivos, retomar la iniciativa y recuperar la calle”, proponen.

Los protagonistas de la transición colocaron en jaque el régimen cuatro años antes de la muerte del Jefe. Los ciudadanos no abandonaron la calle hasta desatar todo lo que ataba a la libertad. Después, la elite política y mediática suministró sobredosis de silencio, y triunfalismo, cargando la mochila del país con demasiada injusticia no reconocida.

La ley de memoria histórica, recién aprobada, insinúa eso: dar consistencia a verdades en hechos no asumidos, restablecer equilibrios que la elite política negó. A esto, la derecha española llama el “fin del espíritu de la transición”, esto es, “olvidar la dictadura, rebajar el nivel de tiranía de aquel régimen, relativizando al máximo los efectos devastadores del franquismo que tuvo sobre la sociedad española”, como lo escribe La Memoria Insumisa de Nicolás Sartorius y Javier Alfada.

LA DERECHA MIRA A ESPAÑA Y...

2007-11-05T00:42:00.000-08:00

La derecha chilena, liderada por el empresario Sebastián Piñera, cuando vuelve su mirada hacia España se reconoce en el Partido Popular (PP), actualmente tutelado por el aznarismo, término acuñado por el fallecido escritor Manuel Vázquez Montalbán en referencia a su líder, el ex Presidente del Gobierno, José María Aznar.

El PP, presidido por Aznar, desarrolló a partir de 1993 la estrategia del “desalojo” de los socialistas del gobierno. Logró su objetivo en tres años con una oposición áspera que no dio respiro al gobierno de Felipe González -más de una década en el poder- depreciado por su letargo ante las evidencias de corrupción, a lo que sumó actos ilegales en la lucha contra ETA.

La derecha retornó, unida en un solo partido, con franquistas vehementes y enfriados y descendientes con lenguaje liberal-democrático, pero de talante autoritario, estilo que simbolizó el chillido que Aznar arrojara al Presidente del Gobierno desde el estrado en el parlamento: “¡Váyase señor González!”.

La estrategia del “desalojo” intenta implementarla parte de la derecha chilena para desplazar a la Concertación, coalición que -más de década y media en el gobierno- evidencia fatiga y falta de cohesión, sin reflejos para evitar conductas de corrupción y carente de entusiasmo hacia su actual liderazgo femenino.

La derecha chilena se mira en una derecha que impugna la sentencia del tribunal español que condena a 17 yihadistas por su participación en el atentado terrorista de la mañana del 11 de marzo de 2004, que dejó 191 muertos y 1.857 heridos que viajaban en cuatro trenes hacia Madrid, tres días antes de las elecciones generales.

Entonces, el gobierno de Aznar, de cara a las elecciones del 14 de marzo, optó por acusar a ETA como autora del atentado, a pesar de que la policía, la tarde del mismo día del suceso, la había descartado y seguía la pista de los yihadistas. La incoherencia entre el discurso oficial y la acción policial fue advertida y, favorito en las encuestas, perdió las elecciones.

El partido de la derecha española no admitió la derrota dada por los ciudadanos que acudieron en masa a votar. La muestra de ello es que durante estos tres años, apoyado por el diario El Mundo y la radio COPE (de la Iglesia Católica), “contra toda evidencia”, insiste en la presencia de ETA en el atentado, desafiando el proceso de tres años y la sentencia judicial de la semana pasada.

El PP tuvo la misma actitud, durante tres años, al insistir, “contra toda evidencia”, en la existencia de armas de destrucción masiva en Irak, para justificar la decisión de participar en su invasión. Hoy guardan silencio sobre aquello, lo que probablemente harán en un tiempo más respecto a sus tesis sobre el atentado del 11-M.

Lo mismo sucede con la ley de memoria histórica. El PP la impugna diciendo que produce “división entre los españoles”, pero tras esta afirmación cobija el deseo de pasar página, por la complicidad con el franquismo que muestra al rechazar la condena de ese “proyecto genocida con miles y miles de fusilados después de la guerra no como víctimas de una venganza, sino de un monstruoso proyecto de depuración de la sociedad española a través del exterminio”, según señalara, hace unos días, el historiador Josep Fontana en el Coloquio Internacional Memorial Democrático-Políticas Públicas de la Memoria.

Este es el talante de la derecha española de los últimos 14 años con la que comulga la derecha chilena.

PREMIO Y CASTIGO

2007-10-15T06:56:00.000-07:00

El juez Carlos Cerda ha recibido - en 2007 - un premio internacional por su afán de hacer justicia ante las violaciones de derechos humanos en Chile durante la dictadura de Augusto Pinochet. El mismo juez recibió - en 2006 - un castigo de los partidos de la derecha al rechazar sus parlamentarios su ascenso a la Corte Suprema por “malas calificaciones” recibidas tras resistir, en 1986, la orden de amnistiar a militares y miembros del Comando Conjunto que había procesado. En total 40 uniformados, 33 en servicio activo.

La coincidencia temporal y de motivos para otorgar un premio e infringir un castigo al juez Cerda, y que la honra venga de una institución internacional vinculada a la justicia y la repulsa provenga de los partidos vinculados a la dictadura, hace revivir esa relación antagónica, entre los que se hacían cargo de los derechos humanos y los que eran complacientes o sumisos ante sus violaciones contra los que eran calificados de “subversivos”, “comunistas”, “antipatriotas”, o a esos que “algo habrán hecho”.

La derecha ¿se distancia de Pinochet?, ¿lo abandona? Tras la detención en Londres, ésta lucha en forma vehemente por su retorno a Chile. De vuelta, rechaza que sea juzgado, aunque, tocado su liderazgo, comienza a incomodarle: desaparece de su discurso y escabulle la pregunta o la alusión a su “presencia”. Cuando desde Washington se le acusa de enriquecimiento ilícito instintivamente huye. Su territorio político se cubre de silencio, uno que otro susurra… decepción.

La tumba política del dictador parece sellada. Sin embargo, tras su muerte biológica, filtra su hedor. Lo irradia pegado a los cuerpos de su esposa, sus hijas e hijos y oficiales de Ejército retirados que desfilan hacia lugares de reclusión. La derecha arremete contra el juez. En el hemiciclo, sus parlamentarios, sin vergüenza, arrancan de la celebración que suscita este paso hacia una justicia que no acaban de asimilar.

La derecha se esfuerza por “pasar piola”, pero el maquillaje se le corre cada vez que re-aparece este espectro de larga vida llamado Pinochet. Lo tiene muy prendido en su entraña. Por más que jueces vayan levantando velos extendidos durante 33 años (1973-2006), revelando la trama de su régimen y enseñando los detalles de su crueldad y astucia, la derecha en vez de seguir el derrotero de la justicia, opta por el de la impunidad, recubriéndola de una retórica de consenso, estabilidad, progreso y futuro.

No hay mañana sin ayer, lucía seductor el lema del 30 aniversario del golpe de las Fuerzas Armadas y de Orden que arrasó con la democracia republicana de la Constitución de 1925. Una frase sugerente y útil para releer la experiencia de los 17 años de dictadura, con sus anexos (de los 16 siguientes).

“Por qué apoyaron lo que apoyaron; por qué no hablaron; por qué no miraron y cómo se las arreglaron para no saber”, pregunta la Presidenta Bachelet el pasado 5 de octubre. Si en vez de huir, aceptaran revisar su ayer con los hechos que comenzaron a develarse en Lonquén (1979), y que jueces, como Cánovas, Bañados, Benquis, Cerda, Muñoz, Juica, Solís, Montiglio, Madrid, entre otros, continuaron y continúan destapando, podrían liberarse del espectro y lucir sin maquillaje. Una contribución al mañana.

MIRADAS

2007-10-02T05:41:00.001-07:00

Chile, primavera de 2007. Empresarios advierten que “el estado de derecho está siendo quebrantado” por trabajadores en conflicto; añaden que “el gobierno no está ejerciendo su autoridad” y a, renglón seguido, dicen que “la Presidenta es incapaz de tomar decisiones”, concluyendo que hay “un vacío de poder”. Un plagio del relato de sus antecesores de la SNA y de la SOFOFA, cuando maniobraron y financiaron la preparación del golpe de estado del 11 de septiembre de 1973. La descripción se complementa con el reclamo a coro de la derecha: más “mano dura” e incluso uno de ellos sueña con “toque de queda en algunas poblaciones”. El broche lo pone el aspirante presidencial Sebastián Piñera: “hace falta más liderazgo presidencial para recuperar el rumbo y el ritmo que nuestro país está perdiendo”.

LA PRESIDENTA EN DEUDA

2007-10-02T05:41:00.000-07:00

Los tratados de libre comercio internacionales discurren, mientras las convenciones internacionales de derechos humanos se atascan en el parlamento chileno.

En el lenguaje de la elite, los tratados hablan de bienes, dinero, negocios, ganancias y expectativa de bienestar, de un futuro aromático, ese que, según el Ministro de Hacienda, haría de Chile un país desarrollado el 2020, ya no en el 2010 como fuera prometido.

En el mismo lenguaje, las convenciones hablan de personas, derechos, valores, compromisos, y expectativa de seguridad de los pueblos, de sus ciudadanos ante golpes de estado, genocidios y etnocidios; guerras de ocupación, preventivas y/o “humanitarias”; de un pasado que apesta y del que la elite huye o aborda a regañadientes, con poco interés de descubrirlo en todo lo que significa.

Hace un año, la Presidenta Bachelet regresó a Villa Grimaldi a visitar su propia historia y la de millares de chilenas y chilenos. Acompañada por ex prisioneras y prisioneros, amigas y amigos. También cámaras y reporteros que registraron y difundieron por el mundo este gran gesto humano y político, dos términos escasamente asociados.

Desde allí, la Presidenta anunció buscar mecanismos para desbloquear los impedimentos a procesar y sentenciar a acusados por crímenes de lesa humanidad entre 1973 y 1978. Lo hacía en respuesta a la resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, que se había pronunciado contraria a la aplicación de la llamada ley de amnistía, por ser incompatible a hacer justicia respecto a esos delitos.

La Convención sobre imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de lesa humanidad es uno de los seis tratados sobre derechos humanos que la “minoría del parlamento” se resiste ratificar, obstruyendo su incorporación al ordenamiento jurídico local. La actitud de este poder del Estado debilita la legitimidad de la aspiración chilena a sentarse en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

Si miramos más allá del ombligo y de las fronteras, la demanda por cautelar los derechos de las víctimas de las dictaduras es una corriente de los gobiernos democráticos en América Latina. El gobierno del Presidente Lula ha conseguido, el 22 de septiembre pasado, que Tribunal Supremo permita acceder a documentos secretos y descubrir el paradero de los restos de brasileños muertos o desaparecidos en enfrentamientos entre Ejército y guerrillas durante la dictadura militar (1964-85).

A su vez, la Corte Suprema Argentina anuló, el 13 de julio pasado, los indultos del ex Presidente Menem (1989 y 1990) que exculpaban a militares responsables de desapariciones de personas y robo de bebés de detenidos desaparecidos. Con ello se ha reconocido la doctrina de que los crímenes de lesa humanidad no prescriben, como lo ha sostenido el gobierno del Presidente Kirchner.

También, el gobierno del Presidente Tabaré Vásquez, desde marzo de 2005, ha abierto investigaciones sobre desapariciones de personas y mandos militares podrán ser procesados por secuestros de bebés, independientemente de la Ley de Caducidad que estableció impunidad jurídica a la comisión de delitos cometidos por militares y policías durante la dictadura entre 1973 y 1985.

La palabra del gobierno de la Presidenta Bachelet está empeñada con una solución en favor de la justicia en los casos de crímenes de lesa humanidad, como lo demanda la Comisión de la OEA. Los parlamentarios deberán actuar no sobre un pasado, sino sobre una realidad presente, viva, que tiene pasado y que condiciona futuro. Está por verse si Chile prefiere sintonizar, esta vez, con los gobiernos democráticos cercanos o prefiere mantenerse al margen de los acuerdos mundiales sobre derechos humanos, como lo hace el gobierno del Presidente Bush.

2007-09-28T10:44:00.000-07:00

El ex Presidente sale del Museo de Arte Moderno. Se le consulta por las alusiones que George Bush hace de Chile en una conversación con José María Aznar en febrero 2003, días antes de la invasión a Irak, reveladas por el madrileño diario El Pais. “No voy a responder cosas del pasado”, fue su respuesta. No obstante, en Estados Unidos, titulares, articulistas, columnistas de los principales diarios y cadenas de televisión destacaban las sorprendentes y novedosas revelaciones.
El tiempo en política no es cronológico, lo sucedido puede recobrar vigencia una o más veces y muchas acciones presentes pueden hacer revivir (o recordar) un pasado.
Un ejemplo local, la ausencia de personalidades de la derecha chilena en la conmemoración de los 10 años de la muerte del Cardenal Silva Henríquez, hizo presente la enemistad y el odio incoado al menos hace 45 años, cuando en 1962 tomó iniciativas a favor de los campesinos que cuestionaban el régimen de latifundio.
Un ejemplo universal, “Que sucediera una vez significa que hay la posibilidad de que se repita” decía el sobreviviente de Auschwitz y Premio Nobel de Literatura Imre Kertész al presentar su libro autobiográfico Dossier K el miércoles 26 en Barcelona.

2007-09-28T09:18:00.001-07:00

El Ministro Viera Gallo hace responsable a la Alianza opositora a que 6 tratados internacionales que cautelan los derechos humanos no se hayan ratificado. También la Concertación es responsable que ello sea posible, pues es el resultado del sistema de representación política (binominal) que da poder de veto a la minoría. Los partidos de la Concertación desfondaron a la Comisión de Reforma del Sistema Electoral (Comisión Böeninger) a comienzos del gobierno de Michelle Bachelet. ¿Por qué? Porque percibieron que los cambios que venían hacían peligrar la reelección de muchos de sus parlamentarios y con ello la pérdida de sus dietas de casi 10 millones de pesos mensuales.
La desmejorada presentación chilena ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, a que tiene derecho como cualquier otro país, es resultado de la partidocracia influenciada por el ideario del neoconservadurismo estadounidense de la llamadas “democracias gobernables”, una de cuyas expresiones más resistentes, legada por la dictadura, ha sido el sistema electoral binominal.

QUÉ HUELE BAJO LA ALFOMBRA

2007-09-18T00:50:00.000-07:00

La acción directa de los estudiantes conmovió a la sociedad el año pasado, como la palabra directa de un monseñor la ha impresionado recientemente. Un movimiento y un discurso traslucen la desigualdad como fuente de malestar social y cultural. Un descontento corre, con más o menos intensidad, por el interior de las personas, de las familias, de los barrios, de las ciudades, de las regiones, de la sociedad chilena.

Un llamado de atención a la desigualdad social y económica, pero también en el acceso y en el trato, lo que afecta la dignidad del ciudadano y de la persona. Un malestar provocado por formas de organización y relaciones sociales impulsadas por ideas, valores y prácticas de la elite en el poder y no por motivos naturales.

Estas condiciones se dan sin fronteras, distinguen a esta época. Lo recordaba un prominente dirigente internacional: “desde hace 25 años que los desequilibrios entre Estado, mercado y sociedad se han roto a favor del mercado”. En Chile se ha perfilado un Estado acotado, a la defensiva; una sociedad civil insignificante y un mercado libre y estimulado, donde grupos empresariales nacionales y transnacionales campean.

“Crecimiento con equidad” se prometió en los 90. Dos términos que definitivamente parecen no amigarse en un modelo de producción de desequilibrios resistentes, como el adoptado desde hace 32 años en Chile y aplicado con diferentes enfoques e intenciones. Las diferencias sociales son escandalosas, dijeron los obispos en el 2005 y los partidos, de la Alianza y la Concertación, ese mismo año, prometieron programas para reducirlas.

Un año y medio después, el tema de la desigualdad había perdido notoriedad. La elite política, mediática y empresarial ni la verbalizaba ni la visualizaba. Otra vez, desde la iglesia católica asomó la cuestión: un sueldo ético debiera ser de 250 mil pesos mensuales, soltó la voz del obispo. Asombro, desaprobación y mofa fue la reacción espontánea; luego vino el reconocimiento de que algo está pendiente entre los chilenos.

La elite cuando reconoce que la mayoría de las empresas no puede retribuir esa suma, está reconociendo que el modo de organización económica vigente “no da ni el largo ni el ancho” para alcanzar ese nivel de ingreso, que se supone representa una vida digna, es decir, de personas que se sienten reconocidas, valoradas en definitiva por la sociedad.

La palabra directa de 2007, como lo fue la acción directa de 2006, descubre algo fundamental, sensible, que ha estado más o menos oculto: cómo las visiones, valores y prácticas dominantes han ido consiguiendo formar mundos cada vez más distanciados, en que los individuos compiten, en sus entornos propios, por ser reconocidos como triunfadores. Esto se muestra en ambientes de uno y otro lado de la ciudad, del llamado “Chile real”, al que unos siguen viendo exitoso y otros comienzan a verlo escandaloso.

LAS SEÑAS DE DOS MUERTES

2007-09-05T06:04:00.000-07:00

Uno de los tópicos distintivo de la transición chilena: “dejemos atrás el pasado para mirar el futuro” se ha desvanecido. Puede, que su uso excesivo, como recurso retórico, lo haya vaciado de significado, o que la transición haya culminado y carezca de sentido pronunciarlo, o bien sea un sofisma ya inútil para conseguir determinados fines. Lo concreto es que los políticos, de amplio espectro, ya no lo proclaman.

La Presidenta Bachelet se dispone designar una Comisión Asesora de seis personas que, en seis meses, califique casos de detenidos desaparecidos, ejecutados políticos y víctimas de detenciones y torturas, no declaradas ante las Comisiones Rettig (1991) y Valech (2004). Mientras tanto, las fojas de los jueces con dedicación especial conmueven con los relatos que contienen sus causas contra crímenes cometidos durante la dictadura de Pinochet y que comprometen a la DINA, su policía secreta y a la DINE, la inteligencia del Ejército.

También impresiona el programa de la televisión pública, Informe Especial, cuando enseña a millones de ciudadanos-telespectadores un pasado vivo, en proceso de revelaciones. Dos de ellos: “La muerte de Eduardo Frei: una conspiración secreta” (2006) y “La ratonera de calle Conferencia” (2007) representan procesos abiertos sobre hechos que ocurrieron en mayo de 1976 y diciembre-enero de 1981/82.

Dos hechos que afectan a dos mundos diferentes. Eduardo Frei, un dirigente formado en una familia de capa media, en escuela y universidad privadas, de cultura católica y Víctor Díaz entre a lo menos 26 dirigentes comunistas secuestrados, un dirigente formado en una familia de clase obrera, en la escuela pública, como autodidacta y en la fábrica, de cultura marxista. La vida de Frei y Díaz, un democratacristiano y un comunista tienen un mismo desenlace: son eliminados por funcionarios del Estado chileno.

Este aparente contrasentido se explica en parte, porque el golpe militar y la dictadura de Augusto Pinochet, no sólo era para terminar con la experiencia de Allende y los cambios de estructuras iniciados con Frei, sino para demoler una democracia que, desde y con la Constitución de 1925, se habían ido incorporando en forma progresiva una amplia gama social proveniente de los sectores medios y populares.

Lo que los jueces Alejandro Madrid y Víctor Montiglio están desvelando con rigor y paciencia son elocuentes retratos de esa demolición, así como lo hicieron jueces de Estados Unidos, Italia y Argentina con las investigaciones de los crímenes contra Orlando Letelier, un socialista vinculado a elites internacionales, Bernardo Leighton, un democratacristiano pactista y Carlos Prats, un militar constitucionalista, o como, últimamente, otros jueces chilenos lo están haciendo con centenares de procesos.

Varios capítulos sobre derechos humanos están por escribirse. La Presidenta interviene sobre ese palpitante pasado, abriendo nuevos cauces. Los parlamentarios en la próxima primavera le darán forma para que ciudadanos continúen narrando sus historias ante los jueces, y los periodistas comuniquen textos y contextos de acontecimientos de un pasado vivo y, por lo tanto, con incidencia en el devenir.

El lugar común de la transición se ha revelado como falacia, porque los seres humanos somos pasado, esencialmente. Sin él no somos nadie, tampoco “futuro”. Lo mismo las sociedades, lo importante es intervenir en lo que son, pasado acumulado, y abrirle curso - “futuro” - para ser reconocido y asumido sin dobleces.

CÁMARA PARA EL CIUDADANO

2007-08-14T07:26:00.000-07:00

La energía, como la sangre, fluye. Discurren y sustentan la vida económica y biológica de los seres humanos. La cantidad y calidad de la energía, como la de la sangre, influye en la sociedad como en el organismo. Es algo vital, en términos políticos: estratégico.

La energía está en los meollos de los acontecimientos que saltan diariamente a las pantallas y primeras planas: desastres naturales, guerras u ocupaciones militares, citas políticas, económicas o científicas o expediciones a los extremos del planeta, los polos.

En su reciente visita a Estados Unidos, el Canciller Foxley preguntó por centros tecnológicos. Buscaba ayuda para generar fuentes de energía limpias (carbón tratado, celulosa), mientras el gobierno de Bush, deseoso de acuerdos sobre energía nuclear con terceros, designaba a Paul Simon, un especialista en energía, su representante en Chile. A su vez, Venezuela, Bolivia y Argentina formalizaban el Grupo de Países Productores de Gas.

Chile, narcotizado por el exceso de consumo de sustancias mercantiles, como el de las ventajas comparativas, se adormeció con el trato suscrito con Argentina, a mediados de los 90. En lo recorrido del siglo XXI, la tranquilidad chilena y la excitación argentina, han significado que circule menos energía por la economía chilena.

Todo comienza a costar más y el desasosiego crece. El gobierno chileno sale por ayuda tecnológica. En septiembre, una comisión de gobierno entregará un informe sobre la aplicación de energía nuclear, lo que no cuadra con lo dicho por el Canciller en Estados Unidos: “está muy verde”, “es poco realista”, “requiere de un consenso inexistente”.

Un tema de interés público - de los ciudadanos - requiere de un espacio público donde éstos se reúnan a participar del conocimiento de los aspectos de diferentes alternativas de fuentes de energía y de sus ventajas y desventajas sociales, económicas, políticas, culturales y ambientales.

La televisión pública es uno de esos espacios. Se trata de presentar una serie de programas (sobre el tema energético) en que el ciudadano-telespectador pueda observar, sentir, pensar y conversar sobre una trama televisiva, que en forma coherente combine relatos visuales, alusivos a los contenidos con debates disciplinados por un editor.

Éste, tiene la misión de estimular la deliberación, la confrontación y la comprensión de enfoques, valores, ideas, interrogantes, experiencias y argumentos y, también, de articular o relacionar (editar sobre la marcha) el debate para que no pierda su norte: suscitar interés y entendimiento en el ciudadano-telespectador. Un editor con una inmersión acotada en el tema y capacidad de escucha y reacción para llevar el debate.

La trama, en este caso sobre la energía, integra discursos emocionales y racionales emitidos por un grupo en que se mezclen personas de diferentes cosmovisiones y mundos socioculturales. Un “espectáculo” basado en las sorpresas que depara la animación y los enlaces que posibilitan los discursos de la diferencia. Es la atracción de la incertidumbre, condición favorable para que cada programa sea un explorar sobre algo ignorado, misterioso, de algo por conocer.

Por contraste, evitar aquel “espectáculo”, basado en la competencia fatua, regulada por un segundero, de discursos repetidos, a veces, colmados de frases hechas, protagonizados por un grupo de personas que, aunque de coloridos relativamente diferentes, coinciden siempre en algo básico, que su entorno los adule y los consumidores de televisión los aplaudan.

El género debate en televisión está ahí, en pañales, y qué más propio que un canal público lo tome y cultive, pero aquello requiere de algo que comienza asomar: una revisión y discusión abierta de la ley de televisión pública, después de 14 años de vigencia. Una oportunidad para colocar la dimensión ciudadana del telespectador en el centro. Acaso no era ello el cambio prometido por el cuarto gobierno de la Concertación.

ENERGÍA MÁS MEMORIA

2007-08-07T00:52:00.000-07:00

“La energía nuclear es la del futuro” fue la idea que paseó el presidente francés, Nicolás Sarkozy en su viaje por África meridional (Argelia y Libia), y subsahariana (Senegal, República Democrática del Congo y Gabón). El señuelo a sus interlocutores: ingresa a un “banco mundial de combustible nuclear” a cambio de comprometer la entrega de “energía del presente” (gas + petróleo).

La llave comunicacional de su itinerario - sólo roto por los celos de Marruecos, ofendida ante la inclinación de Sarkozy por su rival, Argelia - fue que “la energía del futuro” es como una madre que estimula a crecer y lograr el bienestar de la población, condición indispensable para triunfar en la lucha contra el fanatismo y el terrorismo.

Francia y la energía nuclear activan la memoria reciente. Surge la imagen exultante del Presidente del PPD, Sergio Bitar tras su visita a las centrales nucleares francesas. Entonces pregonó: “no podemos quedarnos atrás, pues en el mundo (la energía nuclear) adquiere envergadura” - a diferencia de la “energía del presente”- al afianzar la independencia y autonomía, bajar los costos y proteger el medio ambiente.

Una energía segura y limpia había dicho el Presidente Ricardo Lagos cuando exhortó a los chilenos a pensar en ella, en mayo de 2005. Dos términos jaqueados por el terremoto (6,8 grados) de Japón, en julio pasado y que obligó al alcalde de Kashiwazaki, Hiroshi Aida, a ordenar el cierre indefinido de la central nuclear más grande del mundo.

La seguridad y la limpieza y, más aún, la credibilidad de los ciudadanos en el uso de la energía nuclear se trizaron en los ojos de un alcalde espantado, mientras observaba tuberías rotas, 400 depósitos de desechos radioactivos por los suelos, 50 de ellos reventados, grietas en los tanques de combustibles, destrozos en el suelo, restos calcinados por el incendio al arder un transformador y fugas radioactivas por valorar.

El seísmo jaqueó y dio mate a la afirmación de Bitar: “Japón es un ejemplo de sismicidad y tiene instalaciones muy amplias y seguras”. Las autoridades o dirigentes - sin distingos- y medios de comunicación recargados de ideología, tienden a minimizar o encubrir los riesgos y efectos de lo que puede o acontece con el uso de energía nuclear.

Una actitud que sirve de sedante para una población con información insuficiente y conciencia confusa. Así, se deja amplia libertad a la ejecución de las estrategias de los gobiernos. La posibilidad de contrarrestarla y neutralizarla está en crear movimientos de opinión que conecten con el ciudadano, interesándolos y facilitándoles su comprensión.

En este sentido, la televisión pública, en tanto autónoma del gobierno, de los partidos políticos y de los poderes fácticos (materiales y espirituales), podría animar un conocimiento y un debate sobre las opciones energéticas para Chile, sin excluir ninguna.

La energía es un tema que tiene muchos filones para el periodista. Explorarlos y producir ciclos programáticos, como sucede en otros géneros televisivos, podrían colaborar en una concienciación ciudadana con lo esencial del periodismo: aquello imprevisible, capaz de infundir interés y suscitar conversaciones en audiencias heterogéneas con la realidad próxima y lejana, siempre inquietante.

EL LENGUAJE NO ES INOCENTE

2007-07-31T08:36:00.000-07:00

El juez Alejandro Madrid vuelve a colocar la figura de Eduardo Frei Montalva en los medios de comunicación. Lo hace al ordenar la detención de 4 médicos, 1 enfermera, 6 ex militares y 1 ex empleado civil del ejército. Dos de esos médicos - Pedro Valdivia y Vittorio Orvietto- eran de la DINA y facultativos de la Clínica Santa María cuando el ex Presidente de la República fue internado y operado, donde agonizó y murió.

Al día siguiente de la decisión judicial, el Partido Demócrata Cristiano celebró 50 años de existencia. Su Presidenta, la senadora Soledad Alvear, refiriéndose al desenlace de la vida de Frei, dijo: “todo apunta a que el ex Presidente Frei pudo haber sido asesinado…”.

¿Por qué la Democracia Cristiana, por su voz más autorizada, aún duda o considera políticamente incorrecto asumir que su principal figura, en este medio siglo de historia, haya sido eliminada por agentes de la dictadura, a diferencia del sereno reconocimiento que hacen los familiares del extinto: “fue envenenado con gas mostaza”?.

En los años de la dictadura, frente a las denuncias de arrestos y detenciones ilegales o prolongadas, torturas y desapariciones forzadas de personas, se impuso la fórmula que decía: mientras los tribunales no dictaminen qué sucedió, no se puede afirmar que lo denunciado sea verdad.

Entonces los tribunales poco o nada investigaban de aquellas denuncias. Sin embargo, personas e instituciones que defendían los derechos humanos se formaban y expresaban la convicción de que tras los hechos denunciados había un sistema de represión ejercido por uniformados y civiles sustentado por un Estado dictatorial.

En cambio ahora sí, los tribunales están investigando aquellas denuncias. Éstas, una a una, están ratificando lo que esas personas e instituciones, durante la dictadura, habían afirmado sin necesidad de un “visado judicial”. Los tribunales se han incorporado, cada vez con más eficacia, a administrar justicia con aquella parte de la sociedad chilena atropellada en sus derechos fundamentales, en la que estaba Eduardo Frei y los democratacristianos.

Resulta paradójico que la Presidenta de la Democracia Cristiana continúe hablando en condicional sobre los hechos sucedidos en el ecuador de la dictadura, enero de 1982. Las resoluciones de jueces sobre casos que han afectado a otros prominentes políticos chilenos asesinados y las numerosas y calificadas evidencias reunidas por el juez Madrid convergen en el asesinato.

CHILE Y BOLIVIA EN ALTA MAR (2)

2007-07-16T06:55:00.000-07:00

El Chile gobernado por Michelle Bachelet conversa con la Bolivia gobernada con Evo Morales. Lo hace sin reproches, como los que profiriera el ex Presidente Ricardo Lagos en Monterrey (2005) y fuera aplaudido con fervor por chilenos de todos los pelajes. Chile, desde hace 128 años, está habituado a un trato arrogante con sus vecinos andinos, especialmente Bolivia, más débil, tras la victoria militar de 1879.

Esa soberbia de sentirse superior la muestra con palabras: “el problema de Chile es su barrio”, Chile está para jugar con los países de “primera división”; con gestos: la renuncia de Edmundo Pérez como Cónsul General en La Paz, porque se le había agotado la paciencia (abril, 2003), la acefalía de la representación diplomática chilena en La Paz por 10 meses, la destitución del sucesor, Emilio Ruiz-Tagle, a ocho meses de designado (septiembre, 2004), por formular declaraciones diplomáticas que pretendían crear confianza con en el país vecino.

Pero lo que hace más daño es la política de no escuchar “al otro”: sus reclamaciones, sus argumentos, sus alternativas. Adoptar la opción tajante de intentar invalidar su voz y racionamiento al decirle que lo suyo no tiene valor, porque ha quedado zanjado, en el caso que nos ocupa, en el terreno de las armas (1979) y definitivamente archivado en el terreno de la diplomacia (1904).

Los tratados internacionales, como las constituciones y las leyes, generan obligaciones, no obstante, éstas pueden modificarse si los estados y los ciudadanos, según sea el caso, así lo determinan luego de reconocer una realidad cambiante, de desarrollar un debate reservado, primero, abierto después y de usar mecanismos previamente convenidos para resolver los contenidos y los términos de lo que se desea modificar.

La política regional del gobierno chileno se define de “integración abierta”. El Canciller Alejandro Foxley, en entrevista al diario neoconservador El Mercurio, decía que las relaciones de Chile con los vecinos, Bolivia uno de ellos, es central para la integración chilena en América Latina y desde ahí proyectarse al mundo. Sería iluso pensar que Chile pudiera participar en un mundo globalizado desde una posición solitaria en la región y, agregaba, que Chile debe aprender a convivir con los diferentes tipos de democracia existentes y en este contexto ser un factor de convergencia. Ello requiere de credibilidad internacional y una de las varas para medirla es la calidad de las relaciones con los próximos, los vecinos.

Encuestas de opinión pública muestran que una mayoría no desea que el gobierno negocie con Bolivia un acceso soberano al Pacífico. El canciller Foxley, en la entrevista aludida, se lamenta del alto porcentaje de chilenos en desacuerdo con la propuesta de “un mar para Bolivia” y apela a desplegar una tarea educativa para que los chilenos entiendan que los países tienen que integrarse de verdad en el siglo XXI.

La pregunta es: qué tipo de relación desea Chile con Bolivia en el largo plazo; qué características y términos debiera tener la integración con Bolivia y entonces, preguntarse si conviene a un Chile integrado a su región y desde ahí al mundo global un acceso soberano de Bolivia al Océano Pacífico. El gobierno de Michelle Bachelet ha comenzado a responder esta pregunta, lo hace escuchando al gobierno de Evo Morales.

Cuando las confianzas sean firmes, sería oportuno considerar que los ciudadanos bolivianos y chilenos dispusieran de elementos que le permitiera creer que es posible aquella “integración de verdad”, mencionada por el canciller chileno. Un aporte a que los chilenos puedan comprender por qué una amistad cívica y una integración de proyectos compartidos con el mundo y la cultura andina, que representa Bolivia, es mejor, que la arrogancia -altiva o indiferente- predominante hasta ahora y que lo más probable conduciría a restar crédito integracionista a Chile en la región y, por ende, siguiendo al Canciller, debilitar su proyección en el mundo global.

CHILE Y BOLIVIA, HACIA ALTA MAR (1)

2007-07-10T13:08:00.000-07:00

¿Qué nuevo hay entre Chile y Bolivia que conversan sin sobresaltos?, a diferencia de los malhumores de Perú con Chile, que le reclama 37.900 metros cuadrados de espacio marítimo al querer trazar una bisectriz, en vez de la actual paralela, desde el punto de la Concordia o, en contraposición a los espesos encuentros de Chile con Argentina debido a la falta de fluido que, se suponía, haría circular como por un tubo una nueva amistad.

Desde julio de 2006, Chile y Bolivia conversan alejados del bullicio de la farándula mediática, como si estuvieran, ambos, en algo que les es propio, como en medio del mar, pacífico hasta ahora. Evo Morales, un indígena y Michelle Bachelet, una mujer se han reunido 8 veces en 1,8 año de gobierno. Sus colaboradores lo hacen desde hace 1 año en un Comité Binacional de Consultas Políticas. Trece temas están ahí, sobre la mesa, incluido uno, el número seis: el acceso al mar de Bolivia.

El que fuera activista cocalero, dirigente campesino, fundador y diputado del Movimiento al Socialismo (MAS) y luego elegido Presidente por mayoría absoluta (53,74%), el segundo de la historia de su país, navega y empuña el timón ya no de frente a las costas, como se estaba habituado a hacerlo en los espacios multilaterales, sino enfilado de modo que la navegación sea paralela a la ribera.

La opción de Morales es ensayar una nueva carta de navegación, como las que se emprenden para reconocer, en este caso las inmensidades y los límites que van a una y otra banda. Este rumbo lo hace junto a Chile. Y aquí parece estar la novedad significativa: la falta de acceso soberano al mar de Bolivia no es un problema de uno ni de otro. Es de los dos, es un “problema conjunto” y, por lo tanto, ha de conversarse entre ambos y en un tiempo lo suficientemente amplio como para no estrellarse en las abruptas costas nortinas, sino que hacerlo a través de la inmensidad del Pacífico.

Se crea un contexto en que el tiempo no requiere de límites fijos, dramáticos. Al contrario, se precisa de tiempo para explorar, reconocer, diferenciar y descubrir “en conjunto” los territorios mentales y físicos que permitan deshacer, añadir y unir una variedad de elementos. Urdir confianza en sí mismos y con el otro hasta sentirse cómodos en esas confianzas. Convencerse de que uno y otro pueden, y es deseable que lo hagan, colocar el pasado por delante, de cara al futuro, para poder “en conjunto” efectivamente acordar las bases de una nueva relación, más próxima a los retos, de ambos, del siglo XXI, que de los errores, de ambos, del siglo XIX y XX.

La opción boliviana es conversar sin sobresaltos de la “reintegración marítima”, un concepto diferente al de “reivindicación marítima”, pues considera que el “problema conjunto”, de Chile y Bolivia, no tiene ya como único “puerto” un acceso soberano al Pacífico, sino que este “puerto” podrá ser real si es parte de una integración contenida de muchos otros aspectos, cuyos algunos titulares están entre los 13 temas en conversación. El diálogo ha reemplazado a la presión y si éste es verdadero, con confianza, surgirá algo diferente a lo que actualmente está en la cabeza de Bolivia y Chile, de lo contrario sería una parodia.

TIENEN LA PALABRA … DIPUTADOS

2007-06-22T06:47:00.000-07:00

Un grupo de diputados durante 60 días, dos veces a la semana, trabajarán en público, ante los ciudadanos-televidentes. Esta vez no aparecerán maquillados en estudios escenificados para ser protagonistas de un espectáculo. No obstante, podrían convertir su propia sala de reuniones en una juerga mediática - de farándula - con guiones y técnicas útiles para liquidar o blanquear las imágenes políticas de sus invitados.

Una de las funciones primordiales de los diputados en una democracia es la de fiscalizar los actos de gobierno. Elegidos por los ciudadanos, los representan y su deber es velar por sus derechos que puedan ser afectados por decisiones, procedimientos y conductas del gobierno. Esta condición del diputado -mandatario de los ciudadanos- es una dimensión fundamental en su desempeño, diferente a esa otra dimensión, la político-ideológica.

Coherente con los ciudadanos, un diputado, de gobierno o de oposición, en una comisión investigadora puede arribar a una convicción de que los actos, procedimientos y conductas de un gobierno, independiente de su color político-ideológico, pueden ser acertadas o equivocadas, causante o no, en este caso, del fiasco del proyecto de modernización del sistema del transporte público de la ciudad metropolitana.

A los diputados no se les ha elegido para escenificar talk show donde los roles están prefijados para un espectáculo en que se trata de denostar y humillar al otro estimulando el morbo del público, sino para legislar a favor de los ciudadanos y fiscalizar al gobierno ante hechos fundados que puedan perjudicar los derechos de los ciudadanos.

Es común en Chile y en otras partes, que los políticos sean indiferentes o se irriten ante la crítica a las “democracias actualmente existentes”. Nada parece decirles a los políticos chilenos que más de 2,5 millones de personas hayan optado por no hacer uso del derecho a elegir representantes, tampoco se inmutan frente a la desconfianza y deshonestidad (sobretodo por la incoherencia entre el decir y el hacer) que los ciudadanos señalan a través de encuestas de opinión pública.

La ejemplaridad pública de los políticos ha desaparecido del imaginario chileno. ¿Qué puede leer el ciudadano común cuando ve a sus representantes y sus líderes de hacer un uso mercantil de la notoriedad mediática o de la fama social que cosechan en el ejercicio de la política?

La decisión de los 82 diputados de investigar es acertada. Sin embargo, se espera que el trabajo del grupo sea y parezca transparente, limpio. Es una oportunidad para rehabilitar virtudes cívicas como la firmeza de convicciones, la claridad de exposición y el respeto hacia el otro: el colega, el invitado y, especialmente, el ciudadano-televidente.

La disyuntiva de los diputados es, o descubrir a los responsables de la ineptitud política u ocultarlos mediante el programa habitual de juerga mediática.

UNA PREGUNTA PARA CHILE

2007-04-30T07:32:00.000-07:00

Tengo una pregunta para usted. ¿Cuánto vale un café?, pregunta Jesús Cerdán. Unos 0,80 céntimos, responde, el Presidente del Gobierno de España, José Luis Rodríguez Zapatero y Cerdán le comenta: “eso era en los tiempos del abuelo Pachi”. Veintitres días después, la tímida voz de Violeta Aranguren, la pensionista que recibe 300 euros mensuales (214 mil 500 pesos), dice “si no es mucha molestia, ¿podría decirme qué gana? El Presidente del Partido Popular, de derechas, Mariano Rajoy traga saliva, le hace repetir la pregunta y emprende la fuga. Una semana después diría “es que me quedé cortado” y entonces decide soltar lo que le atragantaba: 8000 euros (5 millones 720 mil pesos).

La televisión pública española consigue re-escenificar la política. La coloca en una dimensión de democracia directa, crea un ágora en que, cara a cara, escogidos de acuerdo a sofisticadas muestras, 100 ciudadanos se encuentran con la autoridad, en este caso política. La audiencia desborda toda su imaginación y se dispone a disfrutar una relación política genuina: la del ciudadano con el político. Más de 7 millones de miradas se asomaron a ver -parte o toda- cada una de las funciones, de dos horas de duración.

El atractivo de la escenificación es algo intangible: la incertidumbre o lo imprevisible, determinado por un desusado espectro de diversidades de género, de edades, de nacionalidades, de regiones, de condiciones sociales y económicas, de procedencias culturales, ideológicas y políticas, que pretende significar la sociedad, la ciudadanía frente a la figura del gobernante, del político.

El alto grado de lo imprevisible está íntimamente vinculado al ensanche de las condiciones de libertad de los ciudadanos (en este caso de los 100) y con la reducción de los grados de protección (o de seguridad) del político (Rodríguez Zapatero y Rajoy). Más libertad, menos seguridad, lo contrario a las actuales tendencias dominantes en las relaciones sociales en Occidente. Una ecuación cada vez más escasa y, quizás, en parte por eso, más deseada y agradecida.

Las reacciones afloraron: “hubo democracia de la buena”, “libertad y autenticidad” o se alcanzó algo propio de la política: “hablar de cosas que nos afectan en nuestras vidas cotidianas”. Este espacio de televisión ha logrado develar una relación muy diferente a la que despliegan los políticos desde el hemiciclo, de sus sedes partidarias o desde los propios medios de comunicación, cuando no están en relación a los ciudadanos.

Este sujeto complejo por lo diverso, el ciudadano, ha traído en este espacio de relación directa con el político, un frescor, una cordura, una atención, una emoción con su timidez, con su rudeza, con su nerviosismo, con su sencillez a la política que, dejada sólo al arbitrio de los políticos, se degrada o, lo que es lo mismo, se corrompe en España, “aquí - en Chile- y en la quebrada del ají”.

ALÓ, HABLA EL CANCILLER…

2007-03-25T07:41:00.000-07:00

Los tiempos no están para epopeyas, no lo están para contemplar poemas narrativos referidos a hechos heroicos, históricos o legendarios. La fuerza inapelable de la “razón de estado” ha hecho retroceder a los guerreros chilenos, peruanos y bolivianos representados con ojos del siglo XXI, ha dejado mudos a ciudadanos e historiadores de estos tres países y ha ocultado las imágenes de niños y maestros de hoy, que aprehenden de las epopeyas protagonizadas por los guerreros del siglo XIX.

El cuarto gobierno de la Concertación, como los tres anteriores, ha discado el celular de la televisión pública. La censura se ha dejado escuchar en el interlocutor y ha procedido a cumplir los deseos de un atribulado canciller, postergando en forma indefinida su eventual proyección.

La censura del canciller, por una parte, impide que los ciudadanos-telespectadores puedan contemplar, pensar y debatir acerca de la relación con los vecinos y, por otra, acosa a la estación televisiva en su función de pensar, imaginar y producir con libertad un servicio de comunicación relevante para todos los chilenos.

La exhibición de una serie de tres capítulos sobre la tragedia que enemistó, hasta hoy mismo, a Chile con dos de sus vecinos quedó postergada “hasta nueva orden”, como se decía hasta no hace mucho. O hasta que el gobierno peruano le haga saber al canciller chileno que ya la epopeya no le incomoda en el trato con su propia oposición. O hasta que la televisión pública se decida a hacer valer su autonomía.

La independencia de la televisión en su gestión financiera no tiene correspondencia con su gestión editorial. En el gobierno de Aylwin, como ahora en el de Bachelet, presionó para impedir la proyección de programas, entonces que afectaría la tranquilidad del Ejército de Pinochet y ahora la del gobierno peruano de Alan García.

Pero, más bochornosa fue la relación de los gobiernos de Frei Ruiz-Tagle y de Lagos con la televisión pública. En el primero, desde La Moneda se urdió la destitución del Presidente del Directorio de TVN, porque éste no satisfacía las expectativas informativas. En el segundo, desde La Moneda se maquinó a presión la renuncia de un directorio que se suponía autónomo, es decir, que sus cargos expiraban de acuerdo a unos tiempos normados y no a la discrecionalidad del Presidente de la República.

El liderazgo de Michelle Bachelet, validado por una ciudadanía que la eligió Presidenta de la República, se fundó en la expectativa de un cambio: el reconocimiento del derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos. La serie Epopeya, por los antecedentes entregados, es un documento precisamente para pensar y formarse una opinión sobre los vínculos con Perú y Bolivia, sin embargo el canciller se aleja de su liderazgo al impedir a los ciudadanos a acercarse a uno de los problemas internacionales más relevantes de este gobierno: la relación con sus vecinos.

¡AÚN HAY PLAZA, CIUDADANOS!

2007-02-28T01:56:00.000-08:00

A la vista está el aniversario del primer año del gobierno de Michelle Bachelet, como lo está la plaza de la Ciudadanía envallada, vigilada y vacía desde hace medio año. Desde el 10 de septiembre cuando personas, nunca identificadas, aprovecharon el paso de una manifestación conmemorativa del 11 de septiembre por el costado de La Moneda, arrojaron una “molotov” sobre una de sus ventanas.

Un contrasentido es restringir a los ciudadanos esta plaza “de la Ciudadanía”, por parte de un gobierno que desde su comienzo planteó la rehabilitación del ciudadano hasta entonces minusvalorado por una Constitución que conserva aún huellas de la llamada “democracia protegida y eficiente” o por estilos tecnocráticos en el ejercicio de gobierno.

Demasiado castigo para los ciudadanos estos seis meses, a no ser que la plaza haya sido abolida por su no uso transformándose, como una vez le escuché decir a uno de sus vigilantes, “en un área de seguridad interna de la sede del Gobierno”. De ser así podría hacerse explícito de que la plaza ha pasado ser el cuarto patio de La Moneda.

La idea original de la plaza era la creación de un híbrido lúdico y cívico. El paseo y el acontecimiento. Recogía la memoria de la Alameda histórica: el paseo familiar, el juego, el encuentro amistoso junto a la manifestación social, cultural y política. Una plaza polivalente, concurrida por la diversidad de la ciudad.

Toda una representación de la modernidad (o posmodernidad, si se quiere), en un contexto de transparencia que se prolongaba hasta la Plaza Almagro. Pero, la idea ha sido intervenida por el dominio de la estética del orden y la seguridad, donde la expresión humana se excluye; el lugar se convierte en un no-lugar: espacio desocupado, de restringido tránsito de peatones. Lo visible es el policía que vigila e inhibe, imponiéndose un vacío monumental; lo contrario a una estética formada con la presencia de la diversidad, del movimiento, de la expresividad cívica, propio de una cultura democrática.

La Presidenta Bachelet, levantada por una amplia ciudadanía entusiasta, esperanzada, más que por la estrecha esfera política abúlica, conformista, podría pensar en como devolverle este espacio histórico y renovado a los chilenos. Bien podría ensayar algunos pasos, como sostener “diálogos ciudadanos” al aire libre, aprovechando las características semiduras del lugar. Una plaza abierta a sostener encuentros cívicos donde se pregunta, se escucha, se responde, se explica, se critica, se propone.

Uno de los métodos que aconsejan para superar el temor ciudadano a la intimidación y a la agresión es el uso del espacio público: calles, pasajes, plazas y así inhibir la acción violenta. La ocupación lúdica y cívica de la plaza por los ciudadanos y de éstos con sus representantes podrían forjar una identificación con el lugar, indispensable para su defensa social ante la acción del malhechor y del inurbano.

EL LADO OSCURO DEL EJÉRCITO

2007-02-10T04:46:00.000-08:00

La dictadura de Augusto Pinochet envenenó al ex Presidente de la República, el democratacristiano Eduardo Frei Montalva. Una verdad que, poco a poco, se va trasluciendo de los textos que acumulan los 13 volumenes del expediente que lleva el juez Alejandro Madrid. Observar las evidencias (los hechos) induce a volver la mirada hacia el Ejército, entonces manipulado por su Comandante en jefe, el dictador.

En esta ocasión, la dictadura no usa su policía secreta (la CNI), sino pone en acción la Inteligencia del Ejército (la DINE), una estructura institucional. La condición de la víctima. postrada en una clínica, no requería de un operativo estridente, intimidatorio, violento, sino de una acción encubierta desplegada con habilidad, fineza, inteligencia. El arma empleada no necesitaba simbolizar fuerza, poderío, orgullo, sino debía ser discreta, silenciosa, confusa.

La denuncia judicial por homicidio, presentada por la família Frei, apunta a la inteligencia militar y a civiles. La mira está puesta hacia el personal de la DINE y personal médico, que transitaron día y noche alrededor del entonces principal líder de la disidencia democrática. En la presentación relucen las palabras “homicidio” y “gas mostaza”, el arma empleada.

Un arma química de exterminio masivo como la que usaron los soldados estadounienses contra los vietmamitas a fines de los 60 y comienzo de los 70 o la empleada por los soldados del Ejército de Sadam Husein en la campaña contra la población kurda entre febrero y septiembre de 1988, cuando el ex dictador gozaba del apoyo político y militar del gobieno republicano de Estados Unidos durante la guerra contra Irán.

La misma arma química es usada contra Frei Montalva. El honor del Ejército chileno está comprometido. La defensa de la família Frei acusa a la institución de no prestar colaboración con el juez. En su momento, el Comandante en jefe, Juan Emilio Cheyre lo desmintió, en términos semejantes a los que esgrimieron, ante otras demandas, sus antecesores Izurieta y Pinochet.

El “nunca más” que pronunciara Cheyre en su ejercicio, queda en una retórica vana si no se la acompaña con una actitud valiente para encarar delitos pendientes que tocan a la institución, como el caso del homicidio de Frei Montalva.

El Ejército es una institución del Estado, por lo tanto, con discreción y firmeza algún rol debiera jugar el Gobierno, en particular la Presidenta de la República. Hay una “razón de estado” para ello si consideramos que ésta no opera sólo para opacar ciertos hechos que comprometen intereses superiores, sino también para transparentar hechos que comprometen valores superiores.

La verdad incomoda al ver como el hombre está envenenando el planeta Tierra. También lo es reconocer los rostros que desde la primera línea y la trastienda intoxicaron letalmente al ex Presidente de la República.

El hecho sucedió justo a la mitad del régimen dictatorial, cuando la sociedad civil y política, reprimida, apenas se expresaba. La primera denuncia responsable la hizo Carmen Frei desde su asiento en el Senado, en octubre de 2002 y, a pesar de reportajes y entrevistas aparecidas en The Clinic, Televisión Nacional y Canal 13, más las informaciones de la defensa de la família y de su principal miembro, el ex Presidente Eduardo Frei Ruiz Tagle en el 2006, la sociedad civil y política apenas se expresa. La indiferencia parece ser más cómoda.

LOS HIJOS DE DON QUIJOTE

2007-01-24T02:24:00.000-08:00

El gobierno de Jacques Chirac, urgido por los pobres sin domicilio fijo (los sin techo) ha recurrido a uno de los principios del pasado revolucionario francés – la igualdad- para salir del trance puesto por un sorprendente movimiento, Los Hijos de Don Quijote.

Este valor de la revolución democrática contra el absolutismo, muy disminuído en Chile y en América Latina, ha sido rescatado por el gobierno galo de derecha, presentando en el parlamento un proyecto de ley, que se votará en febrero y que universalizará en forma progresiva el derecho a una vivienda digna.

En el 2012, los residentes sin techo o en viviendas precarias en Francia podrán reclamar ante un tribunal para que se le exija al Estado cumplir con el derecho humano a una vivienda digna, como actualmente sucede con la educación y la sanidad.

En Paris están Los Hijos de Don Quijote, nacidos de la pareja de un actor y su amigo, que alojados en una carpa bajo el puente de Austerlitz, proyectaron a través de internet imágenes de miseria del mundo rico. La prensa y la televisión reprodujeron las vistas y la opinión pública se activó preocupando al gobierno.

Los sin domicilio fijo cubrieron el espacio público frecuentado por turistas con cientos de carpas. La respuesta oficial en vez de la fuerza policial con sus bastones fue la razón política con la iniciativa legal, destinada a resolver un problema pendiente de un grupo de ciudadanos, entre 80 y 100 mil personas (0,12 y 0,15%) de la población francesa.

Como si los sin techo chilenos hubieran acampado en la interdicta plaza de la Ciudadanía, la opinión pública hubiera simpatizado con el movimiento y el gobierno de Michele Bachelet, de centro-izquierda, diera una respuesta cívica. Un sueño, como el de los franceses del 26 de octubre pasado, cuando iniciaron su testimonio social bajo el puente del Sena.

Unos movimientos ciudadanos emergen en los países de la Unión Europea ante lo que denominan la violencia urbanística e inmobiliaria de las grandes empresas del sector y agencias financieras, como la que prolifera en la España del Mediterráneo (Marbella, Benidorm, etc) y la de las grandes ciudades (Barcelona, Madrid, Sevilla, etc) ejercida por la especulación de los megaproyectos urbanos y de la multiplicación de viviendas vacías.

Un Relator Especial de Naciones Unidas, Miloon Kothari (como los que iban a Chile en los 70 y 80 a conocer el estado de los derechos humanos) en su misión a España concluyó que el interés bancario de las hipotecas, la carencia de vivienda pública y la especulación en el uso del suelo tiene sumido al país en una grave crisis de vivienda y recomienda al gobierno socialista reconsiderar la actual política económica y social.

También en Chile surgen movimientos ciudadanos ante esta misma violencia urbanística e inmobiliaria como los de Ñuñoa y Vitacura. Ambos están enfrentando la agresivividad de las inmobiliarias apoyadas por los alcaldes de esas comunas. Asimismo, los deudores hipotecarios mediante su acción directa y el diálogo consiguen que el gobierno intervenga en un problema social que compromete el derecho a la vivienda, el mismo derecho que exigen Los Hijos de Don Quijote y los sin domicilio fijo, que también mediante la acción directa, están consiguiendo que el Estado lo reconozca y garantice a toda la población.

LA GRAN CONCERTACIÓN

2007-01-10T02:54:00.000-08:00

De vuelta de vacaciones, se precipitarán evaluaciones con motivo del primer aniversario del gobierno de Michele Bachelet, el cuarto de la Concertación. Las encuestas, como le es propio, retratarán un presente, lo inmediato, pero se hace necesario extender la mirada. Ello requiere disponer de información procesada suceptible de interpretación y predicción sobre las políticas comprometidas.

La participación ciudadana es una de esas políticas llamadas a distinguir a este gobierno de los tres anteriores. En este campo, el sistema electoral binominal fue el compromiso más relevante. Una comisión ad hoc inició un proceso de consultas, estudió alternativas, evacuó un informe en vista a la elaboración de un proyecto de ley para que los parlamentarios debatieran y decidieran.

El resultado no pudo ser más sorprendente. A la negativa de los partidos de la Alianza a participar de un cambio de sistema, los de la Concertación, conocido el informe, se plegaron a la decisión de la Alianza: “perfeccionar el sistema”. El Gobierno quedó sin apoyo, mas la propia Presidenta fue desautorizada por partidos de la Concertación cuando planteó la idea de convocar a un plebiscito si la Alianza bloqueaba el proyecto en el parlamento.

Los partidos oficialistas renunciaron al cambio del sistema, plegándose a una parte de la oposición que estudia un “perfeccionamiento”, es decir, reafirmarlo con una fórmula que conceda un cupo al partido comunista. Ha sido un “compromiso retórico” durante 15 años, señaló Edgardo Böeninger, tras fracasar la misión que le encargó la Presidenta Bachelet. “Los parlamentarios de la Concertación y de la Alianza no desean cambiar ni los territorios ni los electores”, dijo.

La predicción hecha por el ex Presidente Lagos en su cuenta anual del 2004 se ha cumplido. Los parlamentarios de todo el espectro político coinciden en continuar repartiéndose los escaños de acuerdo a una de las principales herencias de la dictadura de Pinochet: el sistema binominal.

Un sistema electoral en que dos bloques de partidos determinan quienes serán sus diputados y senadores, ratificados, en la gran mayoría de los distritos y circunscripciones, por los ciudadanos; un principio semejante (aunque no con resultados iguales) a lo que sucedía en la Unión Soviética, en que un partido determinaba a sus candidatos y los ciudadanos concurrían a ratificarlos en las urnas. En el caso chileno las posibilidades de elección de los ciudadanos son mínimas; en el caso soviético eran nulas.

La lógica del binominalismo electoral es clave para cerrar intentos de apertura que contradigan los principios fundamentales del modelo de desarrollo político, económico y social, cuyo dinamismo se sustenta en un incremento ininterrumpido de un desigual reparto del poder, de la riqueza de los ingresos y de las oportunidades entre los diversos sectores sociales y culturales de la ciudadanía. Aquello que con cierto cinismo, de vez en cuando, se le llama “escándalo social o moral”.

El discurso de la Presidenta sobre participación ciudadana no ha tenido ambiente en los partidos que la apoyan. Éstos continúan como viviendo en una “transición política” (aunque la declaran concluida) con una ciudadanía de mínima intensidad, inexpresiva. Ya el mismo concepto de participación (a no ser que sea subordinada), incomoda.

En vez de ciudadanos prefieren videntes de espectáculos fabricados por las televisiones con el material que extraen de delitos, corrupciones y surtido de banalidades políticas y de la farándula. Formas mediáticas que afianzan a un ciudadano alejado del conocimiento, del debate, de la iniciativa y de sus capacidades de decisión, más allá del acto de comprar y vender, indispensable para construir sentido a sus vidas en la familia, el barrio, el estudio, el trabajo, la sociedad; en suma, en la política.

PARA QUÉ ENGAÑARSE MÁS

2006-12-19T02:29:00.000-08:00

El maestro de mi edificio trabajó para Augusto Pinochet en su casa de La Dehesa. Era un buen hombre, simpático, me decía. Un gobernante, como él, hace falta para eliminar de una vez a los delincuentes, agregaba con naturalidad. Cuando le pregunté por los secuestros, torturas, ejecuciones y despariciones, la respuesta fue espontánea: “usted sabe, siempre hay mandos medios que se escapan”.

Ya nadie rechaza la categoría de criminales de un Manuel Contreras, un Pedro Espinosa, un Marcelo Morén, un Miguel Krassnoff, entre otros ex miembros del Ejército, que delinquieron en nombre del Estado. Todos ellos recibieron una sentencia judicial de ser autores de actos criminales, los mandos medios que evocaba el maestro.

Los procesos abiertos contra Augusto Pinochet quedaron en el camino, en sus comienzos, lejos de una sentencia, de modo de que nadie pudiera afirmar en forma categórica su calidad de criminal, como el caso de sus colaboradores. “La democracia chilena nunca quiso encerrar a Pinochet”, afirma el escritor Antonio Skármeta en el diario El Pais (12 de diciembre 2006), es decir, llegar a dictar una sentencia o sanción por alguna de las 300 causas en su contra.

El valor de una sentencia judicial es la de una resolución que despeja una duda o presunción, estableciendo una verdad jurídica o demostración de que la acusación corresponde a los hechos investigados. En el caso de Pinochet, aunque son muchos los convencidos de que era criminal, incluso entre ex partidarios, al no haberse arribado a una sentencia judicial, no se estableció esa verdad, que podría haber cambiado el parecer de ese chileno de a pié, como el maestro de mi edificio.

La ambigüedad propia de la política permitió que en sus funerales, instituciones del Estado, como lo son las Fuerzas Armadas y Carabineros, le rindieran solemnes honores, mientras el Gobierno optó por no reconocerle el título de Jefe de Estado, sin perjuicio de participar de los honores como Jefe del Ejército, con la asistencia de la Ministra de Defensa.

El retrato aquí dibujado es otro más de la peculiar transición política chilena. Por un lado, un Ejército que le brinda al ex dictador un solemne funeral, jamás recibido por ningún otro Comandante en Jefe del Ejército, en el que su actual jefe, el general Oscar Izurieta justifica como inevitable el rol jugado por Augusto Pinochet al encabezar el golpe de estado, sin perjuicio de lo controvertido de su gestión en lo relativo a los derechos humanos.

Por otro, un Gobierno democrático que no reconociéndole al ex dictador las competencias de Jefe de Estado, se hace presente con una representante de confianza de la Presidenta de la República, participando de honores más propios de un dictador latinoamericano clásico - de derecha, cruel y corrupto como lo identificara el Ministro del Interior- que de un Comandante en Jefe del Ejército.

Para que engañarnos más, si Augusto Pinochet lo que hizo en calidad de Comandante en Jefe del Ejército fue ponerse a la cabeza de un cruento golpe de Estado, preparado por otros, en contra de un Gobierno democrático. Todo lo demás lo hizo en calidad de dictador (o de ex dictador) sostenido por las armas de unos pocos y el miedo de muchos.

UN REGALO DE MILLAS

2006-11-30T12:30:00.000-08:00

La cultura política que llevan en sus "mochilas" la mayoría de los políticos actuales la han cargado durante las cuatro últimas décadas: desde los 60 a los 90. Las memorias de Orlando Millas (Una Digresión, 1957-1991), fallecido en diciembre de 1991 en Holanda, reviven, hasta el último día de su vida, treinta y tres años conmovedores. Millas, uno de los comunistas chilenos más reconocidos de esos tiempos, desliza casi sin pausas, consciente de que sus días estaban contados, una historia de revelaciones extraordinarias, un regalo.

La pluma del periodista que fue, reconstruye ese trozo de Chile que llevamos a nuestras espaldas; la hace correr con una sinceridad que deslumbra: discute con la revolución cubana, dialoga con la Democracia Cristiana, defiende la intuición de Salvador Allende, increpa el voluntarismo izquierdista de dentro y fuera de la Unidad Popular, resalta a los comunistas que luchan en el espíritu recabarrenista y critica, sin tapujos, a los comunistas que apuestan a las armas y, finalmente, apela a las nuevas generaciones a que no olviden los devastadores daños dejados al país por la dictadura.

La pluma de Millas escribe en mayúsculas: el "socialismo real" era un coloso con pies de barro", y se hace dramática cuando declara: "cada día en la Unión Soviética sufrí una amarga decepción". Confiesa: "estuvimos convencidos que allí se edificaba una especie de Paraíso Terrenal (...) si el socialismo se identificase con las obras de Stalin y Bréznev, si su sistema político fuese idóneamente el de las autocracias estatistas, si su economía debiera funcionar por los métodos del centralismo burocrático, no podrían las jóvenes generaciones actuales y futuras estar dispuestas a luchar generosamente por tales aberraciones".

Este es el tenor de las memorias de un comunista allendista que murió como tal, desplazado de su partido desde comienzo de los 80, cuando hizo un giro hacia las armas, mientras él gradualmente fue renovándose hasta llegar a impugnar el "socialismo real" como una falsificacón de las ideas de Marx y Engels: "me costó mucho dejar de lado las anteojeras de que estaba premunido. En un penoso y prolongado proceso, tardé demasiado en convencerme de las honduras de los males".

Mientras la renovación de Millas lo condujo a realzar el ideario democrático y socialista de Allende, aunque dotándolo de más consistencia intelectual y flexibilidad política en una perspectiva de transformación del capitalismo, la renovación de otros comunistas y no comunistas, adheridos al "socialismo real", los condujo a asumir el ideario liberal democrático en una perspectiva de dotar al capitalismo de equidad.

Las Memorias de Millas son una vertiente de cultura política, pero ni los medios de comunicación, ni la academia, ni los partidos, incluido el comunista, parecen interesados en beber del relato de un político chileno que dejó como herencia honestidad y lealtad a sus ideas, a su conciencia. Son demasiados los políticos actuales que han descargado sus mochilas de esta cultura y, vacíos, deambulan entre cámaras y micrófonos en la cultura del espectáculo y de la banalidad que los domina y degrada ante los ciudadanos.

¿ES CHILE UN PAIS CORRUPTO?

2006-11-12T17:12:00.000-08:00

Qué difícil parece ser hablar en forma serena cuando hay denuncias sobre apropiación indebida de dinero, mas cuando de por medio hay prominentes hombres de la política, de los negocios o de cualquier esfera pública o privada que constituye el "poder establecido". Es tal el griterío que se produce que los ciudadanos poco o nada entienden, pero sí en forma espontánea se coloca en sus mentes el adagio: "si el ruido suena es porque piedras trae".

Los medios de comunicación, por lo general, en vez de procurar una entrega que produzca más claridad y entendimiento en los ciudadanos, prefieren cautivarlos con un espectáculo, semejante a los que concitan riñas en espacios públicos como hemiciclos, estadios, calles...

Informar en estos casos no es fácil, se requiere competencia, habilidad y sobre todo buenos informantes, pero también una mirada más amplia que dé cuenta de las condiciones del ambiente sociopolítico en que suceden las denuncias de corrupción que afectan a personas vinculadas al poder. En esto último cabe leer la columna de Patricia Verdugo aparecida en El Mostrador el 10 de Noviembre pasado.

Si en Chile hay corrupción sería absurdo decir que no. Si Chile es un pais corrupto ya eso parece discutible, depende que se quiera decir. Si el sistema que lo rige, si los gobiernos u otros poderes del Estado o un número significativo de privados. La corrupción está vinculada a valores que dan sentido a los sistemas, las políticas y las personas y a si los sistemas son más o menos cerrados o susceptibles de un mayor o menor control de sus actos por parte de los ciudadanos.

Es notorio que el dinero se ha convertido en una medida con que se mide el éxito, la fama e incluso la felicidad, por la capacidad de acceder a bienes que producen placer. La persona que logra más riqueza en un tiempo breve, se le considera un modelo a imitar; semejante consideración logra un país que logra exhibir un notable crecimiento en un corto plazo. Menos importante o se subordinan a los deslumbrantes resultados los impactos directos o colaterales que significaron conseguirlos.

Desde el empleador que soslaya el pago de las imposiciones a los trabajadores, pasando por el funcionario que cobra comisiones (u otras prebendas) en un negocio con un tercero, hasta el particular que usa innovadoras modalidades para cometer un robo a otro particular. Todos ellos, en sus medios, van a mostrar el símbolo que atraerá la atención de la familia, de los amigos, de los pares, de los acreedores o del sistema mediático, según sea el caso.

El sistema político y mediático en estos 17 años han marcado una tendencia a proteger o aminorar efectos no deseados por denuncias o evidencias de corrupción, como ha sucedido en los tres primeros gobiernos de la Concertación con la venta de empresas públicas en el último año de la dictadura, o los "pinocheques", o los sobresueldos, o el MOP-Gate, a diferencia del Caso Riggs que provino de una investigación de una Comisión del Senado de Estados Unidos, lo que significó que el ex dictador Pinochet, para la gran mayoría de sus partidarios haya pasado ser de un líder salvífico a ser alguien incómodo, innombrable.

CHILE RE- CORTADO

2006-11-01T17:39:00.000-08:00

A ChileDeportes se le llama “ChileRecorte” luego de la obra legada por “operadores políticos” ligados a los partidos de la Concertación. La promesa de cambiar el sistema electoral binominal, del mismo modo, ha sido recortada por dirigentes de los partidos de la Concertación en oficinas de hombres de derechas. Para ello, previamente, los mismos partidos demolieron lo construido por la Comisión Böeninger, convocada a idear un cambio del sistema.

En rigor corrupción es alterar, trastocar algo, en el caso que nos interesa, la democracia representativa de las ciudadanas y ciudadanos. El segundo gobierno de la Concertación, en 1997, ya planteó que el sistema binominal “ha distorsionado gravemente la voluntad popular” y que “está lejos de coincidir con la realidad de la opinión ciudadana”.

La Comisión defenestrada planteó que el mismo sistema permite que una lista que obtenga un 33% de los votos en un distrito o en una circunscripción senatorial puede quedar sin representación. Basta recordar que Ricardo Lagos fue víctima del sistema cuando, en 1989, recibiendo el 30,62% de los votos, fue desplazado por Jaime Guzmán que consiguió el 17,19%.

La Concertación abandona el cambio seducida por el perfeccionamiento del sistema impulsado por Renovación Nacional (ver La seductora perfección, 24 Agosto, 2006) El binominalismo se afianza. En la trastienda todo se recorta a como establecer un porcentaje de votos que facilite una representación al Partido Comunista en la Cámara o en el Senado. .

Pero el fondo es otro; es el sistema binominal el excluyente al reducir a un mínimo la competencia real entre los candidatos. Las ciudadanas y ciudadanos acuden a las urnas a ratificarlos en la gran mayoría de los distritos y circunscripciones senatoriales. El binominal recorta el derecho del ciudadano a elegir.

La Concertación y la Alianza parecen cómodos con este sistema. Los parlamentarios de ambos lados se sienten compartiendo un espacio común, se retroalimentan; sus rivales están en sus propios partidos o pactos; ahí es donde se enfrenta y decide la elección real de quien ocupará el asiento parlamentario, lo que altera, trastoca, en suma, corrompe, desfigura el principio republicano de la soberanía popular.

En medio de las negociaciones más o menos furtivas, los labios de la Presidenta vuelven a insinuar la palabra plebiscito. Un término inequívocamente democrático y que a los partidos (todos autodefinidos como democráticos) incomoda, le huyen. ¿Consultar al pueblo? ¿Para qué? Si no tiene derecho a decidir en estas materias (no es vinculante su decisión), según la Constitución.

Mientras el Presidente Lagos anunciaba el 21 de mayo de 2004 que “el sistema binominal va a ser la muerte de nuestro sistema democrático”, dos años y medio después, sus partidarios en vez de buscar la creación de un movimiento ciudadano consistente (similar a lo de 1988), que se abra paso a una consulta popular útil para el cambio, optan por renovar la legitimidad del sistema binominal con ajustes que buscan atraer al partido comunista a compartir ese ámbito común de los partidos, distante de los sentimientos y opiniones de ciudadanas y ciudadanos, que obligadamente, en forma periódica, tienen que acudir a ratificar lo que ya ha sido decidido.

LA OEA NO OLVIDA A CHILE

2006-10-22T19:23:00.000-07:00

En días como éstos, hace ocho años, la sociedad chilena estaba sobresaltada. Un juez español había ordenado la detención de Augusto Pinochet (18 de octubre, 1998) ejecutada por Soctland Yard con la complicidad del gobierno británico en Londres. El Canciller de ese tiempo, José Miguel Insulza (hoy Secretario General de la OEA), en nombre del segundo Gobierno de la Concertación, dirigía la operación política-jurídica de recuperar al ex dictador, entonces Senador vitalicio.

En estos días, la sociedad chilena está sosegada. La Corte de Derechos Humanos de la OEA ha dispuesto que el Estado chileno ha incumplido su compromiso internacional de sancionar los delitos de lesa humanidad (15 de octubre de 2006). La Ministra Secretaria General de la Presidencia, Paulina Veloso, en representación del cuarto Gobierno de la Concertación dirige la operación político-jurídica destinada de derogar o legislar para dejar sin efecto el decreto-ley de amnistía dictado por la Junta Militar de Gobierno en 1978.

"La justicia en la medida de lo posible" fue un refrán repetido durante los primeros cuatro años de la transición. Ahora ésta viene de la mano de la Corte de la OEA. La voluntad de la Presidenta es extendérsela y cumplir con el compromiso demandado. Los partidos de la Concertación parecen dispuestos a sacudirse de la norma que hace imposible aplicar justicia por delitos "contra la humanidad". Esto recién comienza, una disputa jurídico-política que llevará tanto o más tiempo que la dada por Pinochet detenido en Londres.

El ex Presidente Patrico Aylwin, autor de la sentencia "la justicia en la medida de los posible", y su ex Ministro de Justicia señalan que la derogación de la amnistía no tendría efecto práctico, pues una convención no puede aplicarse en forma retroactiva y omitir la amnistía vulneraría el principio de la "cosa juzgada".

Se desprende de esto que prominentes hombres de la Concertación consideran ahora que la amnistía del 78 es ya un hecho de la causa, consolidada, inamovible, legítima, norma ajustada a derecho y no una norma autoritaria, fraudulenta, es decir, dictada al margen de los principios del derecho, destinada a cubrir los delitos "contra la humanidad". Paradojal resulta cuando el programa presidencial encabezado por el propio Aylwin, en 1990, figuraba la derogación de la amnistía.

Sin embargo, si ampliamos la mirada podemos ver el caso argentino de cómo bajo presión militar un gobierno democrático promulgó una ley de Obediencia Debida y de Punto Final, aprobado por un parlamento elegido, pero que años después otro gobierno democrático y paralamento elegido removió, cuando los militares ya no amenazaban la estabilidad constitucional.

Un "nunca más" con futuro no basta con declamarlo, requiere ser acompañado de actos sólidos, transparentes, persuasivos, como la aplicación de justicia. Leamos: "Muy bien, nosotros tenemos la obligación de enseñar a los jóvenes que eso no tiene que pasar nunca más", dice el director técnico de Colo-Colo, el argentino Claudio Borghi, cuando La Nación le consulta su parecer por la reapertura de los juicios por los crímenes de la dictadura militar argentina.

TOCA LO HUMANO

2006-10-15T19:55:00.004-07:00

Michele Bachelet ha vuelto a Villa Grimaldi. Lo hace como Presidenta de la República, después de 31 años, cuando lo hiciera como prisionera. Entonces, sindicada por el gobierno "de facto" como parte del bando de los "enemigos de Chile", ahora reconocida por todos, incluidos los incondicionales de ese gobierno dictatorial, como Jefa del Estado de Chile. Un retrato que la mirada del analista arrojará explicaciones en abundancia, pero distinta será la mirada del contemplativo que proyectará algo extraordinario, asombroso.

Este tipo de fotografía no es nueva en la historia reciente, del siglo XX, pero casi siempre el ojo humano se detiene en ella. Atraido por la paradoja, el contraste, el enigma que encierra; en segundos algo se desliza en la intimidad. En la retina queda fijada una composición impresa en la memoria, disponible para recordar, reflexionar, comunicar.

La presencia de la Presidenta en el parque de la Paz está asociada inexorablemente a la presencia de la prisonera militante socialista en el campo de concentración de la Dina. Por allí atravesó "la experiencia del mal radical" que todo lo invade y devora, recordada por el ex prisionero del campo de concentración nazi de Buchenwald, Jorge Semprún, en La escritura o la vida.

Michele Bachelet ha abrazado a una de sus ex compañeras de celda, ha recorrido con pausas la geografía de lo que fuera un espacio cerrado administrado por carceleros y, ahora, convertida en un espacio abierto administrado por sobrevivientes. Se ha detenido ante el memorial de las 226 personas que no pudieron atravesar, siendo devorados por la maquinaria de muerte. En este lugar ha aparecido la Presidenta anunciando que está en su mente sacudirse de una de las rémoras de ese otro tiempo: la amnistía decretada en 1978.

Otro aire de justicia llega a Chile de la mano de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La entidad de la OEA impugna la aplicación de la amnistía del Estado chileno sancionada en 1996 ante un delito considerado de lesa humanidad, la ejecución del profesor comunista Luis Almonacid a la salida de su casa, días después del golpe militar de 1973.

Asoman los peros y razones jurídicas que hacen ineficaz lo que pasa por la mente de la Presidenta. Derogar la amnistía es un acto al vacío, pues todos los hechos amnistiados son anteriores a cuando el Estado chileno suscribió la Convención Americana en 1990. Pero cabría preguntarse por el valor jurídico de la amnistía de 1978: impuesta por un régimen "de facto" reñido con los principios del estado de derecho y que puso en interdicción el poder de los jueces al despojarle de una de sus competencias fundamentales, administrar habeas corpus.

Michele Bachelet días despues que atravesara por la experiencia de la Villa Grimaldi voló a la República Democrática Alemana, el 1 de febrero de 1975, algo semejante es lo que hace en estos días. La Presidenta tras reencontrarse con Grimaldi, ha volado a Alemania, el 18 de octubre de 2006 donde recorrerará la geografía de su exilio. La Presidenta que toca las huellas de su prisión y su exilio, la que se dispone a tocar uno de los capítulos pendientes de la Concertación, la amnistía del 78, simplemente, toca lo humano. Eso, contemplarlo... asombra.

DE VUELTA A LA PLAZA

2006-10-09T13:46:00.000-07:00

Un domingo, de vuelta a la plaza de la Ciudadanía. Resaltan retratos de la vida de Víctor Jara. Desplegados en el espacio ocupado antes por la "llama de la libertad", encendida por los que le dieron muerte, hace 33 años. Un lugar "reflexivo", conmovedor, mas cuando esa tarde un cantor de Maullín regalaba, con su voz y su guitarra, mensajes del que, junto a Violeta Parra, es el compositor popular de mayor reconocimiento en el mundo.

Enfrente, atravesando la Alameda, otra imagen sobrecoge. Un páramo frío, cercado por vallas de metal dispuestas en forma meticulosa. Un espacio habitado por policías, observadores de contados turistas que arriban desde los patios interiores de La Moneda.

Lo que hasta hace poco era un espacio inasequible, del "Altar de la Patria", junto a los edificios de las Fuerzas Armadas y de los Carabineros, ahora fluyen ciudadanos curiosos que miran, leen y recuerdan la envergadura de un símbolo cultural y político; en cambio, en su lado opuesto, lo que ayer era un lugar abierto, junto al Palacio de la Moneda, ahora está prohibido disfrutarlo, restringido al tránsito de unos cuantos peatones.

El arquitecto Cristian Undurraga, mentor de la plaza, en el 2004 la imaginaba "la máxima exaltación de lo democrático, verla como todos los domingos recibe a familias, en el prado, con sus viandas y en completo esparcimiento o en la noche de año nuevo acoge a familias con sus mejores tenidas, ajenas a cualquier segregación, que llegan a celebrar con vino y comidas en mesas. Experiencias maravillosas, llenas de urbanidad", concluía el llamado a crear un gran espacio ciudadano.

Día domingo, día "normal", o sea, sin manifestaciones. La plaza más hermética que un día "anormal", con manifestaciones. A unos dejan pasar, a otros no, pero nadie puede sentarse en el prado, menos hacer pic-nic. ¿Por qué? preguntamos a carabineros. A las razones de seguridad de la semana anterior (ver Plaza rigurosamente vigilada. 7 Octubre, 2006), los policías añaden: "no hay cultura en Chile para esta plaza: ensucian, destrozan, queman el pasto, trepan luminarias..." Sólo uno menciona la "molotov" del 11 de septiembre.

El lado de La Moneda de la plaza de la Ciudadanía está interdicta para los ciudadanos por orden de un "gobierno ciudadano" que, a su vez, ha decretado que por la Alameda, aledaña a la plaza ningún grupo de ciudadanos puede manifestarse. Libertades ciudadanas recortadas por incultura o inseguridad. O los chilenos no están preparados para hacer uso de esta plaza o están castigados a causa de la reciente profanación del Palacio.

En este "microespacio", contiguo al principal símbolo de la república, la seguridad doblega a la libertad, eliminando una condición propia de la plaza, como señala el filosofo Humberto Giannini: su "reflexividad", física, mental o comunitaria: lugar que permite a la persona salirse del tiempo lineal (de la calle, del trabajo) deteniendo su camino; lugar donde por un momento se despega de las cosas para lanzar una mirada más allá de lo que lo ocupa; o lugar abierto que le ofrece a la persona un ámbito de reencuentro ciudadano. La plaza de la Ciudadanía, al menos en su lado norte, no hay espacio para eso. Hay vacío.

PLAZA RIGUROSAMENTE VIGILADA

2006-10-01T18:38:00.001-07:00

Mañana soleada en la plaza de la Ciudadanía. Protegida de vallas, su acceso es restringido. Ingreso por uno de ellos, vigilado por una pareja: carabinera y carabinero. Me siento en el área verde. Me sumergo en la lectura de una crónica sobre los orígenes del Santiago Alegre de Aurelio Díaz Meza ("Patria vieja y Patria nueva", T.XV). A los cinco minutos escucho:

- Señor, tiene que retirarse, dice con voz firme
-Levanto la vista, sentado, pregunto por qué,
-Por motivos de seguridad, responde
-Palabra que me hace incorporarme de inmediato, sin dejar de interpelarlo ¿pero no se puede leer aquí?
-Hoy no es un día normal, me responde, asomando ya un tono de impaciencia
-Por qué, inquiero, curioso
-Porque hay una manifestación (se refiere a una marcha de los trabajadores de la salud)
-Pero esta la plaza de la Ciudadanía, ensayo un argumento de derecho a estar ahí
-Mire, tiene que retirarse, porque esto es parte del entorno de seguridad de La Moneda

Me dirijo al acceso. La carabinera, observadora, con un aire de lúdica complicidad dice: "sentía envidia de verlo ahí sentado leyendo al sol, pero por seguridad tenemos que cerrar la plaza". Me retiré, pensando en las últimas palabras del carabinero: el "entorno de seguridad de la Moneda", una especie de zona de su influencia ocupada por sus fuerzas.

La plaza de la Ciudadanía surgió como promesa bicentenaria y como recuperación de símbolos republicanos en el espacio público. El gobierno de Ricardo Lagos abrió los patios interiores del palacio de la Moneda a los ciudadanos, una expresión de reencuentro simbólico con "la otra democracia" (1925-1973). La plaza ideada era una continuación coherente con tal iniciativa: acercar al ciudadano a su centro cívico aledaño al ícono republicano de la democracia representativa: la sede del Presidente de la República.

La plaza concebida inicialmente como una unidad compacta, dividida por sutiles líneas que hacen senderos peatonales que cruzan en distintas direcciones y un mobiliario de bancos y farolas, funcional al carácter social del lugar. En su perímetro dos líneas de árboles y agua circulando a través de un conducto (simulación de acequia). y en los zócalos de los edificios lugares sombreados con arcadas para paseo y comercio.

Ese diseño de plaza quería rescatar la idea de la Alameda como un lugar polivalente: de paseos familiares de domingo, de fiestas cívicas y culturales, de conciertos y recitales, de manifestaciones sociales y políticas. Sin embargo, esta idea de ciudadanía ya ha sido recortada. Hay un lado norte y otro sur y, si no se soterra la Alameda (como estaba en su mentor), la partición se consolidará. Ambos lados han minimizado el área verde, en contraste el área dura. Y el mobiliario es inexistente.

Su lado norte, junto a La Moneda es, por ahora, un espacio vacío, un lugar de cruce de peatones, cuando se permite, algo así como un "no lugar", según Marc Augé, lo contrario al encuentro, a lo ciudadano, a lo republicano. La negación de la plaza. Su lado norte, al menos, parece un amplio y ornamental patio trasero del Palacio, donde unos pocos ciudadanos lo atraviesan bajo la perenne vigilancia policial.

LA SORDERA DEL CARDENAL

2006-09-25T12:16:00.000-07:00

¿La comunidad musulmana en Chile será convocada a participar a la Acción de Gracias por Chile el 18 de septiembre de 2007? ¿Lo será bajo ciertas condiciones o recomendaciones? Preguntas como éstas quedaron ahí, dando bote, a la salida del Te Deum ecuménico del pasado 18, luego de la sorprendente jugada de Abdul Karim Paz en representación del Islam en Chile al momento de Orar por la Paz.

Karim con un lenguaje directo, sin eufemismos, desplegó a sus anchas una oración que causó asombro y no menos turbación entre autoridades religiosas y políticas. Dijo que Dios prohibe las agresiones de los los tiranos que se imponen a sangre y fuego y llama a la legítima defensa – la Jihad, en árabe, junto con exhortar a un diálogo enriquecedor y buen trato entre los pueblos, culturas y civilizaciones.

La réplica del Cardenal Errázuriz fue llamativa, aunque escasamente observada. Evocando una treta de su padre anotó: "frente a ciertas cosas, y a esta edad, comienzo a quedarme sordo". Aunque su jugada pareció quedar en el vacío, pudo escucharse un zumbido, como el chasquido del látigo, pudiéndose reconocer, en su indiferencia, un acto representativo de una forma de ser aristocrática, superior, autosuficiente.

La actitud del Cardenal se asemeja a la de algunos judíos que escuchaban al Buen Pastor. Según Juan, en su Evangelio, las palabras dichas por Jesús una vez más dividían y unos decían: "Es víctima de un espíritu malo y habla locuras, ¿para qué escucharlo más?". Según el adagio popular "no hay peor sordo que el que no quiere oir", su aplicación preocupa más cuando es alguien a quien se le ha confiado ser pastor, guía.

Escuchar no es fácil en estos tiempos de diversidad. Se requiere de apertura a conocer la diferencia, del cultivo de valores, como la tolerancia respecto del "otro", (pueblo, religión, cultura, civilización) más todavía cuando Chile está reconociendo ser parte de una realidad global. Esto exige adquirir una combinación de cierta humildad y fuerza para plantearse en un mundo complejo por sus intricados códigos de conducta, distintos valores y múltiples identidades culturales que suelen desconocerse o simplificarse.

Recién, el Papa Ratzinger ha encarado el furor de los musulmanes provocado por su polémico discurso en Ratisbona (Alemania). Se percibe en él un esfuerzo a escuchar y comprender esa indignación que, justificada o no, representa la presencia de ese "otro" que se siente sensiblemente perjudicado. Conservando las distancias de los hechos, el jefe católico, a diferencia del prelado chileno, adopta un actitud de cierta humildad, contrapuesta a esa sordera autosuficiente, al convocar a un diálogo con representantes de países musulmanes para escuchar y ser ecuchado, explicar y ser comprendido.

A la salida de las conversaciones, Benedicto XVI subrayó su "estima" y "respeto" por la religión islámica y agregó que el diálogo interreligioso e intercultural es "una necesidad vital" de la que depende "en gran parte nuestro porvenir", como humanidad. La fuerte experiencia del Papa con el mundo musulman, ¿abrirá los oídos del señor Cardenal que le permita allanarse a escuchar la oración del representante musulmán en Chile en el Te Deum del 2007?

EN EL 33 ANIVERSARIO...

2006-09-18T20:23:00.000-07:00

... la ausencia del otrora allendista, Ricardo Lagos en el tradicional acto de recuerdo a “los hombres de La Moneda”, caídos el 11 de septiembre,contrastó con la presencia del otrora tenaz opositor a Allende, Patricio Aylwin. Llamativo, más todavía, cuando ese día de remembranzas trágicas, el ex Presidente Lagos agendó una cena con prominentes “hombres de negocios”, fervorosos partidarios del golpe militar contra el gobierno de Allende.

Mientras aquello acontecía en la tranquilidad de una casa acomodada, afuera, distante, en distintos lugares de la gran ciudad, reinaba la perturbación. Incontables menores y jóvenes, en su mayoría, levantaban barricadas, reventaban transformadores de electricidad, apedreaban vehículos, incendiaban sucursales bancarias y oficinas de la periferia, saqueaban establecimientos comerciales, explosionaban bombas, disparaban con armas semiautomáticas contra carabineros.

Al día siguiente, el invitado estelar de los “hombres de negocios”,refiriéndose a la violencia que estallaba en 31 comunas mientras cenaba mousse de camarones y congrio salteado, sentenció: “Este no es el Chile que hemos construido todos durante muchos años”. ¿Y qué es entonces? ¿Acaso la manifestación de seres extraños provenientes de territorios desconocidos? Puede ser, sí círculos amplios y heterógeneos de la ciudad política (extensible al mundo occidental y oriental, Asia-Pacífico), Chile es un ejemplo de “orden”, “estabilidad”, “seriedad”, “prosperidad”. Un imaginario de Chile verosímil.

No obstante, el Chile construido estos años posee más de una ciudad,diferentes a aquella desde la que habla el ausente de La Moneda. Las otras ciudades son difíciles de definir porque se las conoce poco; cuando se habla de ellas es para mostrar un solo lado, el oscuro, especialmente el del delito común. Basta sintonizar con la televisión de los empresarios Sebastián Piñera y Ricardo Claro, además el de la Pontificia Universidad Católica de Chile.

Las ciudades albergadas en estas 31 comunas perturbadas del día 11 están distantes para la ciudad política (de la élite), más todavía cuando la velocidad con que las atraviesan a través de las autopistas urbanas (subterráneas o abiertas) los desconecta del entorno, los ciega, impidiéndoles percibir ambientes, aspectos, rostros diferentes a los de sus respectivos cotidianos. Por eso, en cierto modo son extraños, habitantes de otras ciudades.

Los enfoques de estos medios de comunicación, virtuales y físicos, dificultan el contacto, el conocimiento o el acceso a ver y entender esa diversidad de ciudades construidas en estos años. El cuarto gobierno de la Concertación se ve sorprendido por la beligerancia de esos “otros chilenos”, extraños para la élite, a pesar de que hace tiempo son protagonistas principales de estas fechas, pero que al día subsiguiente desaparecen del primer plano mediático y de las preocupaciones verdaderas: lo que ocultan sus manifestaciones.

El hecho de que sean “grupos muy menores y poco significantes”, como dijo una Ministra chilena en La Habana, no se desprende de que nada importan; son talantes construidos por este Chile, de los 16 años, incluyendo esos 6 del ahora profesor Lagos; son también hijos de esta modernidad de la que la “ciudad política” guarda una religiosa devoción.

Pero, desde esa ciudad sorprendió el Comandante en Jefe del Ejército cuando levantó hipótesis explicativas del episodio en cuestión: (éste) “obedece a la mezcla de factores de marginación, de gente que se siente excluida del sistema. Otros usan las manifestaciones para cometer delitos (...). Pienso también que la juventud es inmediatista, que ha perdido un poco la pacienciaque se requiere para obtener cosas”.

Los obispos del día después

2006-09-10T19:13:00.000-07:00

por Pablo Portales
Por qué los obispos cuando se montan en el sexo suelen perder los estribos. Esta vez han salido disparados, con desenfreno, empleando un lenguaje confrontacional con el Gobierno de la Concertación de Michele Bachelet: "el documento normativo (sobre la píldora del día después) recuerda a políticas públicas fijadas en regímenes totalitarios que pretendían desde el Estado regular la vida íntima de las personas en función de criterios autoritarios, no consensuados, y reñidos con el respeto a la dignidad de la persona humana".

Un lenguaje muy diferente a los tiempos de la llamada "revolución sexual", de la segunda mitad de los sesenta. Entonces, el Gobierno democratacristiano de Eduardo Frei Montalva introdujo en su política pública de salud el concepto de planificación familiar y, consecuente con ello, comenzó a entregar la píldora anticonceptiva. Los obispos no comulgaron con la iniciativa, pero tampoco embistieron contra el régimen democratacristiano ni se les ocurrió compararlo con el sistema soviético o chino.

El Papa Roncalli, dos años antes había abierto el Concilio Vaticano II dejando que viento fresco soplara en las mentes de obispos de todo el mundo reunidos en disputadas reuniones. La apertura conseguida llegó a sellar una reconciliación con la modernidad proveniente de la Ilustración, la de la primacía de la razón y la ciencia.

Una evidencia de este comienzo fue el resultado de la primera Comisión Pontificia de Estudios de la Natalidad nombrada por el Papa Montini: el 60% de los obispos, el 80 de los teólogos y el 100% de los laicos (hombres y mujeres) aprobaron la idea de control de la natalidad. Sin embargo, Montini, temeroso, designó una segunda Comisión, que trabajó en forma secreta y compartimentada.

La conclusión fue contraria a la primera y la redacción de la encíclica Humana Vitae (1968), redactada en un 60% por el Cardenal de Cracovia, Karol Wojtyla, niega el avance científico-tecnológico de la píldora como regulador de la natalidad. La encíclica decepcionó en amplios sectores del catolicismo e incluso sus conclusiones fueron interpretadas y matizadas por los obispos alemanes, canadienses, franceses, entre otros.

El mismo Wojtyla, en su Pontificado de 25 años, introdujo una atmósfera de rigurosa disciplina, poniendo atajo a todo disenso en materias éticas y teológicas; formó progresivamente episcopados afines, como el chileno actual, a su línea pastoral fundada en un neoconservadurismo doctrinario. Sus encíclicas fueron incontestadas, especialmente la referidas a la familia y ética sexual. Condenó con pasión el uso del preservativo, soslayando a éste como un medio eficaz para salvar de una muerte inminente a millones de personas en el mundo al contraer el Sida.

En estos días, bajo el papado de Ratzinger, ha sido destituído de la cátedra de bioética el teólogo jesuíta Juan Masiá de la Pontificia Universidad de Comillas por sostener que el condón "no sólo se usa como prevención de un contagio, sino como un anticonceptivo corriente, y se puede usar para evitar un embarazo no deseado y evitar un aborto".

La píldora (en los 60), el condón (en los 80) y, ahora, la píldora del día después (en los 2000) son claves para afrontar "emergencias", lo que no contradice fortalecer una formación de criterios para que la sexualidad se exprese en las diferentes etapas de la vida humana. Pero, el incremento del embarazo no deseado: 20% en las adolescentes situadas en el quintil más pobre y 2% en el quitil más rico (con acceso a la píldora del día después), está revelando, además de una desigualdad de oportunidades, que familias y colegios no parecen preparadas para hablar de sexualidad con niños y jóvenes.

La Iglesia católica, por su parte, se limita a hacer llamados a una responsabilidad circunscrita a llevar una vida sexual activa dentro del matrimonio y de continencia antes o fuera de él. Una forma de pensar que puede decirse, pero no forzarla a toda la sociedad, más aún cuando se vive una fase de la modernidad -o posmodernidad- bajo la primacía del placer y la técnica. Más, cabría abrirse a un nuevo diálogo con este nuevo mundo, diferente al de la Ilustración y, en ese sentido escuchar la propuesta del Cardenal Carlo María Martini de preparar un nuevo Concilio. Una oportunidad para aprender a montar y no perder los estribos.

Patricio Rojas y ''el silencio de los corderos''

2006-09-07T19:55:00.000-07:00

José Tohá, prisionero, le anunció a su esposa que lo iban a matar cuando estaba internado en el Hospital Militar; Augusto Lutz le escribió a su familia que lo sacaran de ahí, luego de ser intervenido en el mismo hospital; y Eduardo Frei también le escribió a su familia que lo sacaran de inmediato de ahí, tras ser operado por segunda vez en la Clínica Santa María. Los tres, en vida, dieron señas inequívocas de un inminente desenlace, antes de su agonía.

En los tres casos no ha habido proceso judicial en contra de nadie y, por ende, sentencia, ni se ha establecido una verdad jurídica sobre que hayan sido asesinados. No obstante, en los tres hay evidencias, de diferentes cualidades, de que hubo intervención de terceros. En el caso de Tohá hay una convicción absoluta y en los otros dos, aunque relativa, hay méritos para creer que sí hubo.

En dictadura, las denuncias judiciales en contra de los que resultaran responsables o de los agentes de los servicios secretos civiles y militares o no eran investigadas o, si lo eran, nunca se llegaba a una sentencia, menos se establecía una verdad jurídica. Sin embargo, para una parte muy importante de la sociedad chilena, en forma declarada o no, sí se tenía la convicción de que eran crímenes políticos de la mano de civiles o uniformados al servicio del régimen militar.

La convicción de que Orlando Letelier había sido asesinado por agentes de la policía secreta de la dictadura se formó más de 15 años antes de que tribunales chilenos dictaran una sentencia en contra de los jefes de aquella policía. La convicción de que Carlos Prats fuera asesinado por la misma mano no ha tenido que esperar un fallo judicial en los tribunales chilenos, aún pendiente. La convicción de que el atentado a Bernardo Leighton fue una decisión de la policía secreta chilena no requirió siquiera de un proceso en Chile, e incluso en nada varió cuando la Corte Suprema negara extraditar a su jefe a Italia.

Por qué no creer ni levantar como principal hipótesis que Eduardo Frei Montalva fue asesinado, más aún cuando desde hace seis años comienza a formarse un voluminoso expediente judicial que evidencia hechos (no conjeturas) increíbles. En este contexto, llama la atención que el ex ministro de Defensa del primer gobierno de la Concertación, Patricio Rojas llame a poner un punto final al debate suscitado por las revelaciones de la investigación judicial a través del programa de televisión Informe Especial.

Extraño eso de convocar al silencio, una práctica tantas veces impuestas por la dictadura cuando las palabras en voz alta incomodaban. Raro eso de invocar el ideario democratacristiano para pedir respeto a la familia de varios médicos, entre ellos la del doctor Silva Garín, su pariente. Su aparición de aspecto glacial, lenguaje áspero y mensaje chocante fue otro ingrediente de una trama minada de sorpresas y todo indica que no será la última de este empinado y poderoso funcionario del cuarto gobierno de la Concertación.

El secreto deseo de ser vampiro

2006-09-03T18:45:00.000-07:00

Vampiros escaparon de la boca del prominente senador. Un sobresalto sacudió a políticos y empresarios que suelen acudir al ágora mediático. Una mezcla de temor y furia se dejó caer sobre el sorprendente parlamentario. Algunos vieron la presencia del endemoniado tiempo de la batalla de Chile (1970-1973), o el paso de una nube espectral cargada de odios y de descalificaciones a punto de precipitarse como piedras, o la reaparición de un nombre, aún vivo, que reconcentró la inquina en los años siguientes a la batalla. Consternación en la plaza y no es para menos si se trata de vampiros sin control.

Criaturas que se alimentan de sangre de seres humanos para mantenerse vivos e incrementar su población. Criaturas provistas de fuerzas sobrenaturales: bebedoras o chupadoras de sangre humana que disfrutan como dioses. Vampiresas y vampiros, criaturas de intensa atracción y repulsión a la vez: paralogizan, cautivan hasta entregarse a éstas sin más. Poderosos, atractivos y seductores se desplazan sigilosos en la penumbra bajo diversas formas. Estos seres son potentes surtidores de abundantes metáforas.

Estas figuras de la retórica son peligrosas para el discurso político. No obstante, cuantas veces la idea de la sangre que circula por venas y arterias del cuerpo humano se ha trasladado al sentido del dinero que circula por los mercados del sistema económico. La sangre y el dinero cumplen funciones semejantes en organismos diferentes. Ambos elementos son vitales, fluyen, aunque precisan regulación, de lo contrario la vida que animan se altera, trastorna o sucumbe.

La idea vampírica del chupasangre se asocia a la idea explotadora del empresario que consigue una ganancia excesiva a costa de sustraerle valor al trabajo. Esta idea no sólo se aplica a la relación empresario-trabajador, sino también se da entre empresario-empresario. Grandes empresas succionan dinero a sus proveedores (otras empresas) pagando a 60 o 90 o hasta 120 días, lo mismo hacen medianas y pequeñas empresas, hasta llegar al último eslabón, la microempresa y el trabajador independiente que le provee servicios.

Cada uno pone a trabajar el dinero del otro, acumulando sumas extraordinarias que le dará más fuerza. Todos se contagian, como el vampiro que chupa la sangre e incorpora a su víctima en la legión. Hoy, la norma (lo “normal”) es el funcionamiento de este mecanismo de succión, producido en ese lado opaco (no transparente) de lo cotidiano, como la atmósfera de penumbra en que se mueven los vampiros.

El Fisco también ha sacado ventajas (fuerzas) de esta práctica de beber del dinero de sus proveedores (empresas particulares). Sin embargo, la Presidenta cogió una estaca, apuntó al corazón y anunció el fin de cancelar sus compromisos a más de 30 días. Pero, el estacazo ¿dio en el blanco?

Tras la pasión del senador y el temor de sus contradictores, asoma la evidencia de un sistema económico que incita a los empresarios de todos los tamaños a sorber y sorber del dinero del otro y mientras más, más satisfacción.

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Pablo Portales, periodista

La seductora perfección

2006-08-24T08:28:00.000-07:00

Por Pablo Portales

La cámara se paseó por los cuatro secretarios generales de los partidos de la Concertación. Ingresaban al gabinete de negocios de Sebastián Piñera. Cada uno estrechaba la mano del anfitrión, acompañada de sonrisas complacientes. La escena se cerraba en un semicírculo en que el propietario era la atención de los recién llegados, el dueño de la situación.

La cita política se produce cuando el empresario a tiempo completo y político a ratos es desafiado desde diferentes ángulos. La Superintendencia de Valores le investiga dudosas operaciones en bolsa; Renovación Nacional, su partido, lo reta a optar de una vez por todas entre los negocios y la política y los aliados de la UDI continúan fustigándolo, más aún, cuando, Joaquín Lavín, su más cercano, cumple jornada académica completa.

Los visitantes van a hablar con el hombre de negocios del sistema electoral binominal, un mecanismo que todos prometieron cambiar, incluyendo al ex candidato presidencial Piñera, pero que ahora en vez de cambio se prefiere usar el término perfeccionamiento, distinción nada inocente. Mientras cambiarlo sería elaborar un sistema electoral sustitutivo, contrario del actual, perfeccionarlo es dotar al actual sistema de un mayor grado de excelencia.

El binominalismo actúa como depredador de la soberanía popular, principio identitario de la República: el ciudadano ya poco elige y más ratifica lo que otros han elegido. Como lo señaló el Presidente Lagos en su Cuenta al país del 21 de mayo de 2004: “el sistema binominal va a ser la muerte de nuestro sistema democrático (...) la decisión del elector se va tornando cada vez en más irrelevante”. Palabras fuertes, pero que se las llevó el viento.

Entretanto, una fuerza, como la de un ventarrón, desplomó a la Comisión Böeninger, encargada de sentar bases para un nuevo sistema electoral. Todos, sin distingos, concertacionistas y opositores, la lapidaron sin un atisbo de clemencia. Böeninger, otrora halagado por “moros y cristianos”, fue literalmente “ninguneado” por los mismos, luego de proponer establecer una cierta proporción del voto de cada ciudadano, de acuerdo al número de habitantes en los distritos.

Unas bases reformistas insoportables para quienes prefieren conservar la seguridad de ser electos (o ratificados) en territorios (distritos) conocidos y no arriesgar en unos desconocidos. “Ya se habla de que vamos a tener un próximo Senado empatado: usted elige a uno y yo elijo al otro”, decía el Presidente Lagos el 2004.

La Presidenta Bachelet puso más énfasis en el plebiscito ciudadano para dirimir el asunto del binominal, que en el debate parlamentario. Con ello, parece decir que en los partidos predomina una actitud complaciente -como la exhibida ante las cámaras por los cuatro secretarios generales concertacionistas al ser recibidos por Piñera- con la idea de perfeccionar, es decir, modificar algo, pero que no llegue a amenazar la estabilidad de quienes detentan, sean personas o partidos, los cargos de diputados y senadores actuales.

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Pablo Portales, periodista

Santiago de Chile

2006-08-23T12:32:00.000-07:00

Una mirada sobre Santiago del escritor Pedro Lemebel

Quién mató a Frei: Una respuesta que hiela

2006-08-19T19:15:00.000-07:00

Durante la segunda quincena de julio fue expuesta en todo el país la cabeza retratada del ex Presidente Eduardo Frei Montalva en los kioscos de periódicos y revistas. A su lado, grandes letras titulaban: QUIÉN MATO A FREI. Su formato evocaba esos carteles del Far West: SE BUSCA. Y es verdad, se busca el o los nombres y apellidos de quienes envenenaron su sangre cuando yacía en cama en el posoperatorio de una sencilla intervención quirúrgica en la Clínica Santa María.

Frei fue el cuadragésimo Presidente de la República de Chile, desde la Primera Junta de Gobierno de 1810 y el primero asesinado, después de once años de haber dejado el gobierno y un año y medio después de ponerse a la cabeza de la disidencia de la dictadura de Augusto Pinochet, sostenida por las Fuerzas Armadas y de Orden.

Un titular para vocearlo como en la época republicana, en el espacio público urbano: ¡¡QUIEEEN MATÓ A FREI!! Una pregunta del quincenario, cuya periodista nos va descubriendo en su relato cómo el destino del político queda en manos de médicos de la CNI. Llegan junto a la cama del convaleciente y en la penumbra y quietud nocturna tienen a su disposición el cuerpo (y el destino) del ex Presidente.

Ante la interrogante dramática, colgada a la vista de todos, la respuesta fue de hielo, estremecedora: un silencio abismal. Ni una palabra, ni un gesto, ni una mueca insinuante. La respuesta a Quién mató a Frei en 2006 fue la que sólo puede producir un cementerio. Si pensáramos unos segundos que hubiera sucedido si este mismo titular hubiera amanecido en esos semanarios, hoy desaparecidos, que prendían de los kioscos en 1988, ¿cuál hubiera sido la respuesta?...

Frei fue asesinado, es la convicción de un juez que intenta dar con nombres y apellidos. Certidumbre transmitida por su hija mayor y su hijo mayor, este último también ex Presidente de la República y el abogado de la causa. Pero la muerte de Frei no es asunto de una familia ni de un partido, ni el suyo, que mantiene un silencio irreproducible, ni siquiera de los demócratas chilenos. Es más, a Frei, como a miles de chilenos, los mató el Estado de la época, sus hechores, encubridores, colaboradores (como el propio chofer del ex Presidente) actuaban por órdenes jerárquicas, haciendo uso de medios oficiales y se les cancelaba por estas misiones.

Dar con los nombres y apellidos es tarea ardua, más aún cuando instituciones del Estado, como el Ejército, no colaboran, apelando a lo mismo de siempre: nada tenemos que decir. Los demás: partidos, congresistas, medios de comunicación, líderes de opinión optan por el mutismo. Al ver a esta nueva pléyade de jueces que buscan con afán y en forma prolija nombres y apellidos de quienes se les instruyó matar, saltan a la memoria esas certeras palabras de un ex Presidente “les faltó coraje moral” refiriéndose a la Corte Suprema bajo la dictadura. ¿Qué le falta a este establisment político-mediático-institucional para que no se reste a la búsqueda de la respuesta de Quién mató a Frei?

Pablo Portales, periodista.

La mano de Sebastián Piñera

2006-08-19T19:07:00.000-07:00

Por Pablo Portales

Cuando colgaba la cabeza retratada del ex Presidente Eduardo Frei Montalva en los kioscos de diarios y revistas (Quien mató a Frei: una respuesta que hiela, 10 de agosto 2006) aterrizaba el empresario-político-ciudadano privado Sebastián Piñera de su circuito mundialista.

Colmado de optimismo apareció como en su casa, en el campo deportivo de la Universidad Católica de Santa Rosa de Las Condes. Entonces, contó a periodistas que no sólo se había derrumbado el muro de Berlín que separaba el mundo en Este/Oeste, sino que también se había desplomado el que dividía el mundo en Norte/Sur, el mismo que Frei Montalva buscaba comunicar desde la Comisión Brandt en 1981.

El viajero, exultante, notificaba que el mundo era uno, que las oportunidades estaban ahí, al alcance de la mano, que cualquier país serio y responsable podía llegar a sentarse a una mesa bien dispuesta y, concluía, sólo faltan ganas, deseos, entusiasmo, voluntad para lograr el desarrollo y el bienestar. Así de simple.

Luego, cada periodista lo paseó por las contingencias de la política, de los negocios y de la farándula, hasta que recaló a la pregunta de si estaba disponible a contribuir con iniciativas a despejar los obstáculos que impedían dar con los autores del crimen contra en el ex Presidente de la República, más aún, cuando existía convicción en el juez instructor y en la hija y el hijo mayor, el actual Presidente del Senado, que la vida de Frei Montalva había sido víctima por la acción de terceros provenientes de entidades de la dictadura.

Sin pausa, descartó que el juez hubiera expresado convicciones al no haber dictado sentencia, que la hija mayor se manifestaba con pasión, por lo que le restaba validez y su hijo mayor, por el contrario, si bien se pronunciaba porque habría sido asesinado, lo hacía muy moderadamente. En suma, sólo cabía esperar las resoluciones judiciales.

La respuesta evoca uno de los tics de personeros del pasado cuando se veían enfrentados ante denuncias desde dentro y fuera del país sobre secuestros, torturas, muertes y desapariciones. Todos esos supuestos hechos estaban en manos de los tribunales, y mientras no hubiera pronunciamiento judicial, nada había, decían.

El veneno inoculado al cuerpo de uno de los más reconocidos líderes políticos chilenos del siglo XX no parece corroer la duricia que cubre la piel de sus pares. La justicia con Letelier llegó de la mano de Estados Unidos, con Prats de la mano de Argentina, con Leighton faltó coraje para que llegara de la mano de Italia. Con Frei Montalva ¿llegará de la mano de Chile? Al menos, la mano de Piñera no está disponible, como otras tantas.

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Pablo Portales. Periodista